España gasta cuatro veces menos que Europa en vivienda social

España encara la crisis de acceso a la vivienda en peor posición que muchos de sus vecinos. El gasto nacional en protección social en vivienda supone menos de una cuarta parte del que realizan en promedio los países de la Unión Europea. Entre 2007 y 2021, el país destinó apenas 34 euros por habitante a este concepto, una cifra que contrasta con los 160 euros anuales de media en el club comunitario, según los datos del Boletín Especial de Vivienda Social 2024 que recientemente ha publicado el ...

España encara la crisis de acceso a la vivienda en peor posición que muchos de sus vecinos. El gasto nacional en protección social en vivienda supone menos de una cuarta parte del que realizan en promedio los países de la Unión Europea. Entre 2007 y 2021, el país destinó apenas 34 euros por habitante a este concepto, una cifra que contrasta con los 160 euros anuales de media en el club comunitario, según los datos del Boletín Especial de Vivienda Social 2024 que recientemente ha publicado el Ministerio de Vivienda.

Irlanda lidera la tabla con un gasto de 334 euros por habitante, seguida de Dinamarca (318), Francia (274) y Finlandia (246). España, en cambio, ocupa un lugar en la parte baja de la clasificación, con una inversión que apenas cubre las necesidades de la población en riesgo de exclusión residencial. Si se analiza el gasto como porcentaje del Producto Interior Bruto, la situación es similar con una tasa de apenas el 0,14% frente al 0,54% de la UE. En el concepto de vivienda social están incluidos los inmuebles de titularidad pública destinados al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, siempre bajo condiciones de renta o venta limitadas y orientadas a personas o familias con dificultades para acceder al mercado.

La falta de inversión española se ha traducido en un escaso parque de vivienda social disponible. Solo el 3,3% de las edificaciones de vivienda habitual están bajo régimen de alquiler asequible, es decir, por debajo del precio de mercado. Se trata de una cifra que crece respecto al anterior boletín (de 2020) porque esta vez se ha calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Pero aun así palidece frente al 29% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 20% de Dinamarca. Incluso Francia y Suecia, con el 17% y el 16% respectivamente, están muy por delante de España en términos de vivienda social. El documento precisa que para alcanzar la media europea, que calcula en el 8%, el país necesitaría añadir a su parque social al menos 850.000 casas, una meta que parece lejana con los actuales niveles de inversión.

A pesar de un leve cambio de tendencia desde 2019, con un aumento paulatino de las viviendas protegidas edificadas ―en un lustro se han contabilizado 46.114 casas de este tipo―, España sigue lejos de los estándares europeos. No es solo una cuestión de números, sino de enfoque: mientras otros países han desarrollado sistemas robustos de vivienda social como una herramienta clave de la política pública, España sigue dependiendo en gran medida del sector privado para cubrir las necesidades habitacionales de la población, incluida la más vulnerable.

El documento refleja que el modelo nacional ha favorecido históricamente el gasto en promoción de vivienda privada sobre la de protección social. Entre 2007 y 2022, la inversión para fomentar la edificación de vivienda libre alcanzó de media los 47 euros por habitante, es decir, un 37% más que para el parque social. Además del poco desembolso gubernamental, hay un segundo factor que explica la falta de oferta de pisos protegidos: muchos inmuebles de este tipo han pasado a ser de precio libre en estos años porque así lo permite la ley tras pasar cierto tiempo.

Aunque el Observatorio de Vivienda no especifica en este boletín el número de casas que se han liberalizado, un estudio del año pasado de Comisiones Obreras señalaba que si en las últimas cuatro décadas no se hubiera permitido la descalificación de inmuebles y se hubiera apostado por la creación de espacios residenciales accesibles, España podría disponer hoy de 4,7 millones de hogares a precio tasado, en lugar de los aproximadamente 300.000 que el sindicato calcula que existen.

Brecha entre comunidades

Las diferencias de inversión en políticas de vivienda dentro del propio país también son notables. Comunidades como Navarra y el País Vasco destacan por su mayor desembolso, con una media de 186 y 76 euros por habitante, respectivamente. Ambas cifras superan con creces la media nacional de 40 euros que se registró entre 2002 y 2023. En el otro extremo, regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana se encuentran a la cola, con inversiones notablemente inferiores que no llegan a los 20 y 30 euros por habitante, según las cifras del documento.

El País Vasco también es, con diferencia, la comunidad que más ha invertido en los últimos dos años en promoción de vivienda en alquiler asequible, con un presupuesto que rondó los 258 millones de euros entre 2023 y 2024, según las cifras oficiales. Del otro lado, hay territorios donde el presupuesto es muy bajo o inexistente. Este es el caso de Asturias y Baleares, donde esta partida no alcanzó los cuatro millones de euros entre los dos años, o Murcia, donde directamente no se contempla. En cuanto a promoción de vivienda sujeta a cualquier tipo de protección pública, Madrid ha sido la que más ha desembolsado, con más de 72 millones de euros. Muy por detrás se ha situado Cataluña, con poco más de 40 millones.