Hacienda busca blindar el impuesto a banca y energéticas con un nuevo diseño para evitar litigios

El Ministerio de Hacienda está trabajando a todo tren para intentar convertir en permanentes los actuales gravámenes sobre banca y energéticas, algo que tiene que lograr antes de que termine el año y que cada vez se torna más difícil. En estos momentos hay dos grandes frentes abiertos que avanzan en paralelo, uno de carácter político y otro que atañe a cuestiones meramente técnicas. ...

El Ministerio de Hacienda está trabajando a todo tren para intentar convertir en permanentes los actuales gravámenes sobre banca y energéticas, algo que tiene que lograr antes de que termine el año y que cada vez se torna más difícil. En estos momentos hay dos grandes frentes abiertos que avanzan en paralelo, uno de carácter político y otro que atañe a cuestiones meramente técnicas. El primero pasa por intentar convencer a los socios más reticentes con la medida: el PNV y Junts, espoleados por empresas como Repsol. El segundo quiere asegurar que en caso de que los nuevos tributos reciban luz verde no sean tumbados más adelante por la justicia por aspectos formales de diseño y planteamiento. Algunas empresas ya han anunciado que llevaran el impuesto a los tribunales. Al Gobierno le preocupa especialmente tanto la competencia territorial que podría desencadenarse si las nuevas figuras se transfieren a los conciertos vasco y navarro, como la doble imposición, que se da cuando un mismo hecho imponible se grava dos o más veces. Para esto último, según confirman varias fuentes conocedoras, Hacienda baraja la posibilidad de incluir una cláusula que permita minorar parte de la cuota abonada en el impuesto de sociedades.

El Gobierno es consciente de las dificultades que tiene por delante. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que todo pasa por conseguir un acuerdo con los potenciales socios para que validen en el Congreso las nuevas figuras. “Ojalá podamos conseguir los apoyos”, dijo tras recordar que “si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría suficiente, no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos permanezcan a lo largo del tiempo”, deslizó dando a entender que las figuras tributarias están en el aire.

No obstante, entre tantas dudas e incertidumbre, Hacienda también tiene algunas certezas. Una de ellas es que los gravámenes, que nacieron bajo la figura de la prestación patrimonial de carácter no tributaria, se conviertan en impuestos plenamente integrados en el sistema fiscal español, según confirman desde el ministerio. Aunque a simple vista no lo parezca, hay varias diferencias entre ambos conceptos. Las prestaciones, por ejemplo, son finalistas y obligan a que lo recaudado se destine a un fin concreto, mientras que los impuestos sirven para financiar el gasto público en general. El aspecto más importante, sin embargo, es que bajo la figura del impuesto los dos tributos podrían traspasarse a País Vasco y Navarra para integrarse en sus respectivos conciertos, una de las líneas rojas que reclama el PNV y a la que el Gobierno parece estar dispuesto a ceder para así lograr el aval de los nacionalistas vascos.

Llegados a este punto, a los expertos del ministerio no les queda otra que encontrar fórmulas para sortear el riesgo de la doble imposición. Según reconocen estas fuentes, si la banca y las energéticas tienen que hacer frente a un nuevo tributo calculado sobre parte de sus ingresos, es más que probable que argumenten que ya están pagando por el mismo hecho a través del tradicional impuesto sobre sociedades, por lo que la medida podría caer en los tribunales. Por eso, Hacienda trabaja para que se pueda minorar un porcentaje de la cuota del nuevo impuesto con el de sociedades. Este esquema recuerda a lo que ya se hizo con el gravamen de solidaridad de las grandes fortunas y el impuesto sobre el patrimonio, que incluye una deducción similar.

Los ministerios de Hacienda y Economía también trabajan para adaptar el impuesto a la banca al contexto económico y así tener en cuenta los ciclos de crédito y la evolución de los tipos de interés, ya que desde el socio mayoritario del Gobierno se argumenta que el contexto que había cuando nacieron los gravámenes extraordinarios ha cambiado radicalmente. En paralelo, también se estudia cómo incluir en el energético una deducción por las inversiones estratégicas en industria y descarbonización.

Cuando se aprobaron los gravámenes extraordinarios, en 2022, varias empresas energéticas —como Repsol o Acciona— y algunos bancos anunciaron una ofensiva jurídica para tratar de tumbarlos. El consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, ha señalado esta semana que el gravamen “será un día tumbado en los tribunales, cosa que previsiblemente sucederá”. Por eso Hacienda quiere blindar los nuevos tributos para evitar litigios. Todos estos cambios, que resultarían en el nuevo diseño, se incluirían en una enmienda a la directiva europea que asegura una tributación mínima de las multinacionales, y que España tiene pendiente trasponer.

Las empresas, en pie de guerra

Tras las quejas personalizadas de empresas como Repsol en las últimas semanas, la protesta este jueves se volvió general. El sector financiero y energético, a través de sus principales asociaciones representativas, dieron un paso adelante y advirtieron sobre las consecuencias de convertir en permanentes los gravámenes. Pese a que el Gobierno reconoció que la medida sigue en el aire, las dos patronales financieras, AEB y CECA, lanzaron un comunicado conjunto en el que expresaron su “más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española” que tendría esta medida. También hizo lo propio casi al mismo tiempo la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Y ambas coincidieron en apuntar hacia consecuencias milmillonarias en inversión y capacidad de financiación que elevaron hasta los 66.000 millones de impacto.

“Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga”, señalaron la AEB y la CECA. A las críticas se unieron la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, quien dijo ayer que la medida va “directamente en contra de crecimiento económico”, y la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz.

Los representantes del sector afirmaron que la existencia de un impuesto permanente sobre sus ingresos “supone un obstáculo” para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas”.

Del mismo modo, también se vería afectada la capacidad de financiación de la economía real, la creación de empleo y el crecimiento económico en general, añadieron. No en vano, la banca calcula que la recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector en España. El Instituto Español de Analistas también calculó este jueves que la aplicación permanente gravamen podría provocar “un efecto negativo en la valoración de los tres mayores bancos españoles del orden del 14%”.

Por su parte, la asociación de empresas petrolíferas (AOP) considera que el tributo indefinido “comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor”. Por ello, reclamó “un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética”, con inversiones de más de 16.000 millones de euros hasta 2030 que podrían desalentarse por esta medida.

En la misma línea que la banca, la AOP asegura que este impuesto “convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada”. Además, “el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en Estados Unidos o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar”.