Los Gobiernos europeos pierden el miedo a subir el salario mínimo con incrementos de dos dígitos en cinco años

Los tabús que durante mucho tiempo han rodeado la evolución del salario mínimo en Europa han empezado a caer. El miedo de los Gobiernos a subidas significativas en ese suelo legal para las retribuciones, que llevaba a los dirigentes a pensárs...

Los tabús que durante mucho tiempo han rodeado la evolución del salario mínimo en Europa han empezado a caer. El miedo de los Gobiernos a subidas significativas en ese suelo legal para las retribuciones, que llevaba a los dirigentes a pensárselo dos veces antes de aplicarlas, parece ahora una reliquia del pasado. La señal más reciente proviene de Alemania, gobernada por una alianza entre democristianos y socialdemócratas, que acaba de decretar el mayor incremento aplicado nunca a esta renta. Con una inflación controlada, que mantiene en torno al 2%, y en medio de una crisis estructural de su economía, el Ejecutivo de coalición ha anunciado un incremento gradual cercano al 14% en algo más de un año.

El paso que da el Ejecutivo del canciller Friedrich Merz supondrá un aumento del salario mínimo alemán de casi un 50% en lo que va de década. Si esto se cumple, ni siquiera será la mayor alza de la UE: en Polonia, un país con una negociación colectiva y unos sindicatos débiles, el aumento desde 2020 se acercará al 80%; en Hungría, al 50%; en Países Bajos y Portugal superará el 30%. Son países que ya tienen sueldos mínimos bastante altos, como Francia (16%) y Luxemburgo (22%), los que acumulan menores subidas en estos cinco años que van de la tercera década del siglo XXI. No están en la estadística Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria o Italia, países en los que no existe el salario mínimo legal por su propio modelo de relaciones laborales, que ya establece unos salarios elevados. Ocurre especialmente en el caso nórdico, muy basado en el diálogo social y la negociación entre empresarios y sindicatos con altos niveles de afiliación.

Varias causas explican un cambio de tendencia como este, que se ve en Gobiernos de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la ultraderecha. A todas esas causas subyace una lección aprendida durante la crisis del euro: “Seguimos una estrategia deliberada de intentar reducir los costes salariales […] y, al combinarla con una política fiscal procíclica, el efecto neto solo fue debilitar nuestra demanda interna y socavar nuestro modelo social”. Así resumía la lección aprendida el profesor Mario Draghi, también ex presidente del BCE y exmandatario italiano, hace año y medio, cuando elaboró el informe con sus consejos para que la economía europea se reactive.

También ha puesto de su parte para derribar los tabús “la literatura económica”, explica Carlos Vacas, de Eurofound. “En 2000, 2010 o 2015 hubo nuevos estudios empíricos que empezaron a observar que los efectos negativos [de subirlo] no eran tan grandes como se pensaba anteriormente”, explica este investigador de esa fundación dependiente de las instituciones europeas que se dedica a evaluar las condiciones de trabajo y otras cuestiones sociales en la UE. El experto matiza: “Eso no quiere decir que no haya efectos negativos, sino que no son para tanto”. Esas consecuencias son básicamente destrucción de empleos baratos que dejan de ser rentables al empresario si sube el sueldo. Pero, como muestra, por ejemplo, un estudio reciente de la Autoridad Fiscal española sobre los últimos incrementos de la retribución mínima en España, también hay efectos positivos al contribuir a incrementar el PIB o mejorar las condiciones laborales.

En esa lección y en los problemas sociales y políticos que sobrevinieron tras años de recetas de austeridad y devaluación salarial, especialmente entre los sueldos más bajos, ve Torsten Müller, investigador alemán del Instituto Sindical Europeo, la raíz profunda de estas subidas. Y pone como ejemplo que la UE adoptara en 2022 una norma sobre salarios mínimos: “Representa un cambio de mentalidad. La Comisión Europea se dio cuenta de que había que encontrar un enfoque diferente para la crisis financiera y todas sus medidas de austeridad, ya que estas planteaban un problema para la legitimidad [social] del proyecto europeo”.

El cambio de “mentalidad” se vio con claridad diáfana durante la pandemia. Las montañas de dinero público que se invirtieron para amortiguar el golpe de la covid-19 fueron un ejemplo clarísimo. Poco tiempo después llegó otra prueba de fuego, la crisis de precios, que ha tenido un impacto directo sobre los salarios mínimos. Los incrementos de la inflación en 2022 y 2023 llegaron a superar los dos dígitos y, si no se subían los sueldos más bajos en consonancia, se corría el riesgo de perder poder adquisitivo. “Los Gobiernos, tanto en 2023 como en 2024, fueron bastante rápidos y protegieron el poder de compra de los trabajadores con estos sueldos”, explica Carlos Vacas, de Eurofound, que analiza todos los años la evolución de los salarios mínimos. En enero del año pasado, Vacas ya vaticinaba que 2024 traería un cambio de tendencia, con aumentos del salario mínimo que superaran la inflación en la mayoría de los países con esa figura en sus legislaciones.

Pero los precios han perdido fuerza y los incrementos continúan. ¿Por qué? Tanto Vacas como Müller apuntan a que el testigo lo ha cogido la directiva europea sobre salarios mínimos. Esa norma, en realidad, no contiene grandes obligaciones para los Estados miembros. No puede porque las competencias de las instituciones europeas no llegan a la regulación de las condiciones laborales en detalle. La directiva contiene recomendaciones: aconseja que los salarios mínimos se fijen en el 60% del sueldo mediano del país (justo el valor que está en la mitad entre el más alto y el más bajo) o en el 50% de la remuneración media. Pese a no ser obligatoria, bastantes países la están siguiendo: unos incorporan los consejos a su legislación y otros los siguen como principios políticos. Aunque también es cierto que, por ahora, solo dos Estados llegan a esos umbrales: Francia y Eslovenia.

“Ha supuesto una herramienta importante para promover salarios adecuados, fortalecer la negociación colectiva y presionar a los Gobiernos nacionales”, explica Müller, quien subraya que esta norma ha tenido más impacto en los países del centro y del este de Europa, donde la capacidad de presión sindical es muy baja. “En estos Estados, no hay un marco institucional que favorezca la negociación colectiva, como sí lo hay en Francia, España y otros países de Europa occidental”. Las subidas en 2025 del suelo salarial del 15,5% en Bulgaria o Croacia, del 12,3% en Lituania, el 11,4% en Chequia o algo más del 10,2% en Polonia apuntalan estas afirmaciones.

Esto es lo que lleva a Müller a tener marcado en el calendario el próximo 11 de noviembre. Ese día el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre la legalidad o no de esta directiva, recurrida por Dinamarca al defender que excede las competencias que delimitan los tratados europeos para las instituciones comunitarias: “Si se revoca la directiva, será un duro golpe para la Europa social y también para los ciudadanos, porque verán que ahora se están haciendo recomendaciones para aumentar los salarios y que esto no es posible. Es difícil de explicar a la gente”, advierte.