Hacienda da el primer paso para que las plataformas como Airbnb y Uber recauden el IVA
El ministerio saca a audiencia pública los primeros cambios normativos de la directiva europea para adaptar el impuesto a la economía digital
Hacienda ha dado esta semana el primer paso para que las plataformas de alquiler turístico y de transporte de viajeros empiecen a ...
Hacienda ha dado esta semana el primer paso para que las plataformas de alquiler turístico y de transporte de viajeros empiecen a recaudar el IVA en nombre de los usuarios que ofrecen estos servicios. El Ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, colgó este lunes en el portal de audiencia pública el anteproyecto con el que España empezará a adaptar parte de su normativa a los cambios que marca la Unión Europea. Estos, que incluyen varias reformas, afectan directamente a plataformas como Airbnb en los alojamientos y Uber o Cabify en los desplazamientos urbanos.
El objetivo es que estas empresas empiecen a actuar como si fueran el proveedor del servicio a efectos del impuesto sobre el valor añadido. Es decir, ya no se limitarán a poner en contacto a viajeros y anfitriones o conductores, sino que tendrán que cobrar el impuesto e ingresarlo directamente en Hacienda. El cambio pretende resolver un problema que lleva años generando tensiones. Muchos particulares que ofrecían pisos turísticos o servicios de transporte quedaban en una zona gris, con obligaciones fiscales difíciles de supervisar y una competencia desigual con hoteles y taxis, que sí deben aplicar el IVA desde el primer momento.
El calendario previsto marca que la obligación entrará en vigor en enero de 2028, lo que en principio daría margen suficiente a los países para desarrollar la normativa y a las empresas para adaptar sus sistemas. Se trata de un horizonte que la propia Unión Europea ha pautado para lograr que todos los Estados miembros lleguen a la meta al mismo tiempo y que ninguno quede descolgado.
Todos los cambios previstos afectan a las normas del IVA en la era digital y se enmarcan en una iniciativa europea conocida a nivel comunitario por su acrónimo en inglés: Directiva ViDA (VAT in the Digital Age, IVA en la era digital), que implica la adaptación del impuesto a la economía del siglo XXI.
“Dados los buenos resultados obtenidos en la gestión y recaudación del IVA a través de las interfaces digitales que facilitan las operaciones de comercio electrónico”, explica Hacienda en el documento, “se amplía el ámbito de aplicación del denominado proveedor asimilado, que ya se aplica a las plataformas de comercio electrónico en determinados supuestos, a dos sectores en donde se han detectado distorsiones en la competencia como son la prestación de servicios de alquiler de alojamientos de corta duración o el de transporte de pasajeros”, añade.
La fórmula elegida es dar a las plataformas un papel mucho más activo en la recaudación, elevando su estatus hasta el de proveedores asimilados, es decir, una especie de entidades colaboradoras con la Agencia Tributaria. Es algo que ya tienen, por ejemplo, muchas entidades financieras. Para el usuario que alquila su piso y para la flota que pone al servicio sus coches, el cambio implica que la plataforma se encargará de calcular y aplicar el impuesto. El cliente, por su parte, tendrá incluido el IVA directamente en la factura final.
Este nuevo rol de las empresas está ligado a la estrategia europea de lucha contra el fraude en la economía digital. La idea es que, si la plataforma interviene en toda la operación, controla los pagos y se hace responsable de enviar el IVA, el control será más eficaz que si se depende de miles de pequeños oferentes, muchos de los cuales actúan solo de manera ocasional o no tienen conocimientos fiscales. Así, se pretende achicar una vía de evasión que, según Bruselas, ha sido especialmente relevante en sectores como el turismo de corta estancia y el transporte urbano a demanda.
La normativa también plantea cambios para modernizar la forma en que se comparte información entre empresas y administraciones, impulsar la facturación digital y facilitar el trabajo de las compañías que operan en varios países. Son medidas que persiguen un IVA más ágil y uniforme dentro del mercado europeo y que pretenden reducir el papeleo y mejorar el control tributario. La trasposición de la directiva se realizará en diferentes fases, siendo las más importantes aquellas que entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. Otras modificaciones menores, que irán abriendo camino para las más importantes, serán de aplicación desde el 1 de enero de 2027. El ministerio habilitará desde este martes la presentación de observaciones, que terminará el próximo 23 de diciembre.