VIVIENDA

Isabel Rodríguez dice que la empresa pública de vivienda partirá de la reconversión de Sepes

La futura sociedad construirá vivienda en suelos propiedad del Estado, para compra y alquiler, y se sumará a más de un centenar de compañías públicas que ya tienen los ayuntamientos, comunidades y otras Administraciones

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.Kai Försterling (EFE)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado este martes que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pasado congreso federal del PSOE en Sevilla, tendrá como “germen” la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Esta sociedad pública ya existente será reconvertida y “fortalecida” para abordar el problema de la vivienda de manera “integral”: desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión, ha explicado la ministra.

En este sentido, Rodríguez ha indicado que se dispone de “mucho suelo” propiedad de la Administración General del Estado (AGE). Y se ha referido a parcelas del Ministerio de Defensa, a suelos de Adif (el gestor de la infraestructura ferroviaria) y de Sepes, e incluso de la Sareb, el conocido como banco malo, que aglutina miles de viviendas y activos inmobiliarios traspasados por los bancos tras la crisis financiera de 2012.

“Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, Sepes, se va a completar con otras acciones (...) Los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario, se pueden traducir en vivienda asequible o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del PP como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa”, ha señalado Rodríguez en declaraciones a TVE.

La ministra ha asegurado que los Ministerios económicos del Gobierno llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esa nueva empresa. “Se tratará de convertir y fortalecer Sepes”, ha explicado la ministra, quien ha precisado que la futura empresa pública de vivienda se lanzará de manera “inminente” y no necesita de un acuerdo en Consejo de Ministros para ponerse en marcha. Rodríguez también ha especificado que la compañía pública construirá viviendas asequibles, tanto para alquiler como para compra, en colaboración con las constructoras. “Tenemos que promover mucha vivienda, estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta”, ha apuntado.

164 empresas públicas

De esta manera, la ministra ha despejado una de las dudas que sobrevolaban en el sector inmobiliario desde que Sánchez anunció la intención de crear una empresa pública sobre vivienda. Era precisamente la del encaje de la futura sociedad con las que ya tiene el Estado vinculadas con el sector inmobiliario, Sepes y Sareb. Ambas forman parte de la AVS, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, que cuenta con 164 empresas o agencias de vivienda que dependen de distintas Administraciones, desde la central hasta diputaciones o ciudades.

“La opinión generalizada es que todo lo que sea sumar en este momento de emergencia habitacional es positivo”, resume el presidente de la AVS, José María Cerezo, “pero también decimos que existe una red importante en España de empresas públicas de vivienda y que ocupa toda la geografía”. Algunas de esas compañías públicas tienen tradición centenaria, como las de Bilbao o Sevilla. Y la propia ministra se ha referido durante su intervención en TVE a la del área metropolitana de Barcelona y a la del País Vasco. Como estas compañías en ocasiones se nutren de suelos procedentes de la Administración central, una duda es qué sucederá en adelante cuando la empresa estatal también promueva viviendas en sitios donde hay compañías locales o regionales que ya se encargan de ello.

La posibilidad de construir ya existía en realidad. Los estatutos de Sepes recogen en su artículo cuarto, el que se refiere al objeto de la sociedad, el de promoción, adquisición y preparación de suelo y actividades urbanísticas. Y añade a eso “cualquier otra actividad relacionada (...) incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones de cualquier uso”. Las palabras de la ministra, por tanto, apuntarían a desarrollar esa pata que hasta ahora era solo una posibilidad sobre el papel.

Con ello se satisfaría la inquietud de algunos socios del PSOE, que le han pedido un papel más activo del Estado en el mercado de la vivienda. Pero no con el instrumento que esas fuerzas políticas esperaban: la semana pasada, Sumar presentó una proposición no de ley en el Congreso para paralizar la venta de la promotora que tiene Sareb y transformar esta en un instrumento para levantar y sostener un parque de vivienda pública. La ministra Rodríguez ha hablado de “incorporar” cosas desde Sareb a la empresa estatal de vivienda, pero ha dejado claro que la base para su creación será Sepes. El Estado tiene algo más del 50% de participación el banco malo, que comparte con entidades privadas y aseguradoras, ya que nació en 2012 precisamente para que estas pudieran volcar ahí todo el ladrillo tóxico que tenían y mejorar sus balances.

Pero en esta ocasión, tampoco parece convencer a los socios de Gobierno el ritmo de actuación. Este lunes, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseguró que “la noticia es bienvenida”, pero recordó que “esto no sirve para bajar hoy el precio de la vivienda”, reclamando una mayor intervención en el mercado. En sentido opuesto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) pidieron más colaboración público-privada. “Una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda”, advirtió la primera de estas patronales.

Una vía que en los últimos años han promovido el Estado y algunas comunidades autónomas ha sido la cesión de derechos de superficie a operadores privados. Estos construyen viviendas que luego pueden explotar en alquiler a un precio tasado por la Administración durante un plazo no superior a 75 años. Es un sistema parecido, salvando las distancias, a las concesiones de las autopistas. Y los expertos creen, al margen de los recelos en las empresas del sector, que es compatible con la nueva sociedad pública. “No me parece mal esa fórmula de colaboración público-privada, pero está bien que el Estado tenga otra posibilidad más a través de la gestión directa”, resume Javier Burón, quien ha trabajado para varias administraciones y para el sector privado y actualmente es gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Navarra.

Pero el propio Burón añade la que es una preocupación de todas las personas consultadas en el sector, tanto si trabajan en empresas públicas como privadas: la necesidad de más presupuesto. “En el debate público hay que decir que si el problema es la vivienda, habrá que poner más medios, y no temporales sino permanentes”, concluye el experto.

Más información

Archivado En