Nucleares, ¿sí, gracias?

El grupo de presión pronuclear viene apretando el acelerador. A recuelo y apoyado por la supernuclearizada Francia logró un éxito: incorporar esta fuente al catálogo de “energías limpias” de la Unión Europea, basándose en que no lanza emisiones contaminantes, las que calientan el globo.

Mientras, el activismo ecologista y los favorables a las energías renovables ―originadas en fuentes naturales que se reponen más rápido de lo que pueden consumirse― viven una paradoja. De un lado, se imponen a las energías fósiles, sobre todo en producción de electricidad; de otro, no logran vencer a la inclinación hacia una limpieza (sui géneris) con la apelación al riesgo de catástrofe. Recordemos: Three Mile Island en EEUU (1979), y los estallidos de Chernóbil (URSS, 1986) y Fukushima (Japón, 2011).

España ejemplifica esa contradicción. La electricidad fabricada con renovables modernas alcanzó el 47% del total en 2024 (y otro 12% con hidroeléctrica); contra un 21% la nuclear; un 12% los ciclos con gas; un 1% el carbón y un 7% la cogeneración y residuos (El sector eléctrico español en números, 2024, Fundación Naturgy).

Discutimos de las cinco centrales españolas (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellos), de si debería prorrogarse su vida más allá de su cierre previsto entre 2027 (Almaraz) y 2035 (el resto), sin computar ese riesgo: solo se hará si se produjese algún (improbable pero posible) incidente.

Aparcada esa inquietud como si fuera inerte, la discusión es más pragmática, y menos elevada. El Gobierno impuso tres condiciones a toda ampliación de su vida útil: ningún sobrecoste al contribuyente; seguridad; garantía de suministro. Las eléctricas propietarias han solicitado ampliar Almaraz por tres años.

Ello responde a una lógica económico-empresarial: está ya amortizada, así que todos sus resultados se convertirían en beneficio repartible… salvo los destinados a modernizar la planta, según la pauta del Consejo de Seguridad Nuclear. Y un argumento sobre suministro: difícilmente su cuota del 21% pueden reemplazarla las demás con igual eficacia (las renovables apenas se almacenan). Atención, la economía podría sufrir.

Pero escasa relevancia tiene su (ahora congelada) petición de rebaja fiscal. De los 7.592 millones de impuestos estatales aportados por el sistema eléctrico (2023), solo una novena parte, 795 millones, corresponde a figuras impositivas específicas a la nuclear (siendo su aportación superior al doble, el 22% ese año, según “La Fiscalidad del sector de la energía eléctrica”, Fundación Naturgy). En un sector boyante, las tres grandes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, acaban de confirmar su previsión de cierre de beneficios para 2025: 10.600 millones de euros.

En el lado contrario figuran otras cuitas. Que el coste de lo nuclear (64 euros el Mw/h) es inferior al fósil, sí, pero casi el doble del solar (Lazard). Que la prórroga de Almaraz siente precedente automático para todas, sin evaluar las diferencias. Y que impulse una renuclearización que absorba recursos de la prioridad renovable y su investigación (en almacenamiento). Todo eso y más, también lo “ideológico” (riesgos e insuficiencias de unas y otras) debería formar parte de una nueva discusión serena y detallista.