Juan Orlando Hernández: el expresidente de Honduras que flirteó con el narco

Juan Orlando Hernández (Gracias, Honduras, 58 años) abandonó el lunes la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, donde cumplía una pena de 45 años. Hernández, que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022,...

Juan Orlando Hernández (Gracias, Honduras, 58 años) abandonó el lunes la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental, donde cumplía una pena de 45 años. Hernández, que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado por sus vínculos con el narcotráfico. Y abandona la cárcel gracias a un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha tratado de influir en las elecciones presidenciales del pasado domingo, ofreciendo su apoyo al candidato conservador Nasry Tito Asfura, del mismo partido que Hernández.

Este abogado y notario fue condenado en junio de 2024 por el juez Kevin Castel del Tribunal Federal de Distrito en Nueva York por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos. JOH, como se conoce al expolítico hondureño por las siglas de su nombre, había sido declarado culpable por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y poseer “dispositivos destructivos”, incluidas ametralladoras dignas de un ejército. Las pruebas eran tan evidentes que el juicio solo duró dos semanas, según los magistrados. Se le acusó también de estar en posesión de un arsenal de ametralladoras y otras armas de fuego, incluyendo fusiles AK-47, AR-15 y lanzagranadas, que ya quisiera para sí un ejército.

El proceso contra JOH fue muy polémico en Honduras, pero también en Washington. Durante los años que estuvo en el poder, Hernández había sido un fiel aliado de La Casa Blanca. Aparentemente, había colaborado en la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad se aprovechaba de su influencia en el país centroamericano para que la policía, el ejército y los jueces miraran para otro lado mientras él hacía negocios con los narcos. Durante su mandato, Honduras recibió más de 50 millones de dólares de parte de la Administración estadounidense para luchar contra el narcotráfico. La Casa Blanca también autorizó decenas de millones de dólares para ayuda militar y seguridad en Honduras. Tras las acusaciones, el Departamento de Justicia empezó a considerar al país bañado por las aguas del Mar Caribe como un narcoestado.

El indulto de Trump se produce pese a las múltiples señales que relacionan a JOH con el narco. Su hermano Juan Antonio, con el que mantenía una estrecha relación, fue condenado hace cuatro años por el mismo tribunal de Nueva York por sus vínculos con los cárteles de la droga hondureños. Cuando aún estaba en el poder, la fiscalía de Manhattan llegó a acusar a Juan Orlando Hernández de recibir un millón de dólares del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

Más allá de la pista del dinero, los fiscales recabaron testimonios de otros narcotraficantes del cartel local Los Cachiros que revelaban las actividades de JOH como pieza fundamental del engranaje del narco. Los documentos judiciales en los que se basó la sentencia condenatoria señalan: Hernández “estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”. En aquel juicio, en el que JOH siempre defendió su inocencia, la fiscalía sostuvo que “abusó de sus poderosos cargos y de su autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”. Y prosigue: “Los co-conspiradores de Hernández estaban armados con ametralladoras y artefactos destructivos, los cuales utilizaban para proteger sus enormes cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras rumbo a Estados Unidos, proteger el dinero obtenido por la eventual venta de esta cocaína y resguardar su territorio de narcotráfico contra rivales”.

La detención de Juan Orlando Hernández fue de película. Solo pudo disfrutar de 18 días como expresidente de Honduras en libertad. Tras la entrega del cargo a la presidenta Xiomara Castro a finales de enero de 2022, el político fue arrestado en su casa y comenzó el proceso de extradición. Los fiscales estadounidenses resumieron el caso como “narcotráfico patrocinado por el Estado” debido a que Hernández formaba parte de “una violenta conspiración de narcotráfico” que traficaba unos 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. Un duro golpe para un hombre que se autodefinía como aliado incondicional de Estados Unidos.

Hernández asumió la presidencia de Honduras en 2014. Su Gobierno afirmaba que mantenía una relación estrecha con Washington en la lucha contra el narcotráfico, por lo que recibían cooperación y apoyo para combatir drogas y la migración. El mandatario se jactaba de ejercer una política de mano dura contra el crimen, pronto se vio empañada por denuncias cada vez más persistentes. Así lo afirmó en la carta que escribió a Trump en la que pedía su indulto. “Documentos clasificados y no clasificados en poder de múltiples agencias estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado, el Comando Sur, la DEA, la CIA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional, dan fe de la cooperación sin precedentes que mantuve con su Administración en el desmantelamiento de cárteles, la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y la lucha contra el crimen organizado”, dijo.

Hernández culpa en la misiva a los fiscales que lo acusaron de no tomar en cuenta esas pruebas. “Eran plenamente conscientes de esto y del contexto exculpatorio que rodeaba mi caso, pero procedieron, ignorando la verdad y la justicia. Esto ocurrió a pesar de haber sido elogiado por las medidas sin precedentes, los resultados históricos y la constante cooperación con las agencias estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, escribe. Los fiscales estadounidenses, sin embargo, sostuvieron que el entonces mandatario y su entorno habían utilizado las estructuras del Estado —policía, ejército e instituciones públicas— para favorecer redes de tráfico de drogas. El Departamento de Justicia lo acusó de “conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego. “Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado donde se permitía a narcotraficantes violentos operar con virtual impunidad, y el pueblo de Honduras y Estados Unidos se veía obligado a sufrir las consecuencias”, declaró el fiscal general Merrick B. Garland. “El Departamento de Justicia está desmantelando todo el ecosistema de redes de narcotráfico que perjudican al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar”.

Los críticos de Hernández denunciaron durante su mandato manipulación electoral, compra de favores de funcionarios públicos y corrupción sistemática y aseguraban que parte del poder de su gobierno descansaba en pactos con narcotraficantes. A pesar de que la Constitución hondureña prohibía de manera absoluta un segundo mandato, Hernández logró retorcer la norma para imponerse en las elecciones de 2017. Un intento similar de Manuel Zelaya para contravenir esa prohibición constitucional provocó un golpe de Estado, tras el cual fue destituido en 2009.

Hernández, sin embargo, logró en abril de 2015 que la Sala Constitucional de una Corte Suprema afín al gobierno declarara inaplicable el artículo que prohibía la reelección, argumentando que violaba derechos humanos del presidente y otros funcionarios. Esa interpretación favorable le habilitó para competir en las elecciones sin necesidad de reformas constitucionales.

Las elecciones realizadas en noviembre de 2017 se desarrollaron en un clima de polarización y mucha incertidumbre durante el conteo preliminar de votos, que en un inicio daba una ventaja al opositor Salvador Nasralla, quien ha competido de nuevo en el actual proceso electoral celebrado el pasado domingo.

Lo más llamativo de aquellos comicios, es que el sistema de transmisión de resultados se cayó durante más de 24 horas y cuando volvió a funcionar, Hernández casualmente comenzó a remontar hasta que apareció como ganador.

La misión de observación de la OEA afirmó que el proceso estaba tan lleno de irregularidades que no podían garantizar un resultado confiable y recomendó nuevas elecciones. Las autoridades electorales, sin embargo, ratificaron el triunfo de Hernández.

Ese segundo mandato se vio plagado de denuncias de vínculos de su Gobierno con redes de crimen organizado, lo que incluía a su hermano, Tony Hernández. Este fue sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2021 por un juez de Nueva York tras ser hallado culpable por jurado popular. Se le imputaron cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionados con narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. En Honduras, mientras tanto, aumentaban el descontento de la gente por los escándalos de corrupción durante su mandato.

Uno de los más sonados fue el caso IHSS de Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco de más de 200 millones de dólares. Investigaciones periodísticas revelaron que parte de ese dinero sirvió para financiar a la campaña electoral del Partido Nacional, del que forma parte Hernández.

Además, la llamada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada junto a la OEA, descubrió que fondos públicos destinados a proyectos sociales fueron desviados a una ONG fantasma controlada por congresistas, varios del Partido Nacional y más de diez millones de dólares de la Secretaría de Agricultura fueron desviados a campañas políticas del Partido Nacional. Pero lo que más pesa entre los hondureños es el uso irregular de fondos durante la pandemia de covid-19, que incluye compras de hospitales móviles con sobreprecios, lo que le costó al Estado más de 48 millones de dólares, o insumos médicos defectuosos o que nunca llegaron.

El Gobierno de Hernández pasó de esta manera a venderse como paladín de la lucha contra el crimen, para soportar una serie de manifestaciones que exigían el fin de su mandato por corrupción. Su condena en Estados Unidos fue celebrada como un acto de justicia, pero el indulto abre una enorme incógnita sobre cómo será recibido en una Honduras que se muestra hastiada de una clase política profundamente corrupta.