Los países suben impuestos a hogares y empresas tras el fin de la crisis inflacionista

La crisis generada por la pandemia de la covid-19, junto con la escalada posterior de la fuerte crisis inflacionista, llevaron a los gobiernos de medio mundo a adoptar una serie de medidas de alivio fiscal para paliar el efecto arrastre en los hogares y las empresas. Ese ciclo, sin embargo, parece haber llegado ya a su fin, según refleja el informe anual sobre reformas fiscales publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El documento, que analiza las políticas tributarias de 90 países —España entre ellos—, constata un giro en la tendencia de reducción de impuestos, especialmente en el ámbito empresarial y del consumo, y un aumento de las cotizaciones sociales.

El año 2023 marcó un cambio de tendencia en la política fiscal global. Durante los ejercicios anteriores, muchos países optaron por reducciones impositivas para ayudar a mitigar el impacto económico negativo. Estas medidas incluyeron reducciones temporales en el impuesto sobre la renta de personas físicas, en los impuestos sobre el consumo, especialmente el IVA, y en algunos casos, en el impuesto sobre sociedades. España, entre otros cambios, destacó por una reducción del IRPF a las rentas bajas y una rebaja del IVA en alimentos básicos, así como por un aumento de las cotizaciones sociales.

Sin embargo, desde el año pasado este ciclo de reducciones impositivas comenzó a revertirse. “Hay signos de desaceleración o reversión de la tendencia a la baja de los impuestos observada durante la pandemia de la covid-19 y el periodo de alta inflación que siguió”, señala el informe. Esto se traduce en un menor uso de recortes de tasas y ampliaciones de las bases impositivas, y en un aumento de los tipos en diversas categorías de impuestos. “El año 2023 estuvo marcado por un uso relativamente menos frecuente de recortes de tasas y medidas que tienen el efecto de reducir la base impositiva, a favor de aumentos de tasas e iniciativas destinadas a ampliar la base imponible para la mayoría de los tipos de impuestos”, añade.

Uno de los cambios más destacados es el impuesto sobre sociedades, que había visto una tendencia decreciente desde principios de los años 2000. Entre 2000 y 2022, la tasa media aplicada a los beneficios empresariales en los territorios analizados cayó del 28,2% al 20%. No obstante, en 2023, la OCDE señala que la tendencia de reducción no solo se detuvo, sino que cambió de dirección y subió tímidamente al 21,1%. Este aumento no fue uniforme en todos los países, pero sí incluyó a jurisdicciones importantes. Además, otros como los Emiratos Árabes Unidos y Barbados, que anteriormente no tenían un impuesto sobre sociedades, introdujeron este tributo en 2023 en respuesta a la creciente presión internacional para combatir la evasión y los paraísos fiscales.

La tendencia de reducción fiscal también se ha revertido en las cotizaciones sociales. En muchos países, estas figuras han aumentado en respuesta a desafíos demográficos como el envejecimiento de la población, que conlleva mayores costes en atención sanitaria y la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. La OCDE señala que se observa “una tendencia creciente a expandir y aumentar las cotizaciones sociales”, enmarcada en la necesidad de financiar nuevas prioridades de gasto, especialmente en países con poblaciones envejecidas.

Otro aspecto importante del informe es el aumento en la progresividad del impuesto sobre la renta en varios países. En un contexto de inflación y aumento del coste de vida, muchas jurisdicciones han optado por reformar sus sistemas fiscales para aliviar la carga impositiva sobre los hogares de bajos y medianos ingresos. En algunos casos, esto ha implicado aumentar las deducciones o reducir las tasas aplicables a los tramos inferiores del impuesto sobre la renta. En otros, además, se han incrementado las tasas en los tramos más altos del IRPF con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales.

Las presiones continuas sobre los ingresos de empresas y hogares impulsaron a las jurisdicciones a reducir los impuestos sobre el uso de energía, una tendencia que surgió en 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, a pesar de estos desafíos inducidos por la inflación, varios países —principalmente de ingresos altos— aumentaron su impuesto al carbono en 2023 para apoyar la transición verde.

El caso de España

El informe de la OCDE destaca el caso de España, que ha seguido varias de estas tendencias globales en sus reformas fiscales de los últimos años. En primer lugar, el país prorrogó la reducción temporal del IVA sobre la electricidad y el gas hasta junio de 2024, una medida destinada a aliviar la presión sobre los hogares en un contexto de altos precios energéticos. Además, se aplicó un IVA cero o reducido a alimentos de primera necesidad, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en los presupuestos familiares, una medida que fue prorrogándose a medida que la inflación seguía golpeando y que comenzará a revertirse a partir de este martes, 1 de octubre. La organización que dirige Mathias Cormann, de hecho, sitúa a España dentro de un pequeño grupo de países que ha extendido más allá de lo habitual este tipo de rebajas.

En cuanto a las cotizaciones sociales, el país introdujo en 2023 un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que incrementa las cotizaciones para asegurar la sostenibilidad del sistema púbico de pensiones ante el reto que supone el envejecimiento poblacional. Esta sobrecotización finalista para el pago de pensiones contributivas se recauda hasta 2032, cuando podrá empezar a usarse. Asimismo, se implementaron incentivos fiscales para promover la compra de vehículos eléctricos y la instalación de estaciones de recarga, alineándose con las políticas de transición energética impulsadas por la OCDE.

En el IRPF, según destaca el informe, España aumentó la deducción general por rentas del trabajo y mejoró las desgravaciones por alquiler con el objetivo de aligerar la carga fiscal sobre las familias. Además, de nuevo con el objetivo de incrementar los recursos públicos, el Ministerio de Hacienda impulsó una leve subida de las rentas del ahorro y el capital en los tramos más elevados, a partir de los 200.000 euros anuales. España también traspuso la directiva europea para implementar un tipo del 15% en el impuesto sobre sociedades y creó nuevas figuras impositivas destinadas a gravar los beneficios extraordinarios de banca y energéticas, aupados por la subida de los precios.