Consumo teme que la Comisión Europea asuma los argumentos de Ryanair contra España

La exigencia del ministro español de Consumo Pablo Bustinduy de una reunión de urgencia con el Comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha surtido efecto seis días después en forma de videollamada. El representante del Gobierno español pidió, sin éxito, tener esta conversación antes de que el consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary, pasara por el despacho del comisario en Bruselas supuestamente cargado de quejas contra las políticas de transporte y consumo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bustinduy ha defendido este martes la posición de su ministerio imponiendo una multa de 179 millones a cinco aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian), de los que la irlandesa carga con 108 millones, por prácticas como el cobro por el equipaje de mano cuando excede unas dimensiones prefijadas.

La sorpresa de Bustinduy, cuenta un portavoz del ministerio, ha sido encontrar “ciertas similitudes entre los argumentos del Comisario y la línea general de las intervenciones de Ryanair”. En Bruselas podrían entender las quejas de la aerolínea líder por tráfico en España en favor de su libertad para fijar precios o contra la política tarifaria de Aena, que ha anunciado una subida del 6,5% para 2026.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reconoce preocupación por el hecho de que la Comisión pueda entrar de lleno, y en su contra, en un caso judicializado, “por la presión que está llevando a cabo Ryanair en el seno de la Comisión Europea para que las autoridades comunitarias interfieran en las reclamaciones judiciales que se han presentado contra las sanciones impuestas desde el Ministerio”. Durante la conversación, que ha tenido lugar tras numerosas peticiones en lo que va de año, Bustinduy ha reclamado a Tzitzikostas que no desatienda su obligación de defender los derechos de los pasajeros por encima de los intereses económicos de una multinacional.

Fuentes de la Comisión Europea han explicado que la cuestión del equipaje de mano ha centrado la reunión y que el ambiente ha sido “constructivo”. A renglón seguido, dejan abierta la posibilidad de una intervención desde Bruselas: “La Comisión considera haber recibido suficiente información de las autoridades españolas y está reflexionando sobre los próximos pasos”.

La histórica penalización a Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian cayó en noviembre del año pasado tras un largo proceso de tramitación en el que Consumo tumbó las alegaciones de las compañías. El ministerio defiende que la multa tiene en cuenta tanto la legislación española como la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). De este modo, se ha insistido ante el comisario en que Ryanair y el resto de compañías sancionadas “cometieron prácticas ilegales y abusivas para las personas consumidoras, tales como cobrar un extra a los pasajeros por llevar su equipaje de mano a bordo de la cabina o cobrar un extra por la selección de asiento para acompañar a niños o personas dependientes”.

Antes de cerrar el expediente, que ha sido recurrido por cada una de las aerolíneas ante la Audiencia Nacional, Consumo se aseguró de respetar las garantías procesales y preservar la seguridad jurídica de las firmas afectadas, según ha afirmado Pablo Bustinduy ante Apostolos Tzitzikostas.

El pasado mes de junio, en la última Comisión del Parlamento Europeo sobre Transportes, 38 eurodiputados, de un total de 42, votaron en contra de legalizar el cobro del equipaje de mano. Solo unos días antes, el Consejo Europeo votó por la mínima (65,7% de los votos cuando se requería una mayoría del 65%) a favor de la libertad de fijación de precios por parte de las aerolíneas, siendo gratuito el bulto que no exceda unas dimensiones de 40x30x15 centímetros. El hecho que se critica desde el sector aéreo es que el ministerio de Bustinduy tomara la iniciativa de sancionar cuando había un debate en el seno de la UE para armonizar el tamaño del equipaje de mano que puede viajar de forma gratuita en la cabina de un avión.

Un gigante contra las tarifas de Aena

Otro de los primeros ejecutivos de Ryanair, Eddie Wilson, ha reiterado estos días que el gestor aeroportuario público Aena actúa en monopolio y desatiende los aeropuertos regionales, cuyo excedente de capacidad supera el 60%. Ryanair dice haber visto frustrados sus planes de refuerzo en aeropuertos secundarios en España ante la falta de incentivos, lo que hace virar su oferta hacia aeropuertos de países que considera más competitivos, como Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría.

Ryanair anunció el 3 de septiembre el cierre de su base de dos aviones en Santiago para la temporada de invierno, retirando 453.000 asientos (el 80% de su capacidad en ese punto); suspenderá sus operaciones en Vigo a partir del 1 de enero, quitando del mercado 31.000 asientos y dos rutas; se mantendrá fuera de los aeropuertos de Valladolid y Jerez; recorta posiciones en Zaragoza (un 45% ó 70.000 plazas menos); baja un 38% en Santander (84.000 asientos de ajuste); Asturias pierde un 16% de las plazas (11.000) frente a las desplegadas en la temporada invernal 2024-2025, y el repliegue es del 2% en Vitoria (2.000 asientos). El tijeretazo, al que se suman 400.000 plazas en aeropuerto canarios, alcanza el millón de asientos y llega después de un recorte de otros 800.000 asientos en la temporada de verano que concluirá a finales de octubre.

El Gobierno ha hecho piña alrededor del argumento de que la low cost está chantajeando a Aena y al Ministerio de Transportes en busca de rebajas tarifarias y bonificaciones al tráfico. La empresa, por su parte, defiende que las mejoras repercutirían en todo el sector aéreo y en favor del turismo en provincias por una mayor utilización de los aeropuertos regionales. Tras la reacción en contra de distintos ministerios, la última advertencia de Michael O’Leary es la del ajuste de otro millón de asientos para la próxima temporada de verano si Aena no retirada la propuesta de subida tarifaria para el próximo ejercicio.