Los avales hipotecarios del Estado para jóvenes fijan un máximo de patrimonio de 100.000 euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la línea de 2.500 millones de avales públicos de hipoteca para jóvenes y familias con menores a cargo. El siguiente paso, una vez aprobadas las condiciones, será la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A partir de ese momento y hasta finales de 2025 podrán pedir los avales los potenciales benef...

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la línea de 2.500 millones de avales públicos de hipoteca para jóvenes y familias con menores a cargo. El siguiente paso, una vez aprobadas las condiciones, será la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A partir de ese momento y hasta finales de 2025 podrán pedir los avales los potenciales beneficiarios, aunque se contempla la posibilidad de prorrogar la medida hasta dos años más. El acuerdo ha aflorado discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo. Sumar considera que la política de vivienda “debería priorizar” otros aspectos y ha remarcado las condiciones que ha puesto para acordar la nueva línea. Una es que, además del límite de ingresos por hogar que se contempla, se fije un límite patrimonial que será de 100.000 euros. Además aseguran que quieren llevar a las deliberaciones del Ejecutivo la posibilidad de prohibir la venta de casas en mercados tensionados si estas no se van a destinar a residencia habitual del comprador.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva línea de avales, anunciada el pasado mayo, “forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición” que PSOE y Sumar firmaron el pasado octubre. Y ha asegurado que el Estado avalará a quienes no pueden acceder a una hipoteca porque, siendo solventes, no tienen los ahorros necesarios, “igual que en la pandemia avaló a empresas o autónomos”. Y ha insistido en la necesidad de una pluralidad de políticas para resolver los problemas de acceso a la vivienda. De hecho, el Ejecutivo defiende que, ampliando la capacidad de acceso a una hipoteca, se “esponjará” el mercado de alquiler en ciudades donde es más caro arrendar que comprar, pero las dificultades para lograr un préstamo crean una presión adicional sobre el mercado de alquileres.

El problema que pretende resolver la nueva línea de avales es el de hogares que no cuentan con los ahorros necesarios para comprar una casa con hipoteca. Las entidades financieras suelen otorgar como máximo un 80% del valor de la vivienda en el préstamo, por lo que se necesita disponer del 20% adicional (en realidad, sumando impuestos y gastos, alrededor de un 30%). Cuando se firme el convenio con el ICO, y los bancos de adhieran, los potenciales prestatarios podrán pedir que la hipoteca incluya ese 20% adicional, con un aval del Estado. Incluso en algunos casos podrá ser un 25% si la casa tiene altas prestaciones energéticas (calificación D o superior).

Según los detalles que ha explicado el Gobierno (la letra pequeña se conocerá cuando se firme el convenio), el aval tendrá una duración de 10 años independientemente de los plazos de amortización de la hipoteca. Es decir, que ese porcentaje extra que se concede perderá el aval estatal tras ese tiempo, que en principio debería ser suficiente para que los titulares de la hipoteca hayan pagado ya ese dinero. Los solicitantes deberán tener hasta 35 años (se perderá la posibilidad de pedirlo al cumplir 36 años, precisan en el Gobierno) o familias que superan esa edad pero tienen menores al cargo.

Otra condición es que los ingresos del solicitantes no supere 4,5 veces el IPREM (el indicador público de renta de efectos múltiples), lo que equivale a 38.600 euros brutos anuales. Si la hipoteca la pide una pareja, esto se multiplica por dos: 77.200 euros. Pero además este límite se amplía en 2.520 euros por cada menor al cargo que haya en el hogar. Y para familias monoparentales se puede ampliar el límite de ingresos hasta en un 70%.

Además, se fija el límite de 100.000 euros de patrimonio del avalado y también habrá un máximo importe que podrá valer la vivienda, otra de las condiciones que ponía Sumar. Esos límites se fijarán en el convenio y cambiarán en función de la ubicación geográfica de la vivienda. También habrá que acreditar que se es residente habitual en España, al menos en los dos años anteriores a la solicitud del aval, y destinar el inmueble a vivienda habitual. Aunque en casos de divorcio o determinadas circunstancias que impidan vivir en esa casa, se hará una excepción. Además no se puede ser propietario de otra casa, aunque si se ha heredado una parte de un inmueble o de nuevo en casos de separación matrimonial y circunstancias similares, esto no será un obstáculo.

El Ejecutivo calcula que con los 2.500 millones beneficiará a unas 50.000 personas. Esta cifra ha ido oscilando desde que la medida se anunció por primera vez en mayo del año pasado, durante la precampaña de las elecciones autonómicas y locales, en la que Pedro Sánchez y el PSOE hicieron numerosas promesas en materia de vivienda. Rodríguez ha insistido este martes en que su ministerio y el Ejecutivo seguirán trabajando en otras políticas, y como ejemplo ha puesto otra línea de avales que se llevará al ICO en próximas semanas para construir viviendas destinadas al alquiler asequible con fondos de los planes de recuperación europeos.

Críticas de Sumar

Sin embargo, la aprobación de los avales hipotecarios ha provocado fricciones tanto en el seno del Ejecutivo como con algunos de sus socios parlamentarios. Este lunes ya se desmarcó Podemos de la medida, pese a que esta fue anunciada cuando formaba parte de la anterior coalición gubernamental. Y este martes han llegado las críticas de Sumar. La formación de Yolanda Díaz ha mostrado su desacuerdo diciendo que se deben priorizar las medidas que ellos propusieron, y han citado la regulación de alquileres turísticos y de temporada o la ampliación del parque de vivienda pública. Como novedad, aseguran que propondrán a sus socios la prohibición de comprar viviendas en mercados tensionados si no se van a dedicar a residencia habitual, una medida que han aprobado países como Portugal.

La propia vicepresidenta segunda ha remarcado públicamente la diferencia de pareceres. “Tenemos una discrepancia respecto de la opción que tiene el PSOE acerca de priorizar la compra de vivienda en el ámbito privado frente al fomento de la garantía del alquiler”, ha asegurado Díaz este martes. Sumar teme, según ha transmitido la formación en una valoración remitida a los medios, que los avales hipotecarios contribuyan “a subir aún más los precios y a que los promotores absorban toda la ayuda”. En similares términos se ha expresado también Asufin (Asociación de usuarios financieros), que en un comunicado ha reclamado que “es importante tener una política de vivienda en protección oficial en alquiler sólida que permita a los jóvenes desarrollar sus carreras profesionales y, en una etapa más avanzada, comprarse una casa sin necesidad de subsidios”. A la críticas se han unido los sindicatos de inquilinos, quienes han criticado la aprobación de “ayudas ineficaces a la compra”.

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