Fedea recomienda que la jornada laboral se reduzca mediante negociación colectiva y no por ley

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes un informe titulado ¿Cómo reducir la jornada laboral? En él compara la regulación en España con la de otros países de la OCDE, da cuenta de la reducción de horas trabajadas en los últimos años y evalúa las propuestas actuales de reducción. Tras analizar esas variables, sugiere la siguiente conclusión: “Una reducción negociada a través del diálogo social implementada a través de la negociación colectiva por sectores y empresas es más beneficiosa que una imposición legislativa”. Es decir, cree que la reducción global que plantea el Ministerio de Trabajo acarrea problemas.

Las patronales, que participan en la negociación sobre la contracción de jornada, comparten este argumento. Desde hace meses vienen repitiendo que la reducción de la jornada laboral debe negociarse sector a sector, en función de la mejora de la productividad. “En las empresas y sectores donde esa disminución ha sido compatible con el funcionamiento normal de la actividad y con su ganancia de productividad, la reducción del tiempo de trabajo se ha llevado a cabo”, dice Cepyme en un informe también publicado este lunes, coincidentes ambos con la fase final de la negociación del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. Los sindicatos suelen contraponer este argumento destacando que en los sectores en que no se ha dado una reducción no siempre se debe a la evolución de la productividad, sino a la debilidad de la parte trabajadora en la negociación.

El informe de Fedea, que firman José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola, entra de lleno en este asunto. Tras explicar que la jornada máxima legal en España se establece en 40 horas semanales, con flexibilidad por el cómputo anual y con una jurisprudencia garantista, y que los convenios pueden establecer jornadas ordinarias menores, indica: “Sin cambio normativo alguno, la negociación colectiva, gracias a esta flexibilidad horaria, está ya en una tendencia de reducción de la jornada máxima convencional, si la productividad, el sector y la forma de trabajar lo permiten con viabilidad empresarial”.

Así, los autores destacan que “según el seguimiento realizado por la Comisión Consultiva Nacional de convenios colectivos del sector privado se desprende que los convenios colectivos sectoriales tienen medias en torno a 1.740 horas anuales —38 horas semanales— y los de empresa en torno a 1.700 horas anuales —37 horas semanales—”. Con ese punto de partida, el estudio de Fedea insiste: “La autorregulación colectiva, con la virtud del acuerdo entre la parte sindical y empresarial, ya camina, desde la lógica de la racionalidad económica y productiva, hacia una reducción del tiempo de trabajo”.

Efectos negativos

Los investigadores advierten de que la medida propuesta por PSOE y Sumar (reducir a 38,5 horas este año y a 37,5 en 2025) es de “gran impacto”, ya que afectaría al 67% de los ocupados, según los datos de la EPA o al 74% de los trabajadores según las estadísticas de convenios. “Supone encarecer los costes laborales en muchos sectores y con mayor intensidad en aquellos donde la productividad es, en sí misma, el tiempo de trabajo”, agregan. El incremento del coste salarial, advierten, también podría tener “efectos adversos” en la competitividad de las empresas, la evolución del empleo y el PIB, y que estos fueran mayores en las empresas más pequeñas, sobre todo en sectores como la hostelería o el comercio, “en los que la relación presencial con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar”.

“En resumen”, añaden Conde-Ruiz, Lahera y Viola, “la reducción de la jornada laboral puede tener muchos beneficios potenciales, pero es importante considerar cuidadosamente los posibles riesgos y desafíos. La implementación exitosa de estas políticas requiere una planificación cuidadosa, flexibilidad y posiblemente medidas compensatorias para mitigar los efectos negativos”. Entre esas medidas compensatorias podría estar un incremento del tope de horas extra, ahora establecido en 80 al año, como pedían los empresarios en la mesa de diálogo. Fuentes patronales consideran que esta medida no corregiría los efectos negativos que identifican en la reducción de jornada, pero los habría mitigado. Trabajo ha cerrado la puerta a esta posibilidad, descartando un aumento de ese máximo anual en su borrador del anteproyecto de ley.

Propuesta alternativa

Una vez hecho el análisis de situación, Fedea dice que “lo deseable” sería un acuerdo de todas las partes, del ministerio, los sindicatos y la patronal “para una adecuada implementación, con singularidades pactadas por sectores o empresas, en la negociación colectiva”. Este pacto debería tener cuatro finalidades, a juicio de estos investigadores: reducir las jornadas laborales, pero sin alterar la jornada máxima vigente en el Estatuto de los Trabajadores; revisar los sistemas de distribución horaria flexible utilizando módulos mensuales, cuatrimestrales o semestrales y no anuales, con garantías para los trabajadores de previsibilidad en la organización de sus horarios; reforzar los sistemas fiables de registro horario para evitar horas extraordinarias no retribuidas y un aumento pactado en los convenios de la retribución de estas; y mayor integración de la conciliación familiar en el diseño de los sistemas de distribución horaria.

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