Yolanda Díaz aprieta al PSOE en el Congreso para desbloquear el estatuto del becario

El 15 de junio de 2023 el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el último acuerdo del diálogo social de la pasada legislatura, el estatuto del becario, rechazado por la patronal y los rectores universitarios. En torno a un par de horas antes de que Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo empezaran sus discursos al respecto, el PSOE dejaba clarísimo que tampoco suscribía el texto: fuentes de Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos decían que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Esto no impidió que Díaz diera por hecha su aprobación aquel día. Pero la norma nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y sigue en el cajón, pese a su presentación en sociedad. El grupo parlamentario de la vicepresidenta segunda ha dado un nuevo paso para sacar adelante esta normativa y conseguir que el PSOE se mueva: este viernes registró una proposición no de ley (PNL) que, de aprobarse, instaría al Ejecutivo a tramitar “con carácter urgente” el estatuto del becario.

El acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar recoge una breve referencia a la aprobación de este texto, pero no especifica si el que debería salir adelante es el acordado con las centrales. La proposición no de ley de Sumar apuesta por el texto de junio: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la tramitación, con carácter urgente, del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa en la redacción dada por el acuerdo bipartito alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales”, reclama la PNL. Fuentes parlamentarias del PSOE consultadas en los últimos días indicaban que una norma de estas características necesita el consenso de todas las partes involucradas.

De justo eso adolece la norma que suscribieron sindicatos y Trabajo, dado el rechazo frontal de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En un comunicado se oponía “radicalmente” a la compensación de gastos que contempla la norma. “Se trata de una previsión inédita en nuestro derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”. Con el redactado actual el estatuto del becario sí recibe una evaluación positiva de los principales colectivos de estudiantes.

El rechazo al texto también proviene de algunos de los principales socios del Ejecutivo. Fuentes del PNV expresaban dudas cuando fue aprobado por sindicatos y Trabajo: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas”. ERC también se oponía al texto: “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”. Bildu tampoco apoyaba claramente la norma.

Verónica Martínez Barbero, diputada de Sumar y portavoz en la comisión de Trabajo, explica que su grupo ha registrado esta proposición no de ley para reactivar la conversación al respecto: “Entendemos que hay que sacarlo de nuevo, es importantísimo. Queremos testar cuál es la posición de los grupos, que empecemos a hablar de ello, ver por dónde late y qué podemos acordar”. No irá a comisión hasta después del verano, lo que aún deja mucho tiempo a cada grupo para definir su posición. “El texto que se acordó es completísimo y recogía posiciones tanto de la patronal como de los rectores. Es muy garantista”, añade Martínez Barbero, que identifica “razones políticas” en el rechazo original al texto: “Seguro que se pueden incorporar mejoras, pero creo que explicando bien la norma podemos conseguir que salga adelante”. También ve opciones de que cambie la posición del PSOE: “Creo que fuera del ruido de las elecciones conseguiremos ponernos de acuerdo”.

¿En qué consiste el estatuto del becario?

La norma que se firmó en 2023 se esfuerza en clarificar que las prácticas no son una relación laboral. “Se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”, indica el texto.

Además, restringe las horas de prácticas en función de su tipología. Las curriculares, que son las desarrolladas durante los estudios, no pueden superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. Un grado universitario de cuatro años se compone de 240 créditos, así que las prácticas no pueden superar los 60 créditos. Es decir, 1.500 horas, que a ocho horas al día equivalen a 188 días. Las extracurriculares, que son las que complicaron la negociación, se limitan al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o un máximo de 480 horas. Es decir, 60 días a ocho horas por jornada, la mitad que hasta ahora.

El estatuto no fuerza a las empresas a retribuir a los becarios, pero sí establece la obligatoriedad de compensar los gastos en los que incurran. Así, los estudiantes en prácticas tendrían derecho a que les abonen los gastos de transporte o manutención. Este es uno de los puntos que más críticas despertaron. Si la empresa retribuye al becario y esa cantidad es suficiente para compensar esos gastos, no hay cargas adicionales para la compañía.

Por otro lado, la norma establece que los becarios no pueden ser más del 20% de la plantilla del centro de trabajo, con el matiz para las pymes de que siempre pueden ser al menos dos; impide que trabajen a turnos o por la noche, salvo si la actividad no se puede desarrollar de otra forma; permite la compatibilización de la prestación por desempleo y las prácticas; y prevé sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas incumplidoras.

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