Sumar pide la paralización de la macroventa de la promotora de viviendas de Sareb

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se va a encontrar con un obstáculo para la macroventa de su promotora de viviendas Árqura Homes, en una operación valorada en alrededor de 800 millones de euros. El grupo Sumar, uno de los dos socios del Gobierno junto al PSOE, ha presentado este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para “suspender de manera inmediata” esa transacción, que afecta a suelo p...

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se va a encontrar con un obstáculo para la macroventa de su promotora de viviendas Árqura Homes, en una operación valorada en alrededor de 800 millones de euros. El grupo Sumar, uno de los dos socios del Gobierno junto al PSOE, ha presentado este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para “suspender de manera inmediata” esa transacción, que afecta a suelo para 16.000 viviendas.

La sociedad, controlada mayoritariamente por el Ministerio de Economía a través del FROB, ha puesto en el mercado esa venta, para lo que cuenta con el asesoramiento de Deloitte. Tal como informó Cinco Días hace dos semanas, esa cartera cuenta con un valor aproximado de 800 millones, que el inversor puede pagar a plazos para favorecer que haya más interesados, y dispone de suelo para 12.000 casas y otras 4.000 ya están en construcción. La intención del conocido como banco malo es cerrar esa operación en 2025.

En el mercado había surgido en los últimos días la duda sobre esta operación y si el Gobierno podría obligar a cancelarla por motivaciones de política de vivienda. De hecho, desde alguna promotora y fondos comentan en privado que no saben si invertir tiempo y dinero en estudiar la operación, la conocida como due dilligence, por el riesgo de que se pueda suspender en el último momento.

Sumar da ahora un paso en ese sentido. El grupo de la izquierda solicita también en esa proposición aprobar los cambios normativos necesarios para redefinir el objeto social de la Sareb, “priorizando la promoción de vivienda pública y asequible”, frente a la prioridad actual de desinversión, “que contrasta con las crecientes necesidades sociales”.

De hecho, el grupo insiste en el documento que esa transacción “podría tener consecuencias irreversibles”, ya que, en esa venta de una participación mayoritaria de Árqura, “los grandes fondos de inversión son los principales interesados”, se prosigue en el documento. Además, achaca a estas firmas la presión en el alza de precio de la vivienda: “Estos actores, ampliamente señalados como responsables del tensionamiento del mercado inmobiliario, han contribuido al aumento de precios y a la especulación, alejando aún más la posibilidad de acceso a una vivienda asequible para miles de familias”.

El conocido como banco malo, presidido por Javier Torres, se constituyó en 2012 con una deuda de 50.781 millones para pagar los activos tóxicos que procedían de las cajas de ahorros. Uno de sus cometidos ha sido ir reduciendo esa deuda, avalada por el Estado, con la caja del negocio, por eso ha priorizado las desinversiones, porque la entidad tiene un mandato liquidador gubernamental hasta 2027, cuando debería desaparecer Sareb. A cierre de 2023, ese endeudamiento de la sociedad pública se quedó en 29.413 millones, un importe que si no se devuelve a los tenedores de deuda (bonistas) antes de 2027 tendrá que asumirlo el Tesoro.

La operación de Árqura interesa, en principio, tanto a promotoras de residencial a como a grandes fondos de inversión porque sería la mayor venta de este tipo de compañías (con una gran cartera de suelo) de los últimos tiempos. Sareb trasladó a Árqura en 2019 terrenos que tenían interés para la comercialización de vivienda libre. Actualmente, de hecho, aunque esa inmobiliaria pertenece a la entidad pública, sus casas se venden en el mercado libre por las características de esas parcelas.

“Desde su creación, la Sareb ha priorizado la desinversión de activos para intentar recuperar el dinero público del rescate bancario. No obstante, su naturaleza semipública, con el Estado como accionista mayoritario desde 2022, permite reorientar su estrategia hacia objetivos sociales”, solicitan desde Sumar, que recuerda que la entidad cuenta con un inventario significativo, compuesto por más de 38.000 viviendas, 24.617 parcelas y 28.700 obras en curso. “Estos recursos tienen el potencial de contribuir de manera decisiva a la ampliación del parque público de vivienda y al alivio de la crisis habitacional”.

“Emergencia habitacional”

Con los precios disparados, las políticas de vivienda se han convertido en un tema de confrontación permanente entre los socios de la coalición, con un Sumar mucho más partidario de la intervención pública y la regulación. De hecho, el capítulo de vivienda es un elemento central del paquete de medidas que la formación negocia con el PSOE para los Presupuestos Generales del próximo año, con medidas como la prohibición de compra de inmuebles para especular en las zonas tensionadas o el condicionamiento de los fondos estatales de vivienda a que las comunidades apliquen la ley que limita los alquileres.

“Es una barbaridad que el PSOE, en plena emergencia habitacional, quiera vender 16.000 viviendas de la Sareb para especular y no las haya integrado ya en el parque público de vivienda”, expone Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y vicepresidente segundo de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, uno de los parlamentarios que firman la iniciativa.

“La ministra [Isabel Rodríguez] debe dejar de proteger a las socimis y otros chiringuitos de los especuladores. Urge prohibirlas o al menos crujirlos a impuestos. Una mayor fiscalidad en las rentas del capital que permita, junto a la transformación de la Sareb, ampliar el parque público para bajar los precios del alquiler”, añade el diputado valenciano, que reclama la “paralización inmediata” de la “macroventa” de la inmobiliaria y la modificación del objeto social de la Sareb para que se centre en la promoción de vivienda pública. “Hay que enterrar la herencia de De Guindos”, concluye Ibáñez.

Casas en Valencia tras la dana

La propuesta de Sumar en el Congreso también solicita garantizar, con carácter urgente, que las viviendas disponibles por la entidad pública sean puestas a disposición de las entidades locales afectadas por la dana y de la Generalitat valenciana.

Y, finalmente, pide destinar las 24.617 parcelas gestionadas por Sareb a la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas, priorizando aquellas ubicadas en las comunidades autónomas con mayor incremento del precio del suelo y los arriendos.