El Perte de economía social ya ha movilizado 2.500 millones de euros

El Gobierno ha hecho balance este lunes del despliegue de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) relacionados con economía social y cuidados. Ya se han movilizado 2.500 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, que ha presidido un encuentro con el resto de departamento implicados. Estos fondos han beneficiado a 4.400 entidades repartidas por el país. “No son solo números, es una apuesta real y concreta p...

El Gobierno ha hecho balance este lunes del despliegue de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) relacionados con economía social y cuidados. Ya se han movilizado 2.500 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, que ha presidido un encuentro con el resto de departamento implicados. Estos fondos han beneficiado a 4.400 entidades repartidas por el país. “No son solo números, es una apuesta real y concreta por otra manera de hacer política económica, una que no mide el éxito solo en crecimiento del PIB, sino en bienestar, cohesión y dignidad”, ha comentado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La economía social, el apellido que también ostenta el ministerio de Díaz (Trabajo y Economía Social), es la que desarrollan entidades con una naturaleza diferente a la de una empresa, como las mutualidades sin ánimo de lucro, las cooperativas, las fundaciones, las cofradías o las sociedades laborales. Supone el 10% del PIB y sustenta dos millones de empleos directos e indirectos, según las estimaciones de Trabajo.

Algunos de los proyectos impulsados con estos fondos son: plan integral de impulso a la economía social; digitalización de las entidades locales; línea para luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial; programa para el crecimiento pyme; ayudas a las explotaciones agrarias de titularidad compartida; premios a la innovación de las mujeres rurales; red de investigación en cronicidad, atención primaria y prevención y promoción de la salud; modernización de los servicios sociales; formación modular para la cualificación y recualificación de personas en situación de desempleo; actualización del catálogo de cualificaciones del sector cuidados; plan corresponsables; inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución...

Todas estas iniciativas se han financiado con los 2.500 millones de euros ya mencionados —con una ejecución del 92%—, que se reparten entre 10 ministerios. La mayor parte de los fondos corresponden al Ministerio de Derechos Sociales: 1.999 millones. Es el 80% del total. También es importante el despliegue en Educación y FP, con 204 millones, el 8%, y en Trabajo y Economía Social, con otros 100 millones. Igualdad ha dedicado 66,9 millones, el 2,7% del total.

Por territorios, el 17% se ha ejecutado en Andalucía, el 15% en la Comunidad de Madrid, el 10% en la Comunidad Valenciana, el 9% en Cataluña, el 6,4% en Castilla y León, el 6,2% en Galicia, el 4,8% en Euskadi, el 4,7% en Castilla-La Mancha, el 4,6% en Canarias, el 3,8% en Aragón, el 3,1% en la Región de Murcia, el 2,7% en Extremadura; el 2,6% en Baleares, el 2,4% en Asturias, el 1,6% en Cantabria, como en Navarra, el 1,5% en La Rioja y medio punto tanto en Ceuta como en Melilla. Un 2,7% fueron a parar a proyectos de ámbito estatal.

Trabajo subraya otras cifras relacionadas con este PERTE: el 96% del importe ha beneficiado a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, el 85% ha tenido impacto local, el 68% se ha destinado a innovación; y el 65% ha tenido impacto de género.