Entregas a cuenta y cambios en el IRPF para rentas bajas: las medidas que caen del nuevo decreto

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la mayor parte del decreto ómnibus que cayó la semana pasada en el Congreso tras ser rechazado por el PP, Vox y Junts. Y lo ha hecho después de que el Gobierno alcance un pacto de última hora con la formación catalana, que esta vez votará a favor del plan tras hacer valer su papel imprescindible en un Congreso caracterizado por las minorías parlamentarias. El nuevo texto mantiene el ya conocido como escudo social, que incluye medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Sin embargo, renuncia al conjunto del paquete tributario que sí estaba en el primer texto, y que se votará más adelante en un decreto propio, después de que sea negociado punto por punto.

Además de los cambios fiscales, precisan desde Junts, también quedan fuera las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, y la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Desde la formación catalana explican que, para poder dar el visto bueno a los anticipos, antes deberá haber una redistribución distinta de los objetivos de déficit y una “negociación seria” sobre el concierto económico de Cataluña. Desde el Ministerio de Hacienda se limitan a decir que el decreto tributario se negociará cuanto antes para intentar ratificarlo en las Cortes en las próximas semanas.

Entregas a cuenta

El decreto ómnibus que ha aprobado el Consejo de Ministros deja fuera los anticipos a cuenta que reciben las comunidades autónomas, una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros. Junts ha exigido eliminar esta actualización y vincularla a la senda fiscal que todavía tiene que negociarse, y que pondrá en negro sobre blanco los objetivos de déficit a cumplir por los distintos subsectores de las Administraciones públicas, incluyendo los gobiernos regionales.

Las entregas o anticipos a cuenta son los recursos que el Estado va repartiendo con antelación a las comunidades en función de las previsiones de recaudación de impuestos que se manejan para el año. Suponen el grueso de los recursos con los que cuentan los territorios y cada ejercicio se actualizan siguiendo las previsiones que se manejan para la economía y los ingresos tributarios, dos indicadores que apuntan en la buena dirección tras varios años con viento de cola. Sin esta actualización, que en conjunto llega a 9.700 millones de euros, las autonomías recibirán en anticipos prácticamente la misma cantidad que el año pasado, es decir, unos 135.400 millones de euros a repartir entre las 15 autonomías de régimen común.

Los cerca de 10.000 millones de euros en actualizaciones, que quedan en el limbo a la espera de un nuevo acuerdo con Junts, impactan principalmente en Cataluña (1.190 millones menos), Andalucía (1.820 millones) y Madrid (1.280 millones). Tras ellas se situarían Comunidad Valenciana (800 millones) Galicia (700) y Castilla y León (600).

Impuesto bancario

También queda fuera del decreto una corrección técnica introducida por el Gobierno para limitar el impacto contable del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. En concreto, se realizaban cambios técnicos en los periodos impositivos y de devengo para que el nuevo impuesto, aprobado a finales de diciembre, no se solape con el gravamen temporal.

Segundo pagador

A la espera de la negociación con Junts, también queda en el aire el incremento (desde los 1.500 a los 2.500 euros) de la cuantía de la renta del segundo pagador para aplicar el límite máximo de 22.000 euros a la hora de declarar en el IRPF. “Con la finalidad de reducir las obligaciones tributarias de perceptores de rentas más bajas, se eleva a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores, de manera que opere, en estos casos, el límite general de 22.000 euros de rendimientos íntegros del trabajo para estar obligado a presentar declaración por este impuesto”, explicaba el texto original.

Otras medidas

De la negociación con Junts también dependerá la ampliación, durante un año más, de las deducciones previstas en el IRPF para los contribuyentes que realicen obras y reformas pensadas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. De igual manera, queda en pausa la ampliación temporal para aplicarse las deducciones fiscales previstas por adquirir vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga.

También habrá que esperar a las negociaciones para ver en qué queda la prorroga durante 2025 de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. El objetivo de la medida, según el decreto original, es “establecer un marco normativo estable que permita a los pequeños autónomos continuar aplicando el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica, evitando, además, un incremento en sus obligaciones formales y de facturación”.