Podemos carga contra los avales hipotecarios para jóvenes: “Sánchez parece el jefe de gabinete de Botín”

El Gobierno espera aprobar la nueva línea de avales del ICO para jóvenes que piden hipoteca en el Consejo de Ministros de este martes. La medida, que contempla un monto total de 2.500 millones y pretende ayudar a unas 250.000 personas a comprar casa, fue anunciada el pasado mayo cuando Unidas Podemos formaba parte del Ejecutivo. Sin embargo, en la formación que encabeza Ione Belarra no gusta esta idea, co...

El Gobierno espera aprobar la nueva línea de avales del ICO para jóvenes que piden hipoteca en el Consejo de Ministros de este martes. La medida, que contempla un monto total de 2.500 millones y pretende ayudar a unas 250.000 personas a comprar casa, fue anunciada el pasado mayo cuando Unidas Podemos formaba parte del Ejecutivo. Sin embargo, en la formación que encabeza Ione Belarra no gusta esta idea, como ha dejado claro este lunes su portavoz en el Congreso, Pablo Fernández. “De nada sirve que Pedro Sánchez parezca que es el jefe de gabinete de la señora Botín”, ha asegurado el diputado en alusión a la presidenta del Banco de Santander.

Además, Fernández ha sostenido, en declaraciones recogidas por Efe, que dar créditos ICO para familias que quieren hipotecarse es “regalar dinero público a los bancos sin decir que regalas dinero público a los bancos”. Y ha insistido en la poca utilidad que, a juicio de su formación, tiene esta medida, por lo que ha criticado tanto al PSOE como Sumar, las dos fuerzas que forman el actual Ejecutivo de coalición. Este no ha respondido públicamente, pero fuentes del mismo recuerdan que “en mayo no dijeron nada en contra” y señalan que seguramente se produzca algún pronunciamiento al respecto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La línea de avales para hipotecas con créditos del ICO fue anunciada por el Ejecutivo durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Y recientemente, ya con Podemos fuera del Gobierno y del grupo parlamentario de Sumar (tras un desacuerdo por el reparto de ministerios, la formación decidió pasarse al grupo mixto), insistió la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en que su puesta en marcha era “inminente” y se produciría este febrero.

La medida copia lo que han hecho otros países (el programa más conocido es el Help-to-buy o ayuda para comprar, que puso en marcha el Reino Unido) y también algunas comunidades autónomas, e incluso entidades bancarias, para ayudar a los jóvenes a hipotecarse. Como el problema para una parte de la población es que los bancos suelen conceder como tope el 80% del precio de la vivienda y no tienen ahorros para pagar al contado el resto, la idea es conceder ese porcentaje que no pueden cubrir en un préstamo con un aval adicional. En este caso, se trataría de un aval público a través del ICO.

Según los detalles que se dieron a conocer en su momento, aunque habrá que esperar a que el Consejo de Ministros apruebe las condiciones exactas con las que el ICO constituirá un nuevo convenio, estos avales se dirigirán a personas de hasta 35 años u hogares con menores al cargo. En principio podrán cubrir hasta el 100% del valor de tasación de la casa o el importe de la compra (el valor que sea menor) aunque en las iniciativas similares que funcionan hasta ahora, es frecuente poner un tope del 95%. Y lo podrían solicitar quienes tengan unos ingresos de hasta 4,5 veces el IPREM (37.800 euros, según el baremo de 2024), lo que significa que en el caso de una pareja que pida una hipoteca conjunta, el hogar podría ingresar hasta 75.600 euros.

El Gobierno ha justificado el retraso en implantar la medida en el ciclo electoral que se vivió el año pasado y las posteriores negociaciones tanto para la investidura como para la formación de un nuevo Ejecutivo. Cuando se anunciaron nueve meses atrás, los avales formaban parte de una batería de medidas, entre las que se contemplaba otra línea del ICO, de 4.000 millones y también prometida para este febrero, para la construcción de edificios energéticamente eficientes destinados al alquiler asequible. Estas formaban parte de las 183.000 nuevas viviendas públicas (o en colaboración público-privada) prometidas por el presidente, Pedro Sánchez, sin un plazo concreto.

Precisamente, este lunes se ha dado a conocer un estudio sobre la colaboración público-privada para la promoción de vivienda en España. Auspiciado por el Instituto de Estudios Económicos (el IEE, un centro de análisis del que forman parte las principales patronales y grandes empresas de todos los sectores), el trabajo cuenta con el análisis de diversos expertos en vivienda. Y la presentación ha servido al IEE para dejar claro una vez más el rechazo frontal que en el ámbito empresarial generan los controles de precio de alquiler que la ley estatal de vivienda habilitó y que, al menos de momento, solo Cataluña tiene intención de poner en marcha.

Aunque el IEE subraya que “resulta necesario que todos los esfuerzos se centren en vivienda en alquiler”, queda claro que duda sobre la capacidad para incorporar 183.000 viviendas a los parques públicos de vivienda porque “parece un objetivo ambicioso”. Y lo mismo asegura de la intención, anunciada por Sánchez en varias ocasiones, de lograr que España tenga al menos un 20% de viviendas sociales (actualmente no llega al 2%): “Parece evidente que un objetivo tan ambicioso no podrá ser logrado únicamente a través de la iniciativa pública”, señalan en el centro de estudios.

Por ello, el IEE apuesta por un programa en el que grandes propietarios cedan viviendas a las comunidades autónomas por un plazo de 25 años a un precio que esté un 20% por debajo del índice de precios de referencia que prevé la ley de vivienda. La renta estaría, por tanto, avalada públicamente independientemente del uso que luego la Administración de a ese inmueble: podría ofrecer, por ejemplo, un arrendamiento social a un precio muy inferior y hacerse cargo de la diferencia. Se trata, en realidad, de una propuesta que los grandes caseros llevan años persiguiendo, aunque siempre han exigido que, por seguridad jurídica, la cesión y el aval se firmen con la Administración estatal, algo que el Gobierno ha rechazado en alguna ocasión aduciendo que la vivienda en una competencia transferida a las comunidades.

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