El Supremo anula una oferta de empleo público por no respetar las plazas de promoción interna

El Tribunal Supremo ha anulado la distribución de las plazas de una oferta de empleo público en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias al entender que ...

El Tribunal Supremo ha anulado la distribución de las plazas de una oferta de empleo público en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias al entender que no respetó la reserva del 60% de las plazas para promoción interna que recoge la normativa de este sector de la administración. Así, el Alto Tribunal ha aceptado un recurso contencioso-administrativo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en contra de la citada oferta de empleo, correspondiente a 2024, y que incluía 118 plazas de las cuales 73 eran para el turno libre (de nuevo ingreso) y solo 45 para promoción interna.

Para CSIF, el peso de los puestos para que funcionarios con plaza ascendieran de categoría (el 38%) incumplía la normativa específica para las ofertas de empleo en Instituciones Penitenciarias, que se rige por una normativa de 1977 y, por sus características, prevé que este tipo de puestos representen el citado 60% de la oferta total. El abogado del Estado argumentó que dicha normativa era preconstitucional e iba en contra de las leyes posteriores que regulan estas ofertas y que en términos generales exigen solo un mínimo del 30%. Sin embargo, el Supremo “no aprecia (que ley específica de Instituciones Penitenciarias de 1977) sea incompatible con el texto constitucional, ni desde luego con la legislación de empleo público posterior, que en ningún momento ha modificado dicho porcentaje”.

Dicho esto, y más allá de la anulación de la oferta de empleo impugnada, desde el CSIF explican que “valoran el razonamiento que realiza el Tribunal Supremo sobre la promoción interna como sistema de ascenso a cuerpos de titulación superior con funciones homogéneas”. En concreto, el Alto Tribunal constata que en la regulación de estas ofertas “existe una amplia libertad de configuración del legislador para determinar la estructura y organización de los cuerpos y escalas funcionariales, así como los sistemas selectivos de acceso”.

Pero, en contra de lo argumentado por la Abogacía General en este caso, el principio de libre concurrencia a la función pública (esto es la igualdad en el acceso en idénticas condiciones para todos los aspirantes) “se ve modulado por otros principios como el de promoción profesional o el de discriminación positiva, que pueden dar lugar a normas sectoriales específicas”, como es el caso de Instituciones Penitenciarias. Esto quiere decir que, en aras a un refuerzo en las carreras profesionales de los funcionarios que ascienden, o debido al “principio de eficacia desde la perspectiva de la gestión eficiente de los recursos humanos”, es legítimo aumentar el peso de la oferta de promoción interna hasta el 60%.

La nulidad de la distribución de estas plazas llega después de que esta oferta ya fuera suspendida por un auto del 13 de noviembre de 2024, como una medida cautelar, por lo que la declaración de nulidad determina implícitamente que la distribución de las plazas correspondientes a la oferta de 2024 deba realizarse con respeto al porcentaje establecido legalmente.

Precisamente, CSIF recuerda que negocia estos días con el Ministerio de Función Pública diferentes aspectos para la mejora de las condiciones en el empleo, y en concreto, las cuestiones relacionadas con aumentar la promoción interna para propiciar las carreras profesionales dentro de la Administración Pública. Según los términos de lo negociado esta misma semana por CSIF y las federaciones de la función pública de los sindicatos CC OO y UGT, de cara a firmar un acuerdo plurianual salarial y de empleo, los negociadores se plantean la posibilidad de establecer itinerarios de carreras más ágiles, con formación homologada y que facilite la promoción interna y la retención del talento en las administraciones. Para ello, pretenden que se lleven a cabo planes de recursos humanos que determinen las necesidades de personal y su redistribución, para lo que impulsarán procesos exclusivos y diferenciados de promoción interna.