Empresas e instituciones públicas ignoran el pago de las cotizaciones de los becarios no remunerados
Aunque estaba pensado como una solución excepcional, el 5% no bonificado casi siempre lo asumen las universidades, según los datos que han facilitado a EL PAÍS. La Seguridad Social paga el 95% restante
Las empresas privadas y las instituciones públicas no asumen la parte que les corresponde de la nueva cotización de las prácticas no remuneradas en las becas. Es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros mensuales por estudiante, pero no se están haciendo cargo. Así se desprende de los datos proporcionados por varias universidades públicas a petición de EL PAÍS respecto a enero, el primer mes de aplicación ...
Las empresas privadas y las instituciones públicas no asumen la parte que les corresponde de la nueva cotización de las prácticas no remuneradas en las becas. Es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros mensuales por estudiante, pero no se están haciendo cargo. Así se desprende de los datos proporcionados por varias universidades públicas a petición de EL PAÍS respecto a enero, el primer mes de aplicación de este nuevo derecho. Lo que se establecía como una salvedad, que la universidad pagase el 5% de la cotización (el 95% está bonificado por la Seguridad Social), es lo habitual. Según los acuerdos suscritos por las universidades con los receptores de los estudiantes en enero, el centro académico pagará la cotización de casi todos.
El real decreto, que entró en aplicación el 1 de enero y deriva del acuerdo de 2021 sobre pensiones, establece lo siguiente: “En el caso de las prácticas formativas no remuneradas, el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos”. Tras este punto de partida, se contempla una excepción: “Salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa”. Los datos recopilados por este periódico no sorprenden a María Antonia Peña, presidenta del área de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de la Universidad de Huelva: “Lo que habéis visto preguntando a cada universidad es lo que ya sabíamos antes de enero, que lo que nos habían dicho empresas e instituciones públicas es que no iban a asumir nada”.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social consideran normal que haya complicaciones en el desarrollo de este derecho en los primeros meses, pero se muestran convencidas de que muy pronto se habrá normalizado. Las mismas fuentes destacan que cuando se aprobó la cotización de las prácticas remuneradas en 2011 también hubo baches iniciales y que se terminaron resolviendo. Asimismo, recuerdan las posiciones en la mesa de diálogo social: indican que la patronal coincidió en la conveniencia de la medida y que las universidades defendieron el mantenimiento de la salvedad de que el coste no bonificado lo pagasen ellas, ante el temor de que demasiadas instituciones rechazasen las prácticas.
La CEOE prefiere no valorar los datos recabados por este periódico: “Vamos a esperar a ver los datos oficiales, los de Seguridad Social. Aún no tenemos los que recogen ese primer mes del año”. Asimismo, la patronal destaca que “hay que tener en cuenta que esa cotización depende de lo que acuerden universidades y las empresas en sus respectivos convenios”.
Según datos del departamento que dirige Elma Saiz, ya hay 106.000 estudiantes en prácticas no remuneradas dados de alta (sumando Formación Profesional y estudios universitarios), unos 86.000 en entidades públicas y 20.000 en empresas. El ministerio especifica que esas empresas asumen la cotización, pero los datos proporcionados por las universidades a este periódico apuntan a que la mayor parte del pago, al menos para este primer mes, recae en las instituciones educativas mediante los convenios y acuerdos de cooperación. La cotización en FP está completamente bonificada, al 95% por la Seguridad Social y al 5% por Educación.
Casi todas las prácticas, a cargo de la universidad
En la universidad pública con más alumnos de España, la Universidad Complutense de Madrid, realizaron prácticas curriculares no remuneradas en enero 4.503 estudiantes. Solo para el 3,5% asume la cotización la empresa privada o pública que acoge al estudiantes, frente al 96,5% en que abona la Complutense. Cabe destacar que la proporción de empresas privadas que pagará la cotización es mayor que la de instituciones públicas: las primeras pagan por 116 de los 964 estudiantes (12%) y las segundas, por 41 de 3.309 (1,2%). Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid paga el 85,5% de las prácticas en global, el 88,6% en las empresas públicas (798 de 901) y el 73,8% en las privadas (175 de 237). En la Universidad Rey Juan Carlos asumen todas las cotizaciones, mientras que en la Universidad de Alcalá indican que abonan el 99%.
Los resultados son parecidos en las universidades catalanas. La Universitat de Lleida detalla que asumirá el 5% de cotización no bonificado de los 869 estudiantes que desarrollaron prácticas curriculares no remuneradas en enero. La Universitat Pompeu Fabra hará lo mismo con sus 258 estudiantes en esa situación, como en la Universitat Politècnica de Catalunya con sus 143. En la Autónoma de Barcelona trabajan con la misma previsión, mientras que en la Universitat de Barcelona indican que pagarán la cotización de “casi todas” las prácticas no remuneradas, que en enero ascienden a 4.380. En la Universitat Rovira i Virgili indican que de sus 1.617 estudiantes solo habrá uno para el que la empresa asume la cotización.
En la Universidad de Zaragoza, de 2.714 prácticas no remuneradas de enero solo en ocho casos la entidad receptora asume la cotización (0,3%). También es ínfimo el volumen en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con solo 16 estudiantes a cargo de la empresa (todas privadas) de 1.209, el 1,3%. En la de La Rioja paga la entidad que recibe al estudiante en el 1,2% de los casos, solo en dos de 168.
Asumen la cotización de todas las prácticas no remuneradas en la Universidad Pública de Navarra, en la del País Vasco, en la de les Illes Balears, en la de Santiago de Compostela, en la de Vigo, en la de Alicante, en la Jaume I, en la Miguel Hernández y en la Universidad Politécnica de Cartagena. En la Universidad de La Laguna dan el dato por convenios suscritos: de los 1.786 que aplicaban en enero solo hay 69 (entre ellas dos entidades públicas) en los que la entidad receptora asumen la parte no bonificada de la cotización.
Por su parte, las universidades públicas andaluzas detallan que la Junta se ha comprometido a asumir el coste de todas las prácticas no remuneradas desarrolladas en entes autonómicos. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, indica que esto cubre en torno al 45% del coste. La Universidad de Oviedo precisa que están en vías de firmar un acuerdo similar con el Principado de Asturias, pero de momento, con el foco en enero, abonan la cotización de 1.830 de los 1.840 estudiantes (el 99,5%).
El resto de universidades públicas españolas, todas ellas consultadas, no han aportado datos o no dan los solicitados. Muchas de ellas recuerdan que las cifras no están consolidados porque la liquidación de las cotizaciones no se realizará hasta el 31 de marzo. Es decir, de momento ninguna universidad ha pagado por estas cotizaciones. Pero sí es posible conocer una previsión al menos respecto a enero (como detallan varias de ellas) porque queda establecido si pagará la empresa o la universidad.
Problemas a resolver
La CRUE viene siendo muy crítica con el Ministerio de Seguridad Social por cómo ha implementado esta política. “Todo lo que sea en beneficio del estudiantado nos parece bien, pero nos tienen que facilitar la gestión administrativa. Hemos hecho un enorme esfuerzo para infundir tranquilidad, pero nos encontramos una desorganización que ha generado alarma. Es más, hay empresas que ya no quieren a los estudiantes aunque nosotros paguemos la cotización”, indicaba la rectora de la Universidad de Huelva a principios de esta semana. El lunes, la junta de rectores incluso mandó un comunicado muy crítico por la “falta de claridad” en varios aspectos técnicos de la norma. Desde entonces han celebrado dos reuniones con el ministerio que han mejorado la interpretación del colectivo académico. “El comunicado ha surtido efecto. Han resuelto muchas de las dudas que teníamos y se comprometen a detallarlo por escrito. Confiamos en una mejor comunicación”, explicaba a este periódico este viernes Peña.
Fuentes de Seguridad Social, también a principios de semana, se mostraron sorprendidas por la “virulencia” de este comunicado y reafirmaron su voluntad de resolver todas las dudas que puedan ir surgiendo con tantas reuniones somo sea necesario. Insisten en que la colaboración ha sido “total” a través de las direcciones provinciales y que se creará un apartado específico en la web de la Seguridad Social donde centralizar la información, ofrecer un glosario de preguntas y respuestas y criterios de aplicación, además de un grupo concreto de trabajadores dedicado a este asunto. En el ministerio catalogan las últimas reuniones como “muy fructíferas”.
Cabe destacar que el coste para las universidades no es muy alto, dada la altísima bonificación. Por ejemplo, la Pompeu Fabra afirma que prevé que las cotización de las prácticas no remuneradas le cueste unos 22.000 euros a lo largo de 2024, la Universidad de La Rioja estima unos 30.000 y la Pública de Navarra, unos 60.000. Solo para el mes de enero, la universidad con más estudiantes (la Complutense) estima un coste de 18.113 euros. “Ese coste está ahí y en principio no debíamos asumirlo las universidades, pero no es tan importante como la carga de trabajo administrativa que implica esta medida. Ese es el principal problema”, añade Peña, que anticipa una posible contracción de las prácticas el próximo curso si no se resuelven los problemas.
“Las empresas deben asumir su parte”
Los sindicatos, al igual que los empresarios, apoyaron la iniciativa de la Seguridad Social respecto a las prácticas no remuneradas. Al responsable juvenil de UGT, Eduardo Magaldi, no le preocupa especialmente que las instituciones públicas no paguen: “Es una cuestión de asignar correctamente presupuesto, es dinero público o de las universidades o de la institución que emplea al estudiante. Si lo asumen las universidades, habrá que tenerlo en cuenta en sus fondos”. Sí le preocupa más el rechazo de las empresas a abonar estos costes tan bajos: “Creo que estamos en una fase transitoria hasta que las empresas entiendan que deben asumir esto. Pero ahora si se pueden ahorrar 10 euros se los ahorran. No deberían tener esa opción, las empresas deben asumir su parte”. Este sindicalista recuerda que la CEOE se mostró a favor de la medida: “Decían que una empresa que no pudiese asumir un coste tan bajo quizá no debía acoger becarios”.
Coincide el representante de CC OO, Adrià Junyent: “Falta tiempo para analizar los datos oficiales, pero estamos constatando la falta de compromiso de todo el sistema universitario y de las empresas con la juventud”. Este sindicalista, además, abre un debate que sobrevuela esta discusión desde hace meses: “Quizá tendríamos que sentarnos a hablar sin chantajes sobre la posibilidad de que hayamos sobredimensionado el sistema de prácticas. Cuando hay quejas de que no va a haber prácticas para todos si se vinculan a unos pocos derechos laborales, lo que se dice es que nuestro economía no puede asumir tantos becarios si no es explotándolos. Somos un país de pymes, no somos Alemania. Quizá tengamos que darle una vuelta”.
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