El Gobierno carga en Estrasburgo contra la eliminación de fondos para la mediación laboral en Castilla y León

El Gobierno central le ha dicho al Consejo de Europa que la eliminación de fondos del servicio de mediación laboral en Castilla y León, conocido como Serla, es “contrario al derecho laboral español, el cual incorpora garantías para la efectividad de los mecanismos autónomos de resolución de conflictos”. Así se desprende de las observaciones que el Ejecutivo plantea al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ante la reclamación que UGT y CC OO presentaron por la...

El Gobierno central le ha dicho al Consejo de Europa que la eliminación de fondos del servicio de mediación laboral en Castilla y León, conocido como Serla, es “contrario al derecho laboral español, el cual incorpora garantías para la efectividad de los mecanismos autónomos de resolución de conflictos”. Así se desprende de las observaciones que el Ejecutivo plantea al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ante la reclamación que UGT y CC OO presentaron por la supresión de fondos del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), derivado de la acción de PP y Vox al frente de la Junta.

El texto indica: “En vista de lo anterior, solo se puede asumir que el sistema legal español respeta plenamente la Carta Social Europea, siendo la conducta de la Junta de Castilla y León contraria a las disposiciones que, en España, garantizan el respeto a la Carta”. Esta Carta es una normativa comunitaria en materia laboral y social que España ratificó en 2021. El organismo encargado de interpretarla y valorar si los países cumplen con lo acordado es el CEDS, ante el cual los dos principales sindicatos presentaron su reclamación en junio de 2023.

En ella, UGT y CC OO alegaban que la eliminación por parte de la Junta de recursos y financiación para los programas gestionados por los sindicatos denunciantes “les impide llevar a cabo sus actividades, las cuales incluyen la prevención de riesgos laborales, la promoción de la negociación colectiva, la resolución pacífica de conflictos laborales, la orientación profesional para el empleo, la integración social y laboral de los trabajadores migrantes, así como la promoción del diálogo social”, indica el CEDS en su nota al respecto. Todo ello, en opinión de los sindicatos, contraviene cinco artículos de la Carta.

El Gobierno central reclama al CEDS “que tenga en cuenta las presentes observaciones en relación con la queja colectiva presentada, y declare que el sistema legal español respeta plenamente la Carta Social Europea revisada, siendo la conducta de la Junta de Castilla y León denunciada en la queja colectiva contraria a dicha Carta”.

“El Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha convertido en un ejemplo, denunciado incluso internacionalmente, de desprecio a los interlocutores sociales. No podemos obviar que el presidente de la Junta es responsable en primera persona del desmantelamiento del diálogo social en Castilla y León”, reconocen fuentes del Ministerio de Trabajo, que recuerdan que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, remitió el 15 de julio una carta a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo pidiéndole “la reposición inmediata del Serla”, además de desearle éxito en su nueva tarea y recordándole la importancia de este organismo y la necesidad de “abrir un nuevo capítulo de diálogo en las relaciones laborales castellanoleonesas”.

El texto, fechado a 31 de mayo, lleva la firma del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el encargado de defender a España ante el Comité, dependiente del Consejo de Europa. Arranca con un repaso histórico del Serla, recordando su fundación en 1997, y recuerda que en 2022 el Gobierno castellano y leonés anunció su intención de recortar sus fondos y que trató de dejarlo sin financiación hasta que Vox abandonó la consejería de Empleo.

“El Gobierno considera que la supresión de la financiación de la Fundación Serla impide el uso del sistema autónomo de resolución de conflictos previsto para esta comunidad autónoma. La eliminación de la financiación implica una inactividad material contraria a la ley”, indica el Ejecutivo, que recuerda los sucesivos requerimientos del Ministerio de Trabajo a la Junta para que cambiara su estrategia respecto al Serla.

En el texto remitido al CEDS, el Ejecutivo insiste en que “la Constitución Española reconoce a los sindicatos la función genérica de representar y defender los intereses de los trabajadores, legitimándolos para ejercer derechos que deben ser ejercidos colectivamente”. Agrega que las acciones de la Junta constituyen “una violación de la Carta Social revisada, ya que socava el correcto funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones empresariales como representantes de sus propios intereses económicos y sociales en Castilla y León”.

“Es evidente”, continúa el Gobierno, “la continuación de una acción contraria [...] a la normativa laboral, ya que se está limitando la efectividad de una de las disposiciones que está específicamente facultada para contemplar. Esto se debe a que se prevé la continuidad de la actividad de la Fundación Serla, pero sin la posibilidad de que lleve a cabo su actividad en relación con disputas individuales”. “La acción de la Junta de Castilla y León debe, por lo tanto, considerarse en incumplimiento persistente de la ley”, finaliza el Ejecutivo.

Portavoces de la Junta de Castilla y León insisten en las buenas relaciones con los agentes del diálogo social para restaurar el Serla e indican que aún no tienen respuesta europea y que reaccionarán cuando corresponda.

Una decisión polémica

La actitud de la Junta de Castilla y León ha cambiado desde el abandono de Vox como socio de Gobierno. La renuncia del ex vicepresidente, Juan García-Gallardo, estilete contra los sindicatos y las asociaciones laborales, se vio acompañada por el despido de los consejeros de Industria y Empleo, el también beligerante Mariano Veganzones, y el de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cesó a estos dos últimos, que amagaban con quedarse en el puesto, como sí hizo Gonzalo Santonja en Cultura con el beneplácito de Mañueco. La sucesora de Veganzones, receptor de denuncias de los sindicatos por llamarlos “comegambas” entre otras lindezas, Leticia García (PP), ha optado por la conciliación y el talante para recuperar ese diálogo social históricamente engrasado en la comunidad.

García, a los nueve días de esfumarse la extrema derecha del mando autonómico, abogó por “una interlocución fluida y una colaboración permanente para alcanzar nuevos acuerdos en beneficio de los trabajadores y las empresas” mediante una “firme voluntad de caminar por la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo”. Los sindicatos han acogido con optimismo este nuevo posicionamiento de la Junta. También se ha agradecido en el ministerio de Trabajo, tal y como destacaba una portavoz: “Ojalá el cambio haga recapacitar a la Junta sobre cómo se ha convertido en un ejemplo, denunciado incluso internacionalmente, de desprecio a los interlocutores sociales”. El ministerio recuerda que pese al adiós de Veganzones, el jefe no varía, Mañueco: “No podemos obviar que el presidente de la Junta es el mismo y él es responsable en primera persona del desmantelamiento del diálogo social en Castilla y León”.

La reconciliación con Trabajo llega después de notables desencuentros entre Castilla y León y el departamento dirigido por la también vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Esta se reunió varias veces con los agentes sindicales como fase previa a la presentación el año pasado de sendos requerimientos formales por parte del Ejecutivo para que la Junta depusiese su empeño en ahogar económicamente al Serla, un servicio de mediación laboral bien valorado por sindicatos, patronal y asociaciones de trabajadores. Este organismo recibía aproximadamente un millón de euros anuales para un ente que en 2022 tramitó hasta 3.534 conflictos individuales, la cifra más alta de sus 25 años de historia y un 30% más que en 2021. Asimismo, intervino en 341 conflictos colectivos (un 17,6% más que en 2021) que implicaron a 259.700 trabajadores de 19.142 empresas. Vox trató de dejarlo prácticamente sin financiación y finalmente accedió a reducir la partida a unos 400.000 euros, insuficientes para su funcionamiento.

El secretario general de la CEOE en Castilla y León, David Esteban, criticó que la extrema derecha lo definiera como “chiringuito” o “capricho de los sindicatos”, lo que en realidad él destacaba como una herramienta: “Las empresas no son tontas, puede ocasionar pérdida de inversión si se cargan las relaciones laborales”. Además, las partes alertaron de que fulminar este aparato de mediación para evitar conflictos o despidos podría sobrecargar aún más los juzgados especializados en causas profesionales entre empresas y contratados. La nueva consejera Leticia García se comprometió a “normalizar el funcionamiento del Serla con carácter inmediato en las mejores condiciones y atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad jurídica”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal