Los sindicatos de funcionarios preparan un otoño caliente ante la falta de mejoras salariales y laborales

El fracaso del Gobierno en su intento de aprobar del proyecto de ley para reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales no es el único quebradero de cabeza de carácter laboral que se le presenta al Ejecutivo. El ...

El fracaso del Gobierno en su intento de aprobar del proyecto de ley para reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales no es el único quebradero de cabeza de carácter laboral que se le presenta al Ejecutivo. El malestar entre los sindicatos de la función pública ante la ausencia de avances, e incluso de negociaciones, para lograr mejoras salariales y de empleo han llevado a CC OO y UGT, por un lado, y al sindicato de funcionarios CSIF, por otro, a anunciar que, de no cambiar esta situación en las próximas semanas, intensificarán sus protestas. “No descartamos nada”, aseguran fuentes de esta última central.

La negociación salarial para 2025 es probablemente la reivindicación prioritaria para más de tres millones de empleados públicos. Este colectivo no ha recibido hasta la fecha ningún aumento salarial correspondiente al ejercicio en curso, en el que la inflación sí ha avanzado una media acumulada del 2,5%, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que se suma a la ya registrada en los últimos años, que CSIF cifra en un 20% desde los recortes de la última crisis.

Cualquier propuesta de incremento salarial de los empleados públicos debe de pasar por la Mesa General de las Administraciones Públicas, que aún no ha sido convocada este año para este cometido, ni se prevé su convocatoria en breve, según distintas fuentes consultadas. Desde el Ministerio de Función Pública se limitan a indicar que “la subida salarial para los empleados públicos se encuentra en el marco de la negociación presupuestaria”, para la que el Gobierno acaba de dar su pistoletazo de salida con la publicación en el BOE a principios de mes de la orden ministerial que fija las directrices para los distintos ministerios y muestra las prioridades del Ejecutivo para la elaboración de las cuentas públicas de 2024.

De momento, los sindicatos aseguran que antes de que las propuestas presupuestarias lleguen a la mesa general, se celebran reuniones previas entre el Ejecutivo y las centrales sindicales en las que se barajan distintos incrementos u otras mejoras de empleo, pero tampoco esos encuentros se han producido ni convocado aún. Es más, fuentes de UGT y de CSIF aseguran que no era necesario esperar a los Presupuestos para poder acometer subidas salariales al colectivo.

En cualquier caso, CSIF ha dirigido recientemente una carta al Ministerio de Hacienda tras publicarse la orden de las prioridades presupuestarias, reclamando que habilite una dotación económica suficiente para llevar a cabo las mejoras salariales mencionadas y, además, la recuperación del 100% de las pagas extra, allí donde aún se mantienen los recortes de 2010; o la equiparación salarial de los mismos cuerpos y escalas entre las distintas administraciones y territorios.

Los incrementos retributivos de los últimos tres años han supuesto una subida acumulada del 9,5% (incluyendo el 0,5% abonado este año, pero correspondiente a parte de la subida de 2024). Así lo pactaron CC OO y UGT con el Gobierno en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, cuya vigencia terminó en diciembre de 2024, pero los sindicatos se quejan de que aún quedan varios incumplimientos pendientes.

Mejoras pendientes

De hecho, las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT se han referido a la actual situación calificando directamente de “desprecio del señor Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública” hacia estas centrales, por no atender sus reivindicaciones aún pendientes incluidas en el citado Acuerdo Marco.

En concreto, los sindicatos mayoritarios recuerdan a López que están pendientes de cumplimiento cuestiones como la regulación de la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al sistema español de cualificaciones profesionales, las 35 horas en el ámbito de la Administración General del Estado o la situación del Servicio Exterior. De no obtener respuesta alguna, CC OO y UGT han anunciado que retomarán e intensificarán el proceso de movilización, iniciado el pasado mes de julio.

Desde Función Pública argumentan que todas estas negociaciones sí están en curso. Concretamente, fuentes de este departamento recuerdan que la jubilación parcial anticipada sigue dando pasos en su trámite parlamentario. Y también que el 31 de julio pasado la Secretaria de Estado de Función Pública aprobó una resolución autorizando una tasa de reposición específica para la jubilación parcial del convenio único del personal laboral del Estado por un total de 1.049 plazas. Precisamente, desde UGT se quejan de que tras nueve meses de negociación para el V convenio único de este colectivo “los avances son insignificantes y no se han tomado en consideración ninguna de las propuestas sindicales”.

Mientras que respecto a la jornada de 35 horas en la Administración, en Función Pública aseguran que también avanza, una vez que quedó desbloqueada la posibilidad de que las comunidades la aplicaran.

En cuanto a las mejoras en la temporalidad, que sigue anclada por encima del 30% de media en el conjunto de las administraciones, con especial gravedad en la autonómica, los sindicatos exigen, sobre todo, que se agilicen los procesos de consolidación y de nuevo ingreso. En este sentido, CC OO y UGT han calificado de “falta de respeto” por parte del Ministerio de Función Pública la presentación en julio de forma inesperada de un documento de “consenso” para una administración abierta, que no ha sido ni negociado ni mucho menos consensuado con los sindicatos. Este documento incluye una reforma en profundidad de los sistemas de selección de personal en el sector público que ha levantado muchas ampollas, sobre todo entre los altos funcionarios.

En el Ejecutivo se defienden y aseguran que los procedimientos selectivos ya se han agilizado y el 93% de los procesos de la oferta de empleo pública de 2024 se han publicado. Es más, declaran que prácticamente la totalidad de los procesos realizan la fase de oposición en menos de un año, frente a los dos años o más que, según los sindicatos, tarda en materializarse una de estas plazas.