Gobierno y sindicatos intensifican la negociación para cerrar un pacto salarial para los empleados públicos

El Ministerio de Función Pública ya dijo su última palabra este jueves: el Gobierno está dispuesto a subir los salarios de los funcionarios un 11% acumulado entre los años 2025 y 2028, ni un euro más. Acto seguido emplazó a los sindicatos —CC OO, UGT y CSIF— a decir este próximo lunes si aceptan o no la oferta. A solo dos días de esta reunión, las centrales se muestran divididas entre sí, pero fuentes de la negociación aseguran que desde este viernes se han intensificado los contactos, que pueden incluir el fin de semana, para intentar acelerar un acuerdo. En el momento en el que se vislumbre el pacto, Función Pública convocará la Mesa General de las Administraciones Públicas, incluso si este se produce antes del lunes, añaden estas fuentes.

Hasta el momento se han celebrado solo dos reuniones para abordar la cuestión salarial de más de 3,5 millones de empleados públicos, los pasados miércoles y jueves de esta semana, pero el departamento que dirige Óscar López ya tiene claro el margen que le ha dado el Ministerio de Hacienda para hacer mejoras salariales a estos trabajadores y está dispuesto a cerrar ya la negociación.

Pero más allá de si este fin de semana se despeja o no la posibilidad de que las partes lleguen a un pacto, ya es seguro que el próximo lunes se va a visualizar un acuerdo, al menos con el sindicato UGT, cuya federación de Servicios Públicos dio a última hora del jueves su visto bueno a la oferta gubernamental en su conjunto, tanto a las cuestiones salariales como al resto de materias relacionadas con el empleo público. Entre estas últimas, la central destaca la eliminación de la tasa de reposición para aumentar la oferta de empleo, los planes de formación en digitalización o los complementos por insularidad.

Al sindicato CC OO le está costando más llegar a un acuerdo, ya que en la decisión final están implicadas tres federaciones distintas (Área Pública, Sanidad y Enseñanza) con sus respectivos órganos de dirección e intereses de los colectivos a los que representan. De hecho, este viernes, ya se reunió el consejo federal del Área Pública pero no ha trascendido su decisión, a la espera de lo que hablen las otras dos federaciones. En principio, desde el Área Pública vieron con mejores ojos la propuesta del jueves (mejorada respecto a la del miércoles en 2.000 millones de euros, pasando de una subida acumulada del 10% al 11%), después de que calificaran como “un insulto” la primera oferta.

Además, CC OO hace hincapié en cerrar el resto de temas relacionados con el empleo y la carrera profesional que se incluirán también en el pacto —y que fuentes conocedoras de las conversaciones que se están manteniendo sostienen que están prácticamente acordadas con los tres sindicatos—. Esta central también ha indicado que, para respaldar un acuerdo, considera “imprescindible” que el Ejecutivo se comprometa a cumplir cuestiones que ya estaban en el anterior acuerdo marco (2022-2024) que no se han aplicado, como la recuperación de la jubilación parcial y la implantación total de la jornada de 35 horas, entre otras cuestiones.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF es, en estos momentos, el que más claramente se ha mostrado reticente a secundar la oferta del Ejecutivo. Ha llegado a asegurar que si el Gobierno mantiene su intención de que la subida máxima acumulada en 2025 y 2026 sea del 4%, no solo no firmará el acuerdo sino que retomará las movilizaciones iniciadas a principios de mes y que incluían una amenaza de huelga en diciembre. No obstante, en esta central ven margen para llegar a un acuerdo y aseguran que presionarán hasta el último minuto. Sobre todo, para conseguir fondos adicionales para mitigar las desigualdades salariales entre las distintas administraciones y la recuperación íntegra de las pagas extras recortadas en 2010, entre otras cuestiones.

Dado que la oferta de subida salarial está ya cerrada por parte del ministerio (11% en cuatro años), la principal cuestión que está en liza es la distribución de este porcentaje entre los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028. También parece inamovible por parte del Gobierno el citado límite del 4% para los incrementos en conjunto de los dos primeros años del acuerdo. Así, queda por saber cómo se distribuirá el 7% restante entre los dos últimos años y si la subida será fija o alguna parte estará sujeta al cumplimiento de alguna variable como el IPC o el PIB. De momento, solo se sabe que la luz verde dada por UGT al acuerdo barajaba que en 2027 se aplique un aumento del 5% de carácter fijo, que no dependa de ninguna variable.