Asisa se suma a Adeslas en la vuelta a Muface para seguir dando atención médica a funcionarios
1,53 millones de personas están cubiertas por esta mutualidad
La compañía de seguros de salud Asisa acaba de confirmar lo que era un secreto a voces en el sector: la entidad estará en el nuevo concierto de Muface para el periodo 2025-2027. Se suma así a Adeslas, que la semana pasada avanzó que seguiría atendiendo al millón de funcionarios y sus 530.000 familiares directos, que reciben atención médica a través de esta mutualidad.
La decisión de Asisa supone un balón de oxígeno para un colectivo que llevaba casi cinco meses con serias dudas sobre cómo sería su acceso a los servicios de salud. La aseguradora explica en un comunicado que “aprecia el esfuerzo realizado por la Administración para mejorar la financiación e introducir elementos que añaden equidad al modelo”. Con estas palabras, se refiere al incremento del 41,2% en las primas medias que pagará el Gobierno para que el sector asegurador atienda a los mutualistas de Muface —fundamentalmente, profesores de primaria, secundaria y universidades, junto con inspectores de Hacienda, policías nacionales o agentes de Aduanas—.
Asisa también hace referencia al reconocimiento desde Muface de que las compañías que participen en el convenio podrán solicitar una compensación en caso de que el presupuesto por ofrecer asistencia sanitaria a los funcionarios se desvíe mucho de lo previsto, como ha ocurrido con el último concierto 2021-2024. Adeslas, Asisa y DKV, que han prestado atención médica a los beneficiarios de Muface en los tres últimos años, se han quejado de haber registrado pérdidas por más de 600 millones de euros, debido a la infrafinanciación del modelo.
El modelo Muface existe desde hace 50 años y permite a ciertos funcionarios (un tercio del total) escoger cada año si quieren que la mutualidad les provea de sanidad pública o de sanidad concertada, a través de alguna de las aseguradoras que participan en el concierto. En la última licitación, el 33% de los mutualistas escogió ser atendido por Adeslas (propiedad al 50% de Mutua Madrileña y CaixaBank), mientras que otro 24% se decantó por Asisa. La tercera aseguradora, DKV, solo fue elegida por un 13%.
Aunque esta última compañía aún no se ha pronunciado sobre si acudirá al nuevo convenio, fuentes financieras se inclinan porque preferirá quedarse fuera. Así ha ocurrido con una licitación similar, denominada Muface Internacional, y que cubre la atención médica de unos 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero. DKV llevaba esta licitación hasta ahora, pero en el nuevo pliego no se ha presentado, y ha sido la pequeña compañía Nueva Mutua Sanitaria quien ofrecerá este servicio. Otras entidades, como Sanitas, Mapfre y Axa, también han analizado el pliego, pero hay pocas probabilidades de que se presenten. El plazo termina el 4 de marzo.
Aunque la mayoría de los funcionarios que están cubiertos por Muface trabajan para las comunidades autónomas —sobre todo el colectivo docente—, el organismo encargado de sacar la licitación es el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, encabezado por Óscar López. Este departamento lanzó un primer concurso público en octubre, con una mejora en las primas del 17%, que quedó desierto. Hubo un segundo incremento que tampoco convenció al sector asegurador, y no fue hasta la propuesta del 41,2% y las garantías de compensación, cuando ya se han convencido Adeslas y Asisa. El presupuesto total para los tres ejercicios está en 4.800 millones de euros.
Una vez que la semana que viene concluya el plazo para presentarse al convenio y Muface sepa con que aseguradoras puede contar empezará un nuevo episodio de este conflicto. Las compañías de seguros que estén en la mutualidad, como Adeslas o Asisa, no dan toda la asistencia sanitaria, sino que firman convenios con grupos hospitalarios y cuadros médicos. Estos están reclamando desde hace años una mejoría en la compensación que reciben por dar servicio a los asegurados de Muface. De hecho la asociación de médicos autónomos (Unipromel) ha tratado de frenar este modelo de colaboración público-privada al considerar que puentea a los profesionales de la salud y perjudica claramente sus intereses y los de los pacientes.
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