Los pactos con las mutuas para agilizar las bajas médicas no despegan: solo tres comunidades los han suscrito en un año

El absentismo laboral es uno de los temas más espinosos en las negociaciones que mantienen los agentes del mercado de trabajo. Empresarios y sindicatos comparten en mayor o menor medida la preocupación por este asunto, pero nadie le pone el cascabel al gato. Las cúpulas sindicales y patronales se han puesto de acuerdo en dos ocasiones...

El absentismo laboral es uno de los temas más espinosos en las negociaciones que mantienen los agentes del mercado de trabajo. Empresarios y sindicatos comparten en mayor o menor medida la preocupación por este asunto, pero nadie le pone el cascabel al gato. Las cúpulas sindicales y patronales se han puesto de acuerdo en dos ocasiones para intentar agilizar la reincorporación de los trabajadores de baja con patologías traumatológicas, pero el plan no está despegando. A pesar de que hace más de un año que las comunidades autónomas y las mutuas (colaboran con la Seguridad Social en la asistencia sanitaria de las bajas médicas y la gestión de prestaciones) pueden suscribir convenios de colaboración para acelerar diagnósticos y tratamientos en estos casos, el resultado es por ahora muy limitado. Solo las comunidades de Baleares, Asturias, Cataluña (y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) han suscrito algún acuerdo de este tipo, según datos oficiales del Ministerio de Seguridad Social. El departamento que dirige Elma Saiz trata ahora de reactivar esa iniciativa.

La primera vez que patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo para esta colaboración fue en la negociación del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en 2023, pero no se sustanció en ninguna norma legal. Posteriormente, el 31 de julio de 2024, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmó con los sindicatos CC OO, UGT y las patronales CEOE-Cepyme el Acuerdo Social para la Mejora de la Compatibilidad de la Pensión de Jubilación con el Trabajo. Convertido en ley meses después, recogía el compromiso de los firmantes a impulsar “el mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en los procesos traumatológicos, acelerando diagnósticos y tratamientos” mediante la firma convenios de colaboración entre comunidades autónomas, mutuas y el INSS.

En septiembre, en el Palacio de la Moncloa, los líderes sindicales y patronales firmaron ceremoniosamente este acuerdo. Desde entonces, solo se han registrado cuatro de estos convenios (Ceuta y Melilla comparten uno), aunque fuentes del sector apuntan a que Cantabria y Aragón podrían ser las siguientes comunidades en dar el paso de firmar uno de estos convenios.

Si el problema del absentismo es tan grave como aseguran los agentes sociales —solo el pasado año tuvo un impacto como si 1,6 millones de trabajadores no hubieran trabajado ningún día, y un coste económico de casi 30.000 millones a Estado y empresas, según los datos de la patronal de mutuas Amat—, ¿por qué esta colaboración no termina de cuajar?

Distintas fuentes consultadas apuntan a varias causas, detrás de las que están todos los agentes implicados. “Uno de los principales motivos que impiden que esto salga adelante es la extremada rigidez de los convenios. Las mutuas ya venían teniendo esta colaboración en la práctica y, ahora, el Gobierno diseñó un convenio tipo igual para todas las comunidades que, entre otras cosas, introduce más papeleo y un intermediario que antes no estaba: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, apuntan desde Amat.

Se refiere con ello al diseño que hicieron los responsables de la Seguridad Social de los convenios para esta colaboración entre los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas (quienes tienen la competencia sanitaria) y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El procedimiento que se recoge en estos convenios es que si un médico de atención primaria que atiende a un trabajador de baja por enfermedad común —por una patología traumática cuya duración supere los tiempos óptimos— considera que el trabajador necesita pruebas o tratamientos que en la sanidad pública tardarían más, le comunica al INSS su interés de que ese paciente sea atendido en una mutua. El INSS, a su vez, comunica esta petición a la mutua, así como el centro elegido. La mutua tiene cinco días hábiles para aceptarlo o rechazarlo. En este último caso, debe argumentar por qué. Todo ello, además, tiene que contar con la aceptación expresa del paciente.

Todas estas cautelas obedecen, según explican los responsables de la Seguridad Social, a que se debe garantizar que las actuaciones “se inician a solicitud del servicio público de salud y se limitan a patologías específicas; respetando siempre la confidencialidad”. Y añaden que en todos los casos “será el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones diagnósticas”.

Precisamente el hecho de que esa alta médica siga en manos del médico de cabecera echa para atrás a las mutuas a la hora de firmar estos convenios. “Lo normal es que, si es la mutua la que efectúa las pruebas de diagnóstico y le hace el seguimiento al paciente, sea también la mutua quien da el alta, como ya se hace en los casos de accidente laboral”, indican fuentes de la patronal de estas entidades. “O, al menos, la participación de la mutua y, en su caso la propuesta de alta que haga a un paciente, debería tener más peso en la decisión final del médico de atención primaria, sin negarnos a que se debatan las decisiones”, reclaman estas fuentes.

Sin embargo, tanto el Gobierno como los sindicatos tuvieron claro, a la hora de acordar la firma de estos convenios, que el alta, también para estos casos, se la seguiría dando el médico de cabecera sin excepción.

Pero hay otros obstáculos a la hora de firmar estos acuerdos y son de carácter político, ideológico o empresarial. Así, tanto fuentes de la Administración como de las mutuas consultadas coinciden en que puede haber comunidades que utilicen su negativa a firmar estos convenios como herramienta arrojadiza hacia el Gobierno que los está promoviendo. “También hay regiones en las que los sindicatos se oponen frontalmente a que el servicio público colabore con las mutuas, a pesar de que sus propias direcciones confederales han firmado la conveniencia de que lo hicieran”, apuntan estas fuentes.

Igualmente, en otros casos existe resistencia del lado de algunas mutuas: “Hay 18 mutuas en toda España y en cada comunidad pueden estar presentes fácilmente siete u ocho de ellas. Si en un territorio hay una mutua con muchos más recursos que otras, las que tienen menos se niegan a la firma de estos convenios porque los pacientes se los van a dar a las que tienen más”, explican fuentes del sector.

Intervención del Ejecutivo

En este escenario, la Seguridad Social está intentando reactivar la firma de estos convenios. Para ello, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, participó la semana pasada en el Consejo Interterritorial de Salud, donde se coordinan la Administración estatal y las comunidades autónomas. Se trataba de la primera vez que un representante de la Seguridad Social participaba en este órgano.

Durante su intervención expuso las iniciativas que está poniendo en marcha la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal, “con el fin de mejorar estos procesos en todas las comunidades y, sobre todo, mejorar la salud de los trabajadores”, informan desde este organismo. Pero, fundamentalmente, animó a los responsables autonómicos a que materialicen la colaboración con las mutuas: “Se trata de una iniciativa donde nadie tiene que perder y todos tenemos que ganar”, argumentó Suárez. Es más, explicó que el elemento diferenciador de estos convenios es que tienen su origen en el diálogo social y cuenta con la implicación de patronal y sindicatos.