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Los países empiezan a subir el impuesto de sociedades para aumentar ingresos y sufragar la defensa

Los miembros de la OCDE frenaron en 2024, por segundo año consecutivo, la carrera a la baja en los gravámenes empresariales. El organismo constata un aumento generalizado de la presión fiscal

Durante los últimos años, buena parte de los países con economías desarrolladas apostaron por rebajar paulatinamente el impuesto de sociedades como fórmula para atraer inversión y fomentar la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más global. Sin embargo, esa tendencia, que cobró fuerza durante la crisis económica provocada por la pandemia, parece estar desinflándose y llegando a su fin. Al menos así lo cree la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que corrobora que el año 2024 fue el segundo ejercicio consecutivo en el que los países que subieron este impuesto superaron a los que lo bajaron. El objetivo de este giro, según explica el organismo en el último Informe anual sobre reformas fiscales, publicado este jueves, era claro: contribuir a reforzar la recaudación.

En 2024, señala la OCDE, “fueron más los países que incrementaron las tasas del impuesto de sociedades que los que las redujeron, y los aumentos tendieron a ser de mayor magnitud que las disminuciones”. Varias jurisdicciones también introdujeron impuestos adicionales sobre la renta de las sociedades para capturar los beneficios extraordinarios, con el fin de engrosar los ingresos para el presupuesto general ante el aumento del gasto público. Estos movimientos, explica el club de los países ricos, “sugieren que la tendencia a la baja de las tasas del impuesto de sociedades se ha detenido o muestra indicios de revertirse”.

El contexto económico que atraviesan los países analizados ―un total de 86 jurisdicciones, entre las que se encuentra España― ayuda a entender este viraje. La deuda pública en la media de los territorios que dan forma al organismo se situó en 2024 en torno al 112% del producto interior bruto (PIB), ocho puntos por encima de la situación previa a la pandemia de la covid-19. A ello se suman nuevas presiones de gasto que amenazan con desequilibrar las cuentas e incurrir en mayor déficit: adaptación de la economía al cambio climático, envejecimiento poblacional y, en algunos países, un aumento de las partidas de defensa ―el informe se centra en 2024, por lo que no recoge las últimas subidas aprobadas para gasto militar― que irá a más.

Por eso, se han empezado a activar palancas que logren blindar la recaudación. En el caso del impuesto de sociedades, el cambio de rumbo es claro. Aunque muchos gobiernos mantienen incentivos fiscales a la inversión, en particular en investigación, desarrollo y tecnologías limpias, la OCDE subraya que la tendencia a la reducción de tipos en los gravámenes corporativos se ha detenido y empieza a invertirse.

Según el informe, las respuestas de los países consultados reconocen que el objetivo más común de las recientes reformas en los impuestos de sociedades ha sido el fortalecimiento de los ingresos. Sin embargo, añade la OCDE, muchas jurisdicciones buscaron al mismo tiempo promover la recuperación económica, impulsar la inversión del sector privado y apoyar la innovación y el empleo. “Esto refleja la disyuntiva que enfrentan los responsables políticos al intentar equilibrar la necesidad de consolidación fiscal con el imperativo de estimular el crecimiento a largo plazo”.

La OCDE también cita los gravámenes adicionales dirigidos específicamente al sector financiero y bancario. Jurisdicciones como España, Bélgica, Hungría, Irlanda, Países Bajos o Eslovaquia los introdujeron o reforzaron en 2024.

En este nuevo escenario, no obstante, hay matices. Pese a la tendencia al alza en los tipos, la OCDE también detecta medidas de reducción de la base imponible, es decir, de la cuantía final de los ingresos sobre la que se calcula la factura de las empresas. Muchos países han optado por ampliar deducciones o créditos fiscales para favorecer ciertas inversiones, sobre todo en investigación y desarrollo, en tecnologías verdes y en defensa. Con los tipos nominales ya en niveles históricamente bajos, la estrategia ha sido ofrecer ventajas fiscales más selectivas en lugar de recortes generales del gravamen.

El cambio de rumbo detectado a nivel fiscal no se limita solo a sociedades. La tributación sobre las personas físicas también se endureció, sobre todo en la parte alta de la distribución, a través de recargos en los tipos máximos y subidas en las rentas del capital. La OCDE explica que el propósito de estas reformas fue doble: aumentar los ingresos y reforzar la progresividad del sistema. Por eso, junto a esas subidas se mantuvieron medidas de apoyo a ciertos grupos, aunque más focalizadas que en años anteriores. Si durante la crisis de precios energéticos los alivios fueron generalizados, en 2024 se concentraron en jóvenes, familias y personas mayores.

Las cotizaciones sociales siguieron la misma lógica. Con sistemas sanitarios y de pensiones sometidos a más presión, la mayoría de países optó por elevar los tipos. Al mismo tiempo, se modificaron las bases de cotización: en algunos casos se ampliaron los techos máximos o se extendió la cobertura a nuevas rentas; en otros, se aplicaron reducciones para ciertos colectivos con el fin de incentivar su participación en el mercado de trabajo.

El impuesto sobre el valor añadido también refleja la transición. Muchos gobiernos mantuvieron tipos reducidos para bienes de primera necesidad ―como alimentación, energía, vivienda, salud o cuidados infantiles― alegando razones de equidad y justicia fiscal. Sin embargo, al disminuir las presiones inflacionistas, se inició la retirada de muchas de las rebajas temporales aprobadas durante la pandemia y la crisis energética, con el objetivo declarado de reforzar la recaudación.

Junto al IVA, los impuestos especiales también ganaron protagonismo. Muchos países incrementaron los gravámenes sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, una decisión destinada a recaudar más y a fomentar hábitos de vida más saludables. En el ámbito ambiental, se puso fin a las rebajas temporales de los impuestos sobre carburantes que se habían aplicado en 2022 y 2023. A partir de 2024, varios países retomaron la senda de los aumentos en los combustibles fósiles.

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