Fedea cree que habrá más impuestos o menos servicios en el resto de regiones con el cupo catalán

El cupo catalán pactado entre PSC y ERC contempla un cambio de calado en el sistema de financiación autonómica cuyas consecuencias son todavía inciertas. Según el acuerdo, escueto en detalles hasta la fecha, la Generalitat pasará a recaudar el 100% de los impuestos que se generan en su territorio a cambio de una contribución con el Estado y con la solidaridad interterritorial. El objetivo es que Cataluña mejore sustancialmente su financiación, ya que esta aportación al resto de las comunidades estará siempre supeditada al principio de ordinalidad y a que todas ellas tengan un esfuerzo fiscal similar. Con estos mimbres, según advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), hay dos posibilidades. O que los recursos que reciben las autonomías —y en consecuencia el nivel de las prestaciones— mengüen, o que la presión fiscal en estas regiones suba para compensar la salida del sistema de uno de los aportadores netos.

El centro de estudios, sufragado por las grandes empresas del Ibex y supervisado por el Banco de España, ha publicado este lunes un documento firmado por su director, Ángel de la Fuente. En el texto, el experto destaca que el acuerdo otorga a Cataluña un control total sobre la recaudación de los impuestos en su territorio. Este cambio le permitirá incrementar de manera sustancial sus recursos, lo que inevitablemente reducirá su contribución al fondo común del Estado. “Tomar el control de las llaves de la caja”, como ha sido descrito, supone un cambio radical en el modelo de financiación, lo que “acercará al Estado a una estructura confederal, debilitando la capacidad del Gobierno central para gestionar de manera eficiente y equitativa sus competencias”.

A partir de aquí, Fedea cuestiona con dureza la viabilidad de la tesis gubernamental, que sostiene que este acuerdo puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes y que incremente los recursos totales. En lugar de ello, De la Fuente pone el foco en el impacto que este modelo tendrá sobre las comunidades que permanecen en el régimen común. Y es que, para compensar la pérdida de fondos que actualmente provienen de Cataluña, el Estado se verá obligado a buscar recursos adicionales. Esto solo será posible mediante un aumento de los impuestos en las regiones que sigan en el sistema o mediante un recorte en las prestaciones sociales y servicios públicos que reciben, por lo que “habrá claros ganadores y perdedores”. “Para que los que salen del sistema puedan mejorar, los que se quedan tendrán que perder de alguna forma. No hay otra”.

Además de los efectos sobre la redistribución de recursos, Fedea subraya que este modelo podría causar “enormes daños colaterales” en la eficiencia de la recaudación tributaria. La fragmentación de la gestión fiscal, derivada de la cesión de competencias a Cataluña, incrementará los costes de gestión y reducirá la efectividad en la lucha contra el fraude fiscal, como ha denunciado en varias ocasiones los inspectores de Hacienda. Esto, a su vez, podría tener un impacto negativo sobre la cohesión territorial y comprometer la capacidad del Estado para mantener un sistema de financiación justo y equitativo para todas las comunidades.

En lugar de avanzar hacia este modelo, Fedea propone explorar una alternativa que permita mantener la cohesión y eficiencia del sistema de financiación autonómica. Entre los “ingredientes esenciales” de esta alternativa, la fundación destaca la necesidad de una administración tributaria única, pero que realmente represente a todas las comunidades. De la Fuente sugiere la posibilidad de un consorcio a 16, en lugar de los actuales consorcios bilaterales, para gestionar los impuestos de manera conjunta y coordinada. Asimismo, aboga por el respeto del principio de ordinalidad en la financiación por habitante ajustado, es decir, que las comunidades mantengan su posición relativa en términos de financiación tras la aplicación de los mecanismos de redistribución. Finalmente, Fedea sugiere la conversión de las tradicionales cláusulas de statu quo (una teoría que defiende que las comunidades mejor financiadas no pueden perder su posición en un rediseño del sistema) en compensaciones transitorias, lo que permitiría una transición más justa y equitativa hacia un nuevo sistema de financiación.