El Gobierno plantea una subida salarial a los funcionarios hasta 2028 que garantice el poder adquisitivo

El Ministerio de Función Pública y los tres sindicatos más representativos en la Administración, CSIF, UGT y CC OO, se han reunido este miércoles para abordar el incremento salarial de tres millones y medio de trabajadores públicos. Según ha explicado el Gobierno, plantea un incremento plurianual con un componente fijo y otro variable, “de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”. Es decir, que los salarios crezcan al menos tanto como los precios. Ese acuerdo plurianual, según han detallado los sindicatos, abarcaría de 2026 a 2028. Ambas partes señalan que aún no se ha hablado de cifras y que ello, según las centrales, se concretará en una reunión que mantendrán el 19 de noviembre. Fuentes de la negociación indican que Función Pública está pendiente del margen que dé Hacienda para detallar la propuesta de subidas.

Ni los sindicatos ni el Ejecutivo han planteado cifras en la reunión, según los negociadores, pero Función Pública sí ha detallado en un comunicado que el incremento empatará al menos con la evolución de los precios: “El objetivo es establecer un marco plurianual que incluya incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable, de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”. Este es un esquema similar al que ya se adoptó en el último acuerdo (de 2022 a 2024), con una parte de la subida vinculada a precios (que en su último dato interanual marcó un incremento del 3,1%) y a la evolución del PIB.

“En el bloque salarial pensábamos que hoy podría haber algo, pero nos han dicho que no están en disposición de dar unos dígitos. Lo que hemos dejado claro todas las organizaciones sindicales es que el año 2025 tiene que tener bien diferenciada la subida salarial. No puede quedar como un año de congelación”, ha dicho la representante de UGT, Isabel Araque. El anterior acuerdo entre funcionarios y el ministerio (que respaldaron CC OO y UGT, pero no CSIF) marcaba las subidas de 2022 a 2024. Una vez cumplido, las centrales piden que 2025 no quede en el limbo. “La primera reunión no ha estado mal”, ha subrayado Araque, antes de precisar que la mesa se estructura en tres bloques: salarios, empleo y derechos.

Lucho Palazzo, de CC OO, ha destacado que el Gobierno llega “tarde” a esta negociación, que venía postergando con la excusa de que la subida se enmarcaría en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ante la cada vez más improbable posibilidad de sacarlos adelante (dado el portazo de Junts al Ejecutivo), los sindicatos insistían en separar ambas carpetas. “Con los datos económicos que tiene este país, con el Gobierno diciendo que vamos como un tiro, no es de recibo que tengamos a 3,5 millones de empleados públicos con el salario congelado”, ha agregado este sindicalista.

Por su parte, el negociador de CSIF, Francisco Lama, ha valorado “positivamente” el inicio de las negociaciones, pero ha expresado “preocupación” por la no concreción del incremento en la primera reunión. “Exigimos mejoras en jubilación, jornada laboral o teletrabajo. Y queremos que el acuerdo tenga efectos retroactivos aplicables a todo 2025″, ha agregado Lama. Su sindicato, que rechazó el acuerdo anterior porque se quedaba corto para compensar el golpe de los precios, avisa de que las movilizaciones dependerán del avance de la negociación.

“El pacto al que Función Pública quiere llegar con las centrales sindicales contempla además un conjunto de mejoras organizativas, así como seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos”, añade el ministerio que dirige Óscar López.