Bancos y energéticas quieren escaquearse de pagar impuestos

Imagine que las personas más ricas de un pueblo no quisieran aportar al sostenimiento de los gastos comunes del ayuntamiento como el alumbrado, la recogida de basuras, los gastos de organización del mercado de los domingos, las fiestas patronales, etc. Y esto a pesar de ser los más beneficiados de la existencia del pueblo, pues venden en su mercado la producción de la tierra agrícola y ganadería que poseen y explotan en sus alrededores, y son propietarios además de gran parte de los comercios ubicados en la plaza mayor. Los habitantes del pueblo reclamarían a su alcalde que impidiera este esca...

Imagine que las personas más ricas de un pueblo no quisieran aportar al sostenimiento de los gastos comunes del ayuntamiento como el alumbrado, la recogida de basuras, los gastos de organización del mercado de los domingos, las fiestas patronales, etc. Y esto a pesar de ser los más beneficiados de la existencia del pueblo, pues venden en su mercado la producción de la tierra agrícola y ganadería que poseen y explotan en sus alrededores, y son propietarios además de gran parte de los comercios ubicados en la plaza mayor. Los habitantes del pueblo reclamarían a su alcalde que impidiera este escaqueo en el pago de impuestos y acabara con este ataque al sentido común. Los ricos argumentarían que ellos generan mucho empleo en sus tierras de labranza, ganaderías y tiendas del que se benefician los lugareños, que ya pagan muchos impuestos estatales y que si les obligan a tributar se llevarán el molino que pensaban construir al pueblo de al lado, donde el alcalde sí es favorable a suprimir los impuestos a los empresarios ricos.

Este pueblo imaginario se parece a España donde las corporaciones del oligopolio bancario y energético, al igual que los ricos del pueblo, se quieren escaquear también del pago de impuestos y con ello del sostenimiento de la sociedad española, de la sanidad, educación y demás servicios e infraestructuras públicas, a pesar de que consiguen beneficios millonarios gracias a su existencia y a la organización social que posibilitan. Según las últimas cuentas consolidadas del impuesto sobre sociedades para 2022 publicadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el tipo efectivo sobre beneficios pagado por los grandes grupos financieros y energéticos es inferior al 3%. Los registros tributarios muestran que estas empresas no aportan prácticamente nada al sostenimiento de lo común. Sus dotados departamentos especializados en ingeniería fiscal logran vaciar el impuesto de contenido aprovechando todos sus agujeros.

Una de estas empresas, cuyo origen son activos de propiedad pública que fueron incomprensiblemente privatizados, ha amenazado además a la sociedad española con llevarse inversiones a otros países si se mantienen los gravámenes que se introdujeron a finales de 2022, aprovechando los escandalosos beneficios adicionales que les generó la guerra de Ucrania. Los gravámenes han permitido que, por primera vez en muchos años, la gran banca y las corporaciones energéticas aportaran algo al erario público; en concreto, en 2023 unos 1.200 millones en el primer caso y más de 1.600 millones en el segundo. Esto supone que ni siquiera con el gravamen, el tipo efectivo sobre beneficios de estos grandes grupos alcanza el 10%, apreciablemente por debajo del 18% que pagan las pequeñas empresas, aunque algo es algo si lo comparamos con su magra contribución previa. En consecuencia, transformar los gravámenes en permanentes es crucial para asegurar una distribución más justa de los impuestos entre contribuyentes y el Gobierno no debería rendirse ante ningún chantaje fiscal.

Junto a su continuidad hay que asegurar también su solvencia jurídica para que no sean tumbados por los tribunales como ha ocurrido con múltiples medidas de la era del “eficiente” Ministro Montoro: ventas minoristas, canon de aguas, tarifa autonómica de Hidrocarburos, RDL 2 y 3 de 2016. Precisamente, transformar los gravámenes, que son exacciones indirectas, en impuestos directos podría incurrir en doble imposición incluso aunque ésta se atenúe deduciendo parte de la cuota pagada en el impuesto sobre sociedades. Mejor no hacer experimentos fiscales en el alambre que se conviertan en la desagradable sorpresa de tener que devolver lo recaudado dentro de unos años. Lo prudente es mantener los gravámenes tal y como están actualmente, con algún retoque, como incorporar la actividad regulada a la base del gravamen sobre las empresas energéticas y sumar a todas las entidades de crédito en el ámbito de aplicación del gravamen a la banca.

Tampoco es prudente que el principal promotor de la transformación de los gravámenes en impuestos sea una hacienda territorial con recursos por encima de la media, que aumentará con el traspaso esa distancia y podrá incluso incrementarla aún más, gracias a la nueva capacidad normativa que ganará y que le podría permitir hacer un diseño diferente del impuesto que animara una mayor localización de la actividad de estos grandes grupos empresariales en su territorio. El resultado sería un porcentaje de participación en la recaudación total por encima de su peso en la actividad, como ya sucede en el Impuesto de Transacciones Financieras. Esta privatización territorial de los ingresos públicos se quiere hacer, además, en un momento crítico para el conjunto del país, en el que crece exponencialmente la exigencia de nuevos ingresos en el presupuesto estatal para hacer frente a la consolidación fiscal impuesta desde la UE, a las importantes devoluciones pendientes a mutualistas y grandes empresas, y a la necesidad de seguir ampliando derechos sociales.

Fuerzas territoriales han propuesto, asimismo, rebajar el impuesto a las energéticas o incluso que desaparezca. A esto último se ha plegado una parte del Gobierno. Pero dejando a un lado esta medida extrema, la menos radical también es problemática. En efecto, descontar una parte de las inversiones estratégicas del impuesto sobre las energéticas, como se ha llegado a proponer, supone subvencionar inversiones que ya se están ejecutando sin necesidad de ningún incentivo fiscal, pues se trata de inversiones críticas para la supervivencia de estas compañías y no llevarlas a cabo conduciría a su desaparición. El motivo es que muchas de estas grandes corporaciones son campeonas en contaminar nuestro planeta y si no se transforman en empresas verdes desaparecerán. La extorsión a la que quieren someternos con la amenaza de deslocalizar inversiones no debe ser aceptada. Nuestra democracia y su Estado cuentan con instrumentos suficientes para responder a este chantaje.

También se ha propuesto introducir una rebaja en el impuesto a la banca. El promotor en este caso no es un partido político sino el Banco de España que, nuevamente, vuelve a anteponer los intereses de los bancos que regula al interés general del que depende. El regulador, habitualmente preocupado en sus informes por la sostenibilidad de las cuentas públicas, promueve ahora que los bancos contribuyan para este fin menos que el resto de empresas y ciudadanos y para ello propone que el resto de contribuyentes terminen sufragándole al sector bancario parte de su riesgo asegurándole así un nivel de rentabilidad también durante las crisis. Un caso más de captura del regulador, pues cuando el actual Gobernador era presidente de la AIReF, no tenía ninguna duda en recomendar un impuesto sobre la actividad bancaria similar al gravamen actual.

España cuenta con espacio fiscal para hacer frente a los importantes retos de futuro, pues todos los años el sector público deja de ingresar 80.000 millones debido a que nuestro nivel de contribución fiscal no llega ni a la media de la Eurozona, o 160.000 millones si nos comparamos con los países nórdicos. Mejorar la suficiencia de ingresos públicos debe ir acompañada, asimismo, por un reparto más justo de las contribuciones. Los gravámenes a la banca y a las energéticas puntúan alto en estos dos objetivos dado el elevado grado de escaqueo de estas empresas en el pago de impuestos. Los ciudadanos no entenderían que los descafeináramos o, peor aún, que los dejáramos caer.