La Airef calcula que la quita de la deuda ahorrará 15.600 millones en intereses a las comunidades hasta 2030
La condonación, de cumplirse, permitirá al conjunto del sector devolver su tasa de pasivo al objetivo 12 años antes de lo previsto
El proyecto de condonación de la deuda autonómica apenas ha empezado su tramitación, pero ya empieza a esbozarse su impacto en las cuentas de las comunidades. El ahorro potencial en intereses para la administración regional superaría los 2.500 millones de euros en el primer año y los 15.600 millones hasta 2030, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este ahorro permitiría al conjunto del sector soltar lastre más rápidamente, y alcanzar el objetivo legal que tienen marcado —una tasa de deuda que no rebase el 13% de su PIB, frente al 21% actual— ya a finales de esta década, 12 años antes de la fecha proyectada (2041) en ausencia de condonación.
Aun así, el efecto sería dispar: cuatro territorios, aquellos con las cuentas más maltrechas, necesitarían entre tres —Castilla-La Mancha— y veinte años más —Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña— para reducir su tasa de pasivo hasta la meta que determina la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “Algunas autonomías seguirían con una deuda superior al 20% de su PIB [en 2030]”, han alertado fuentes de la entidad, que ha actualizado este miércoles su Observatorio de Deuda. Sin embargo, han insistido en que la quita “supone una mejora de la situación financiera” del sector en su conjunto.
La entidad ha estimado un ahorro en intereses superior al calculado por el Ministerio de Hacienda, que lo fijó en unos 6.700 millones. La diferencia se debe a que la Airef ha elaborado su previsión teniendo en cuenta los ahorros futuros por la no refinanciación de la deuda condonada. El horizonte temporal considerado llega hasta 2030, pero el beneficio será “permanente”, han subrayado fuentes del organismo en una sesión informativa celebrada este miércoles.
El dinero que las comunidades se ahorren en intereses, sin embargo, no podrá destinarse a gasto corriente. Es decir que no podrá emplearse para financiar, por ejemplo, la educación o la sanidad, a diferencia de lo que defiende el ministerio —salvo que el Gobierno central decida introducir una excepción—, debido a que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto, el límite que se pone al crecimiento de los desembolsos públicos para garantizar la sostenibilidad de las cuentas. Esta es una de las principales quejas de la oposición y de los barones regionales a la propuesta de condonación, que fue pactada entre el PSOE y el partido independentista catalán ERC el año pasado.
El acuerdo prevé que el Estado asuma más de 83.000 millones del pasivo de las comunidades adscritas al régimen común de financiación (cerca de un cuarto del total de la deuda del sector), del que forman parte todas las regiones salvo los territorios forales de País Vasco y Navarra. Las más beneficiadas, en términos absolutos, serán las comunidades más grandes, aunque no necesariamente las más endeudadas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.
El objetivo último de la quita es que todas las comunidades vuelvan a financiarse en el mercado y se desenganchen de los mecanismos extraordinarios de financiación creados en 2012, en plena crisis de la deuda, para que las autonomías se financiaran a través del Estado a costes más bajos de los exigidos por los inversores privados. Los principales instrumentos son el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), destinado a las comunidades con más dificultades, y el Fondo Facilidad Financiera (FFA), compatible con buscar financiación en los mercados.
Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura son los territorios que más han hecho uso de estos instrumentos, a través de los cuales el Estado tiene en sus manos cerca del 60% de la deuda autonómica. La condonación prevé que la Facilidad Financiera desaparezca en 2029 y que el FLA se quede como mecanismo de último recurso. Sin embargo, la Airef ha vuelto a insistir en que la quita no cumplirá con su objetivo si no va a acompañada de una reforma del sistema de financiación, pendiente desde 2014.
Mapa heterogéneo
La deuda autonómica empezó a subir como la espuma con la crisis financiera y lleva desde 2011 por encima del objetivo que marca la ley. No obstante, el mapa es muy heterogéneo: Canarias, Madrid, País Vasco y Navarra ya tienen una tasa de pasivo inferior a la referencia del 13% del PIB, según los datos del Banco de España del segundo trimestre del año. En el otro extremo están tres de los territorios peor tratados por el sistema de financiación, Comunidad Valenciana, Murcia, y Castilla-La Mancha, con una ratio de deuda del 39,9%, 30,2%, y 28,5%, respectivamente, y Cataluña (29,5%).
De producirse la quita, un trámite que necesita de la luz verde de las Cortes y que los Gobiernos regionales pueden aceptar o rechazar individualmente, 11 de las 15 comunidades de régimen común lograrían rebajar su tasa a la referencia ya para 2029, según la Airef; de fracasar la iniciativa, solo ocho cumplirían con la meta a finales de la década. Además de los cuatro territorios que ya cuentan con una tasa inferior al 13%, se sumarían Asturias, Galicia, La Rioja y Cantabria.
La entidad realiza su proyección a políticas constantes, considerando que la mayoría de las comunidades tendrán superávit primario —ingresos superiores a los gastos, una vez descontados los intereses— a partir de 2027 y dando por sentado que se cumplan los compromisos del plan de ajuste fiscal que el Gobierno ha presentado a Bruselas. La capacidad de retorno al mercado depende de que se cumplan las reglas y las expectativas de respaldo del Estado a las comunidades. “Con independencia de la quita, el papel de comunidades autónomas es fundamental en la reducción de la deuda”, han remarcado fuentes del organismo.