El Consejo de Ministros aprueba una subida pendiente del sueldo de los funcionarios del 2%
La revalorización salarial tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y podrá sumarse un 0,5% adicional en función de la inflación
A pesar de la voluntad del Gobierno por aprobar cuanto antes una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE), tal y como había manifestado a los sindicatos la semana pasada, el Consejo de Ministros no ha aprobado finalmente este martes la mayor convocatoria pública de la historia, con más de 40.000 plazas. La aprobación, que no contaba con el respaldo de CC OO ni de CSIF, ha quedado fuera del orden del día en la reunión semanal del Gobierno, que en cambio sí ha dado luz verde al aumento salarial del 2% para los funcionarios en 2024. El incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, como así se comprometió a llevar a cabo en el acuerdo marco que firmó con los sindicatos mayoritarios. Esta alza —que se podrá elevar en un 0,5% adicional en función de la inflación cuando acabe el año—, llega sin embargo con seis meses de retraso.
El Gobierno se comprometió con UGT y CC OO (no así con CSIF) en octubre de 2022 a establecer una hoja de ruta de subidas salariales para la plantilla pública en el trienio 2022-2024. Este pacto contemplaba una subida adicional del 1,5% para 2022 (que se sumaba al 2% que ya se aplicó a comienzos de año); del 2,5% para 2023 (que se incrementó en un 0,5% adicional posteriormente); y del 2% para 2024 (con posibilidad de elevarse un 0,5% si el IPC armonizado del periodo 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de para los tres citados años). Una variable que, de acuerdo con los últimos datos del INE, ya se ha producido, lo que da a entender que este porcentaje extra se añadirá aun cuando el año no ha terminado.
La subida salarial sí que tendrá efectos inmediatos, y podrá sentirse ya en la próxima nómina. Así lo reconoció este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Para el ministro, que este aumento se haya dilatado tanto —la ausencia de Presupuestos Generales impidió que se incorporase en ella la nueva partida—, no es, sin embargo, un inconveniente para que pueda llevarse a cabo. “Nunca ha habido problemas con esto. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórrogas de los Presupuestos. No creo que sea un elemento de preocupación porque existe margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones”, aseguró Escrivá.
A pesar del aumento, CSIF mantiene la convocatoria de concentración prevista para este jueves frente al Ministerio de Hacienda. Este sindicato reclama un nuevo acuerdo salarial puesto que, según sus cálculos, desde la firma de la senda de subidas con las otras organizaciones, “los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1%”.
Aprobación final
En cuanto a los detalles finales de la oferta pública de empleo —que no requiere la firma de los sindicatos para su convocatoria, aunque el Gobierno busca que reúna los mayores apoyos—, no se conocerán hasta que se aprueben definitivamente el total de las plazas, algo que el Ejecutivo ha pospuesto este martes. De hecho, el número de plazas podría sufrir algunos cambios en los últimos momentos, así como los destinos de las nuevas vacantes. De acuerdo con los datos facilitados hasta el momento por el sindicato UGT —el único que refrenda la propuesta inicial del Gobierno— el grueso de las alrededor de 40.000 plazas (una cifra que confirma el Gobierno) irán destinadas a reforzar la Administración del Estado: cerca de 21.000 serán de turno libre, es decir, aquellas a las que puede acceder cualquiera. Junto a ellas se establecen otras 10.600 plazas de promoción interna. Este paquete se completa con la suma de la oferta de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna).
Los organismos que verán reforzará su plantilla serán el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), encargado de tramitar las prestaciones por desempleo, entre otras tareas; la Seguridad Social o la oficina de la Dirección General de Tráfico. “Más de 4.000 del turno libre irán a este tipo de servicios”, detallan fuentes de UGT. Todos los detalles trascenderán una vez esta sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar del refuerzo, las sucesivas ofertas públicas de empleo —la del año pasado fue de 39.574 plazas y la de 2022, de 34.151— apenas han incrementado la plantilla total de trabajadores públicos en 16.000 personas en el último año. Esto se produce por varios motivos: el primero, que a pesar de la grandilocuencia de los números, las bajas acumuladas durante años son superiores; y por otro, está la dificultad para consolidar la plaza. Es decir, para ocuparla una vez superado el proceso de admisión. Un letargo que, en ocasiones, lleva a que muchas de ellas caduquen y no puedan volver a convocarse.
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