El Gobierno propone crear la comunidad autónoma 18, una región virtual para reducir burocracia

El Ministerio de Economía busca una nueva vía para facilitar la obtención de permisos y que se pueda operar en toda España con una especie de licencias únicas que estén siempre consensuadas con las comunidades autónomas. Y quiere empezar a trabajar en su desarrollo mano a mano con los gobiernos autonómicos. Para ello los ha convocado a una conferencia sectorial en la que quiere comenzar a identificar áreas en las que se pueda avanzar en este sentido.

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El Ministerio de Economía busca una nueva vía para facilitar la obtención de permisos y que se pueda operar en toda España con una especie de licencias únicas que estén siempre consensuadas con las comunidades autónomas. Y quiere empezar a trabajar en su desarrollo mano a mano con los gobiernos autonómicos. Para ello los ha convocado a una conferencia sectorial en la que quiere comenzar a identificar áreas en las que se pueda avanzar en este sentido.

La fórmula para desarrollar esta idea es bastante imaginativa. El informe Letta sobre el mercado único europeo propone la creación de un Estado 28 ficticio en la UE. Y esta propuesta se recoge también en el programa político de la presidenta de la Comisión Europea para su nuevo mandato. Se trata de una suerte de espacio jurídico en el que se puedan conseguir por la vía rápida licencias y permisos para operar sin problemas en todos los países de la Unión. Es una homogeneización básica de requisitos que quitaría carga burocrática y que permitiría a las empresas operar en distintos Estados con una sola licencia. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere adoptar esta misma idea para usarla dentro del Estado español, caracterizado por una estructura muy descentralizada en la que muchas de estas competencias regulatorias residen en manos de las comunidades o los ayuntamientos. El Ministerio de Economía pretende crear, de forma virtual, un distrito o régimen 18 en el que se puedan obtener permisos o licencias que valgan para todas las comunidades.

Esta iniciativa debe abordarse con un respeto absoluto a las competencias de las comunidades, subrayan fuentes del ministerio. De hecho, el Gobierno de Rajoy ya creó una especie de pasaporte único por el cual si una comunidad daba una licencia, esta valía para las demás. Pero este principio de legislación de origen y reconocimiento mutuo, que es básico para el funcionamiento de la UE, no se podía aplicar entre comunidades autónomas en España: los tribunales lo tumbaron porque atentaba contra las competencias autonómicas. Y recomendaban en su lugar armonizar la regulación.

La Comisión Europea ha reprochado muchas veces a España los problemas que sufre de unidad de mercado. Las empresas siempre se han quejado de la fragmentación de los mercados entre autonomías y de tener que hacer frente a 17 normativas distintas. Un ejemplo que se solía poner era que un ascensor que se produzca en Zaragoza se pudiera vender en Sevilla sin tener que hacer frente a más burocracia. O que haga falta lograr permisos de apertura para cada comunidad. Un sector que ha criticado a menudo estas barreras es el de la distribución y las grandes superficies. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha aprobado que las licencias de otras autonomías sean válidas en su territorio. Es la llamada Ley de Mercado Abierto.

Ahora Economía pretende impulsar esta línea de trabajo mediante el diálogo más exquisito: quiere poner de acuerdo a las comunidades para ir encontrando áreas donde poner en práctica ese distrito 18. Y que una serie de requisitos básicos sean aceptados y sirvan para operar en todas las comunidades. Por este motivo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, convocó ayer a las comunidades a una conferencia sectorial sobre regulación que se celebrará el próximo miércoles 18 y en la que se tratará de avanzar en este punto. La intención es buscar áreas en las que se pueda trabajar hacia ese modelo. Así lo anunció este jueves en una intervención en el Consejo General de Economistas. En la convocatoria remitida a los consejeros autonómicos simplemente se incluye dentro del orden del día: “Nuevas líneas de actuación de política de económica. Identificación de barreras”. En cualquier caso, esta es una materia muy sensible para las comunidades porque tienen sus propias legislaciones. Siempre despierta recelos. De ahí que Economía se muestre muy escrupulosa con los ámbitos competenciales.

En esta conferencia también se quiere aplicar el distrito 18 a las licencias que conceden los ayuntamientos. La Federación Española de Municipios y Provincias ya participa regularmente en esta conferencia sectorial de regulación. Es más, un ejemplo que brinda Economía es el de los puntos de recarga de los coches eléctricos. Esta es una competencia de los ayuntamientos y sería muy importante lograr unos requisitos comunes que faciliten su instalación, sobre todo ahora que es una de las infraestructuras que se tienen que desarrollar a toda prisa para cumplir con los objetivos de inversiones de los fondos europeos.

Bajo la ley de unidad de mercado, aquella que aprobó el PP y que se vació en los tribunales, se llegaron a revisar hasta 500 casos que habían sido enviados a Competencia. La casuística era muy variada: tanatorios que no permitían que funerarias de otros municipios acudieran a ellos; exigencias de licencia urbanística para colocar solo una antena; la prohibición a autoescuelas de impartir clases teóricas online; las diferencias existentes entre regiones para conceder estrellas a los hoteles, o que no se aceptaran análisis clínicos de otras autonomías. En general, un ámbito en el que se incidía mucho eran las barreras al comercio o las exigencias al etiquetado. Pero el varapalo en la justicia hizo que esta vía se paralizase. La vicepresidenta Nadia Calviño ya intentó en su momento cambiar la estrategia, convirtiendo la conferencia sectorial entre comunidades en un foro en el que se fomentasen las mejores prácticas, se identificasen barreras y se diesen más facilidades para hacer negocios. El distrito 18 brinda ahora una nueva oportunidad: España se encuentra en el puesto 30 del mundo a la hora de dar facilidades para hacer negocios, según el informe Doing Business que elabora el Banco Mundial.