¿Cuántos caseros han cobrado la ayuda para desahucios suspendidos? Apenas 3.000 en cinco años

Las autonomías han pagado al menos 16 millones de euros a los propietarios de viviendas con desahucios suspendidos en los cinco primeros años del escudo social. La moratoria antidesahucios ha dado lugar al reconocimiento de apenas 2.850 compensaciones a propietarios, a una media de 5.600 euros por vivienda, según los datos recopilados por EL PAÍS de las comunidades autónomas gracias a la ley de transparencia, motivo por el cual el recuento toma como referencia el pasado febrero. El Gobierno y Bildu ...

Las autonomías han pagado al menos 16 millones de euros a los propietarios de viviendas con desahucios suspendidos en los cinco primeros años del escudo social. La moratoria antidesahucios ha dado lugar al reconocimiento de apenas 2.850 compensaciones a propietarios, a una media de 5.600 euros por vivienda, según los datos recopilados por EL PAÍS de las comunidades autónomas gracias a la ley de transparencia, motivo por el cual el recuento toma como referencia el pasado febrero. El Gobierno y Bildu han acordado extender a 2026 una medida que decae el 31 de diciembre, rechazada frontalmente por las asociaciones de caseros afectados, cuestionada por algunos expertos que consideran que desincentiva el alquiler de viviendas, y que las organizaciones sociales solo piden mantener hasta que haya una solución de realojo digna.

La moratoria ha evitado uno de cada cuatro desahucios en España, unos 12.000 al año, según cálculos de las organizaciones sociales que apoyan la prórroga de la medida. Así, solo una fracción de los propietarios afectados se habrían beneficiado, si se tienen en cuenta las pocas solicitudes recibidas y tramitadas por las autonomías. En total, los propietarios han presentado 6.400 solicitudes de compensación entre 2020 y 2025. El 44% fueron aceptadas (esas 2.850), otras 2.650 seguían en trámite (41%) y el resto han sido rechazadas. Los porcentajes pueden variar en la actualidad, ya que desde que se recopilaron los datos las comunidades han seguido gestionando y recibiendo peticiones. Entre las que han ofrecido algún dato posterior, se encuentra por ejemplo Asturias: que este mes ha informado de que ha abonado 655.344 euros, el triple de lo pagado hasta el pasado febrero.

Las cifras destinadas al pago de compensaciones se cargan al Plan Estatal de Vivienda. El de 2022 a 2025, por ejemplo, cuenta con un presupuesto de 2.300 millones de euros. Los pagos a los propietarios van desde unos pocos cientos de euros hasta los más de 80.000 pagados a un particular en Cataluña.

Cataluña es precisamente la comunidad autónoma que más dinero ha desembolsado (seis millones de euros, el triple que la Comunidad de Madrid). Y la que más solicitudes registra, 2.265. De esas, 1.681 aún se encontraban en trámite, 57 no fueron reconocidas y otras 527 fueron aceptadas, por las que se pagó más de seis millones de euros.

El detalle de los datos entregados por la Generalitat permite clasificar las peticiones según si el peticionario es una persona física o jurídica: del total, siete de cada 10 solicitudes de compensación las hicieron empresas (1.592). Más de la mitad de estas peticiones (866) se presentaron ante la Administración catalana entre el pasado enero y el 10 de febrero: en esos días la prórroga del escudo social se tambaleó al depender de la aprobación del decreto ómnibus. De entre las grandes propietarias, pendientes de presentar toda la documentación de una vez, destacan las sociedades Coral Homes (381 compensaciones presentadas), Divarian Propiedad (337) o Gramina Homes (287).

En las otras tres autonomías en las que EL PAÍS ha obtenido datos desglosados de los peticionarios actualizados a febrero de 2025, sin embargo, las personas físicas son mayoría: Canarias (116 peticiones de personas físicas, por 89 de jurídicas), Cantabria (89 a 16) y Asturias (110 a 21).

Uno de los afectados a los que la administración sufraga el alquiler de su inquilino vulnerable es José Manuel Rubio, de 51 años. Arrendó un piso de tres habitaciones en el barrio San José de Zaragoza en 2019 a una familia de refugiados sirios con tres hijos por 650 euros, cuenta por teléfono. Su inquilino pagó el alquiler un año, y tras varios meses de reuniones, explica Rubio, presentó una demanda de desahucio por impago, respondida por los arrendatarios con un informe de vulnerabilidad del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. El inquilino no ha contestado a las comunicaciones de EL PAÍS. El juez suspendió el desahucio, Rubio pidió a la comunidad autónoma la compensación como propietario, y desde 2021 cobra “algo menos” de los 650 euros del contrato original. Sabe que en los portales inmobiliarios no se encuentra nada semejante en esa zona por ese precio y se queja de que la cantidad ha ido menguando con el tiempo, y de que la cobra con retraso. “Es el piso donde nos hemos criado, es desolador. Que se les dé cobertura, pero es que las compensaciones son un parche. Yo lo que quiero es recuperar mi piso”, se lamenta este casero, implicado en la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

En el otro extremo se encuentra Ivan Giesen, un autónomo que lleva 26 años viviendo en un piso en Poblenou, Barcelona, por el que pagaba 730 euros. Su casero es una empresa, propietaria del edificio en el que reside y que decidió finalizar el contrato. El pasado enero, el juzgado suspendió su desahucio ante el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. Cuenta por teléfono que pagó el alquiler hasta febrero, y desde entonces consigna un tercio de su sueldo en el juzgado. La prórroga le afecta directamente, aunque su casero no haya pedido la compensación. “Si cayese la moratoria, no creo que pueda encontrar nada con mis ingresos en Barcelona. Se reactivaría el proceso y se establecería una nueva fecha de lanzamiento. La situación es muy estresante, te pasas el día pensando en qué pasará”, se lamenta Giesen, quien pertenece en el Sindicato de inquilinos de Barcelona.

Gemma Caballé, subdirectora de la cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, cuestiona la prórroga de una moratoria que supone una “intervención excesiva a cargo de los propietarios”. “Si lo que se busca es más viviendas en alquiler, estas medidas son contraproducentes. Los propietarios acaban pensándoselo dos veces antes de alquilarlas”, explica Caballé. Los expertos de la cátedra defienden políticas estructurales que “inviten a sacar casas al mercado con rentabilidades razonables y la seguridad de recuperar la vivienda en caso de impago” en lugar de “externalizar la responsabilidad” de atender a los vulnerables.

El Observatori Desca, un centro de defensa de los derechos humanos de Barcelona, aboga porque la medida “se prorrogue por el tiempo suficiente” hasta que se pueda “asegurar el realojo de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes”, según explica Guillem Domingo, técnico de vivienda de la organización. Las autoridades están obligadas a ofrecer una “vivienda digna”, según expone el decreto de la moratoria. El problema es que los servicios sociales no cuentan con viviendas para esas personas cuya vulnerabilidad ha sido reconocida judicialmente. A los vulnerables con el desahucio suspendido solo se le ofrecen viviendas sociales en el 3% de los casos, y en otro 2% se consiguen medidas de alojamiento alternativo temporal, según los datos recopilados por el centro en un informe que publicó en 2024. Para el resto, la solución pasa por que las autonomías paguen a los dueños que pidan la compensación, que se corresponden con el valor medio de un alquiler de vivienda en la zona del inmueble según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Suele ser menor al precio de mercado actual.

Las asociaciones de afectados rechazan cualquier tipo de prórroga de la medida. Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, sostiene que en los primeros meses de la pandemia el real decreto “tuvo sentido”, pero que cinco años después ya debería existir una “estructura de apoyo”· para las familias vulnerables. “Los servicios sociales solo firman un informe de vulnerabilidad y no les dan ayuda. Queremos que la responsabilidad recaiga en esos servicios sociales”, explica en conversación telefónica. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), que agrupa a algunos de los mayores caseros de España como el fondo Blackstone con pequeños arrendadores, asegura que prorrogar la moratoria supone “profundizar en la inseguridad jurídica, erosionar el derecho de propiedad y frenar aún más la oferta de viviendas en alquiler”, según un comunicado de prensa publicado en diciembre.

Consciente de la problemática, el Gobierno anunció de nuevo el pasado 9 de diciembre un aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquiler asequible a menores de 35 años o familias vulnerables.

Sin datos sobre cuánta gente se acoge a la moratoria

Lo cierto es que no existen datos oficiales “sobre cuánta gente se encuentra acogida a la moratoria”, explica un portavoz del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que apunta que el organismo lleva “varios meses trabajando” junto con Justicia y con Vivienda para conseguir que los juzgados “recojan esos datos”. El Gobierno no sabe con precisión a cuánta gente afecta la moratoria.

En España hay cerca de tres millones de viviendas en régimen de alquiler, según el último censo de hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Se dictan de media 12.000 sentencias estimatorias por falta de pago de la renta del inquilino, con una tendencia a la baja, de 14.500 en 2021 a 10.150 en 2024. Las asociaciones de afectados esgrimen que esta estadística no es representativa porque excluye desahucios suspendidos por vulnerabilidad antes de que se dicte sentencia, y todos los demás supuestos en que no hay demanda judicial. Las que se resuelven extrajudicialmente se desconocen, pero entre 2021 y principios de 2025 solo se han gestionado esas 6.400 peticiones de propietarios que buscan un resarcimiento económico en las autoridades.

La propia moratoria que ahora se encuentra en el limbo, atacada por las asociaciones de afectados por “fomentar la ocupación y la inquiocupación” es muy restrictiva en lo que respecta a amparar los casos de ocupación, porque se tienen que dar varias circunstancias: que la persona haya entrado sin contrato en una casa, que debe ser de un gran tenedor, que haya sido después de 2020, y que además sea dependiente o tenga menores a su cargo. Son tantos los condicionantes de la norma que de ahí se deriva probablemente que la moratoria en la actualidad se aplique más a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler por una circunstancia sobrevenida que a ocupaciones de viviendas de pequeños propietarios.

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