Cae una trama que introdujo en España 1,7 millones de litros de gasóleo adulterado para vender en estaciones de servicio ‘low cost’

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal que en los últimos años había importado de manera clandestina desde países del Este de Europa al menos 1,7 millones de litros del denominado designer fuel (combustible de diseño o adulterado). El fraude permitía a la trama tanto eludir el pago de impuestos como poner a la venta el carburante de baja calidad como si fuera gasóleo de tipo A para automoción. En destino eran 11 estaciones de servicio low cost de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. En las diferentes fases de la bautizada como Operación Tenk ha sido detenidas 18 personas y otras 14 figuran como investigadas, según ha informado este viernes el instituto armado y la AEAT. También se han localizado 40 empresas, muchas de ellas fantasmas, utilizadas supuestamente por la trama.

La investigación se inició a finales de 2023 tras recibir la Guardia Civil una queja de los vecinos de la pedanía de Hoya del Campo (Murcia, 1.500 habitantes) por el continuo trasiego de camiones cisterna en la zona, lo que permitió entonces localizar un gasocentro clandestino en cuyos depósitos se almacenaban en ese momento 73.786 litros de carburante de baja calidad. Entonces se produjeron las dos primeras detenciones. Tras aquel hallazgo, las pesquisas permitieron detectar la existencia de una compleja red de tráfico ilegal de carburante que se iniciaba en Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania ―países de origen de buena parte de los ahora arrestados― donde se adulteraba el gasóleo mediante el añadido de diferentes aceites minerales, como la triacetina.

El combustible resultante tenía gasóleo en un porcentaje del 85%, muy por debajo del que se comercializa de manera legal, y el 15% restante, lubricantes u otros aceites. Con esta composición química (que no es apta para la automoción), el combustible fraudulento era transportado a España en camiones cisternas como si se tratase de aceites y lubricantes, lo que les permitía eludir tanto los controles y formalidades exigidas para la circulación de hidrocarburos en la UE como el pago del impuesto especial de hidrocarburos y del IVA. Las primera estimaciones de la Agencia Tributaria sitúan en más de un millón de euros el perjuicio sufrido por Hacienda por esta maniobra.

Una vez en España, el combustible era transferido a gasocentros clandestinos, como el de Hoya del Campo, para posteriormente traspasarlo a otros camiones como si se tratara de gasóleo para automoción y llevarlo a gasolineras para su venta a particulares. Durante las pesquisas se localizaron otros dos de estos gasocentros clandestinos situados en las localidades de Abanilla (Murcia, 6.200 habitantes) y Silla (Valencia, 46.500 habitantes). Los investigadores detallan que la organización cambiaba periódicamente el emplazamiento de estos gasocentros para evitar su localización por las fuerzas de seguridad.

El destino final de este combustible eran estaciones de servicio tipo low cost que, en algunos casos, pertenecían a los presuntos cabecillas de la trama, aunque también había otras que eran propiedad de pequeños distribuidores y algunas eran franquicias de marcas. En ellas, el combustible se oferta a un precio que podía llegar a ser hasta 20 céntimos inferior por litro respecto a las gasolineras que venden combustible no fraudulento.

La investigación ha destapado también una compleja trama societaria formada por decenas de empresas fantasmas de los sectores del transporte, la distribución y venta de hidrocarburos con sede en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Gerona, Lérida y Tarragona que la trama utilizaba para evitar pagar los impuestos y multiplicar así sus beneficios ilícitos. Al frente de estas sociedades, los tres presuntos cabecillas de la organización ―todos ellos detenidos en Alicante― colocaban testaferros, en su mayoría personas sin recursos a las que pagaban una pequeña cantidad de dinero para que prestaran su identidad para inscribirles como responsables de las compañías. Algunos de estos testaferros eran contactados en las calles de Madrid y otras ciudades de España, mientras que en otras utilizaban a personas de terceros países, como Ucrania, Letonia o Francia, para dificultar su localización cuando salía a la luz el fraude.

Según detallan fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos hay al menos cuatro que tienen antecedentes policiales por hechos de similares. En concreto, dos ya estaban imputados por una operación desarrollada en Valencia; otro por una que tuvo como epicentro la provincia de Cuenca y el último, por una investigación en Murcia. “Cuando quedan en libertad, presuntamente trasladan toda la logística que no se les localiza a otro punto de España y empiezan a operar de nuevo”, apuntan fuentes cercanas a la investigación.

Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, blanqueo de capitales, de pertenencia a organización criminal y contra la seguridad vial. De hecho, uno de los arrestados, conductor de un camión cisterna utilizado en el trasiego del combustible, está acusado de 26 cargos contra la seguridad vial por llevar vehículos con mercancías peligrosas pese a carecer de permiso de conducir en vigor.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que en el fraude presentaba unos riesgos que van más allá del perjuicio económico. Señalan que, por un lado, la obtención, manipulación y posterior uso de este combustible adulterado supone una amenaza para la salud pública y el medio ambiente si se tienen en cuenta tanto las emisiones producidas en la combustión como los residuos en la manipulación. Asimismo, puede dañar los motores de los vehículos que lo repostaban, cuyos dueños además pagaban por un gasóleo con unas características muy inferiores. Por último, insisten en que suponía una competencia desleal hacia los operadores de hidrocarburos, desde distribuidores mayoristas como estaciones de servicio, que comercializan carburantes sometidos a controles e impuestos.