Acciona amplía su investigación interna para determinar el alcance de la ‘trama del 2%’ en sus filas
El grupo se ha apoyado en una consultora externa para examinar sus sistemas de control y busca conocer si hay directivos y empleados que los han esquivado en contratos millonarios
En el grupo Acciona, situado en el epicentro del escándalo por el supuesto pago de mordidas a altos cargos del PSOE a cambio de obras públicas, cunde ya la sospecha de que puede haber varios garbanzos negros en sus filas. La empresa ha pasado de ...
En el grupo Acciona, situado en el epicentro del escándalo por el supuesto pago de mordidas a altos cargos del PSOE a cambio de obras públicas, cunde ya la sospecha de que puede haber varios garbanzos negros en sus filas. La empresa ha pasado de despedir a un alto directivo como era el responsable del negocio de Construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, por falta de celo en la vigilancia de un socio constructor como fue Servinabar 2000, a buscar si hay gente implicada en el caso Cerdán, que deriva ya en trama del 2%. Se indaga ahora con mayor detalle si se eludieron, y de qué modo, los controles y sistemas de cumplimiento internos en la contratación de proyectos que han sido objeto de investigación por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Las pruebas que acompañan al informe policial entregado la semana pasada al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, y que motivó el registro de varias sedes de Acciona, así como la imputación de Pelegrini y otros dos empleados de la constructora (Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel), han hecho que se amplíe el foco de pesquisas internas que arrancaron el pasado mes de junio a raíz de un primer golpe de la UCO. A lo largo de medio millar de páginas ya se hablaba de pagos bajo cuerda al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al que fue su asistente más directo, Koldo García, con la intermediación del dirigente socialista navarro Santos Cerdán. Se apuntaba al reparto de 620.000 euros por parte de Acciona y abonos sin efectuar por otros 450.000 a cambio de contratos por 500 millones. Se persiguió a Servinabar y también a las pequeñas constructoras OPR y LIC.
Acciona, según ha podido saber este periódico, tiene contratado apoyo externo en busca de determinar la extensión del posible tumor en la corporación. Hasta el momento, el trabajo se ha centrado en conocer hasta el último resquicio de la relación con Servinabar 2000, participada por Santos Cerdán, según consta en un contrato privado encontrado por la Guardia Civil en manos del administrador único de la constructora navarra, Antxon Alonso. Acciona reconoce pagos a Servinabar, pero “soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y que se corresponden con los servicios contratados, sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”. También dice no tener posibilidad de rastrear el destino del dinero una vez que cayó en manos del que fue socio durante diez años, entre 2015 y 2025.
La evidencia gráfica aportada por la UCO sobre reuniones entre Justo Vicente Pelegrini y el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, hace sospechar ahora que la selección de Servinabar no respondió a un descuido del directivo a la hora de elegir acompañante para obras millonarias como la duplicación del túnel navarro de Belate. La Guardia Civil concluye que los pagos de Acciona a la navarra correspondían al 2% sobre los presupuestos de los proyectos ganados, lo que terminaba en entregas al propio Cerdán, Ábalos y García.
Las fuentes consultadas creen que la extensión del análisis puertas adentro, en busca de acotar posibles responsabilidades, llevará aún “unas semanas”. Las conclusiones que empezaban a salir ya hablaban de un sistema de cumplimiento normativo contra la corrupción “al nivel de los estándares internacionales más exigentes”, explican fuentes internas. Todo apunta a que se abundará en la teoría de las manzanas podridas, acotando cualquier responsabilidad aguas arriba.
Separación forzada
La UCO está solicitando al juez Puente la incorporación del contrato del desdoblamiento del túnel de Belate a la causa de las presuntas mordidas. Por la adjudicación al tándem Acciona-Servinabar y a la vista de posibles irregularidades en la mesa de contratación, entre ellas la de la escasa justificación de las puntuaciones técnicas.
La obra que mejora las prestaciones de la carretera N-121 A, entre las inmediaciones de Pamplona (Navarra) y la frontera francesa, fue presupuestada en 76 millones (IVA incluido) y confiada en enero de 2024 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona (55%), Excavaciones Fermín Osés (35%) y Servinabar 2000 (10%). La publicación del primer informe de la UCO que dio pie al caso Cerdán, el pasado 5 de junio, provocó la ruptura de relaciones de Acciona con Servinabar, lo que ha terminado alcanzado a la UTE de Belate.
Acciona y Fermín Osés han tenido que esperar unos meses para que la ejecución de la infraestructura alcanzara un 20% de avance, tal y como requiere la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 69) para la modificación de un consorcio adjudicatario. Una vez superado ese hito constructivo (la obra se encuentra al 36%), los dos primeros accionistas pidieron permiso al Gobierno navarro para sacar al tercer integrante, dispensa que fue concedida semanas atrás. La resolución unilateral no ha conllevado compensación alguna, explican fuentes al tanto de la situación, arrebatándose a Servinabar sus labores en la gestión de la obra y los derechos económicos. El socio mayoritario ha subido al 65%.
El de Belate era el gran proyecto en que Acciona y Sevinabar mantenían su vieja alianza, pero no figura hasta ahora en las pesquisas policiales. El foco ha estado sobre cinco obras de Adif y de la Dirección General de Carreteras, presupuestadas en un total de 500 millones. Entre ellas, el sevillano Puente del Centenario (103 millones), la ejecución de la plataforma del Corredor Meditarráneo en el tramo Pulpí-Vera (121 millones) y la integración ferroviaria en la barcelonesa Sant Feliú de Llobregat (más de 51 millones).
La UCO fechó la creación de la supuesta trama corrupta en 2015, cuando Santos Cerdán y Antxon Alonso llevaban unos tres años de amistad. En este punto salió el primer directivo de Acciona presuntamente implicado, el jefe de Acciona Construcción para Navarra y La Rioja, que entonces era Fernando Merino. La UCO, y posteriormente la propia Acciona, situaron a este cargo intermedio como introductor de Servinabar en el ecosistema de 30.000 socios y proveedores de Acciona. El director de construcción en Navarra fue despedido en abril de 2021, según la versión de la empresa, por la pérdida de confianza de sus superiores.
La actuación en el túnel de Belate, que se irá al menos hasta finales de 2028, urgía tras el incumplimiento del plazo ofrecido por el Parlamento Europeo (mayo de 2019) para reforzar la seguridad de los túneles de la red transeuropea de carreteras. Con el Gobierno Navarro en falta, el Ministerio de Transportes apoyó el proyecto (también la remodelación del túnel de Almandoz) con una subvención de 40 millones, en octubre de 2024, que pasó los filtros del Ministerio de Hacienda.