El dilema del autónomo que tiene que pagar más para recibir más pensión: “No hay pedagogía para subir la cuota”

“Soy autónomo, no me puedo poner malo”; “soy autónoma, si no trabajo no cobro”; “soy autónomo, no tengo un jefe, tengo cien”; “soy autónomo, no tengo vacaciones”; “soy autónomo, no me puedo jubilar”. Los testimonios recabados en este reportaje ilustran bien las quejas de muchos de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que cotizaban a la Seguridad Social ...

“Soy autónomo, no me puedo poner malo”; “soy autónoma, si no trabajo no cobro”; “soy autónomo, no tengo un jefe, tengo cien”; “soy autónomo, no tengo vacaciones”; “soy autónomo, no me puedo jubilar”. Los testimonios recabados en este reportaje ilustran bien las quejas de muchos de los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que cotizaban a la Seguridad Social a finales de septiembre, según las cifras oficiales de este organismo. Expresan las reivindicaciones de un colectivo muy heterogéneo, que incluye desde empresarios con asalariados y grandes facturaciones, hasta pequeños profesionales o incluso falsos autónomos a los que su empleador les obliga a pagar sus propias cotizaciones. Algunas de esas afirmaciones son ciertas, otras a medias, y algunas directamente falsas.

Históricamente, y hasta enero de 2023, estos trabajadores podían elegir su base de cotización a la Seguridad Social. Por tanto, decidían cuánto aportaban a la caja común del sistema de pensiones y protección social. El resultado de su elección era demoledor: el 85% optaban por pagar lo mínimo que permitía la ley. Esta dinámica ha desembocado, entre otras cosas, en que las pensiones que ahora cobran los afiliados al Régimen Especial de Seguridad Social (RETA) rondan los 1.000 euros de media frente a los casi 1.700 de los asalariados. Es cerca de un 40% menos. Esta elección genera también menores prestaciones por estar de baja médica o pensiones de viudedad u orfandad más bajas. Todo esto, unido a una protección social históricamente inferior, ha generado un desequilibrio que se mantiene: los autónomos carecen aún de subsidio por desempleo para mayores de 52 años y no tienen prestación por lactancia.

Clara Doblas, ceramista de 35 años, lo vivió en primera persona: “Cuando fui madre en 2024 pude cobrar la prestación de maternidad, pero no la de lactancia”. Antes de abrir su taller Clara Ceramics, combinó un empleo como profesora de arte con su alta de autónoma. Tras agotar la tarifa plana de cotización, pasó a los tramos reducidos según sus ingresos. “Me arrepiento de no haber subido mi base cuando me quedé embarazada”, reconoce, ya que una de las novedades del sistema es que los autónomos pueden modificar su base de cotización hasta seis veces al año. Ahora planea hacerlo para mejorar futuras coberturas: “A nadie le sienta bien pagar más, pero es para un bien mayor”, dice desde su taller en el barrio madrileño de Prosperidad.

El nuevo modelo de cotización, implantado en enero de 2023, obliga a todos los autónomos a ubicarse en uno de los 15 tramos según sus rendimientos netos declarados a Hacienda. Las cuotas oscilan entre 200 y casi 600 euros mensuales. Para garantizar la correspondencia entre ingresos y aportaciones, se introdujo un sistema de regularización mediante cruce de datos entre Hacienda y la Seguridad Social.

F.G., asesor financiero del sector inmobiliario de 58 años y autónomo societario (poco más de un tercio del colectivo tiene esta categoría por estar al frente de una sociedad), está encuadrado en uno de los tramos altos de cotización. En la primera regularización, la cuota le salió a devolver y, en su caso, la Seguridad Social no le dio la opción de seguir pagando más a cambio de mejorar sus futuras prestaciones. Pero dice que estaría dispuesto. Aunque su problema no es de baja cotización, sino todo lo contrario, reconoce que existe un conflicto en los tramos más bajos del sistema: “Hay que poner un mínimo, pero hay tanta gente encuadrada en esos tramos que no salen las cuentas”. Entiende las bondades del nuevo modelo pero cree que falta algo fundamental: “No hay pedagogía para explicar que subir la cuota servirá para recibir más”.

Pero no todos los autónomos están de acuerdo con pagar más para recibir más. A. O. Z., de 51 años, es propietaria de una empresa de organización de eventos en Madrid y cotiza por cuenta propia desde hace 15 años. A ella, la regularización le salió a pagar, “unos cien euros más al mes”. Sabe que el nuevo modelo tiene como fin mejorar la protección social, pero no le convence: “Yo prefería seguir pagando lo mínimo y buscarme la vida con un plan de pensiones privado”, señala. E igualmente, cree que las nuevas prestaciones, como la del cese de actividad, “no dan para nada”. En su opinión, el nuevo modelo “va a ser una catástrofe para muchos pequeños empresarios, a los que llegará un momento que no compense seguir abiertos”.

La última polémica

El revuelo que se ha montado desde hace unos días en torno a una posible subida de las cuotas ha sido tan intenso como inesperado. Para entender la polémica hay que retrotraerse al año 2022, cuando el Gobierno pactó con los agentes sociales y las tres principales asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) un profundo cambio del modelo de cotización. La idea era que las contribuciones se fueran pareciendo progresivamente a las de los trabajadores asalariados (que son aportadas mayoritariamente por los empleadores) con el fin último de que aportaran lo mismo que estos últimos y recibieran la misma protección social en el horizonte del año 2032.

Dicho de otra forma, todos los agentes implicados decidieron entonces que los autónomos tenían que pagar más a la Seguridad Social para recibir las mismas prestaciones y pensiones de jubilación o de incapacidad que un asalariado. Pero convinieron en que el incremento de bases y de cuotas que requería que un autónomo llegara a cotizar como un asalariado era inviable de hacer salvo en varios años. Para acomodar estas subidas el acuerdo dijo que cada tres años el Gobierno, los agentes sociales y los propios autónomos pactarían la senda de incrementos.

Esa revisión toca hacerla antes de fin de año. Tras los tres primeros ejercicios con el nuevo modelo en marcha, y tras haber realizado ya el primer proceso de regularización, todo saltó por los aires el 13 de septiembre. Ese día, en una reunión del diálogo social, el Ministerio de Seguridad Social hizo su propuesta para subir las bases de forma lineal hasta 2031. Esto conllevaba un alza que oscilaba entre los 11 y los 206 euros mensuales y se repetiría cada año.

La propuesta, a pesar de que era la primera que hacía el Gobierno y que podría rebajarse en reuniones posteriores del diálogo social, no solo fue rechazada por la principal asociación de autónomos ATA, perteneciente a la patronal CEOE. El PP tomó el encarecimiento de las cuotas como bandera durante días para arremeter contra el Gobierno y la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se posicionó contra esta subida de cuotas. Ante el panorama, el Gobierno rectificó y, a través de una entrevista con EL PAÍS, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció que estaba dispuesta a congelar, solo en 2026, las cuotas de los autónomos encuadrados en la tabla reducida. Estos son los que ganan menos de 1.167 euros. Posteriormente, el ministerio concretó el resto del nuevo planteamiento, con subidas muy leves, de entre el 1% y el 2,5%, para el resto de tramos.

La propuesta tampoco satisface a todos. Los sindicatos CC OO y UGT han criticado duramente la decisión del Ejecutivo de congelar las cuotas más bajas el próximo año y aplicar una subida poco más que simbólica al resto de autónomos. Consideran que de esta forma el despliegue del nuevo modelo queda, como mínimo, en suspenso. Y ven difícil que en años posteriores, seguramente electorales, las subidas que serían necesarias se puedan llevar a cabo.

Tampoco convence a las asociaciones de autónomos, que frecuentemente expresan y representan intereses contrapuestos. “Se ha perdido una ocasión de mejorar las pensiones de tres millones de personas”, ha dicho el presidente de UPTA, Eduardo Abad, quien también reclama al Ejecutivo, junto a nuevas mejoras de protección de estos trabajadores, la creación de una base y cuota superreducida para los creadores de contenido que ingresen menos de 4.000 euros al año. También en Uatae exigen al Gobierno nuevos tramos más bajos de cotización.

Así, el Ejecutivo cuenta ahora con el rechazo de todos los agentes implicados en la negociación, porque tampoco ha conseguido con la rectificación el respaldo de la asociación más crítica con la primera propuesta: ATA, cuyo presidente, Lorenzo Amor, ha reconocido que “aunque es un paso adelante”, no es suficiente. Asegura que no firmará un acuerdo que no incluya un acceso poco más o menos que automático a la prestación por cese de actividad y la creación del subsidio de mayores de 52 años.

“Ha sido un clarísimo error de cálculo político que da al traste con la posibilidad, que está incluso recogida en la ley, de que los autónomos lleguen a cotizar y a estar igual de protegidos que un asalariado, va a ser muy difícil retomar el plan inicial en próximos años, que además serán electorales”, se queja un responsable sindical.

En definitiva, lo que se pone en cuestión con toda esta polémica es si seguirá adelante el sistema de cotización por ingresos reales o finalmente, con la llegada de otro Gobierno podría incluso revertirse. De ser así, podrían volver a ser habituales casos como el de Mario F., de 77 años, colaborador de prensa durante buena parte de su vida laboral en la que trabajó en negro: “Yo tenía que pagar la cuota completa de autónomos el primer día del mes sin haber facturado nada y no sabía siquiera si facturaría lo suficiente para pagarla algún que otro mes, por lo que cobraba en B”.

Cuando le restaban pocos años para la jubilación, Mario quiso cotizar. Y encontró trabajo como profesor de instalaciones de gas, pero le obligaron a ser falso autónomo, hasta que una inspección obligó a que lo hicieran asalariado. Tuvo que trabajar hasta los 74 años para reunir los 15 años necesarios para cobrar la pensión de jubilación y recibe la prestación mínima, incluyendo una parte de complementos a mínimos. Ahora, ya desde su retiro, reflexiona y da alguna idea: “España podría fijarse en otros países donde a principios de mes se paga solo una pequeña parte de la cuota y al final se ajusta a los ingresos”.