Telefónica refuerza sus vínculos con Defensa en plena sacudida accionarial

La aprobación por el Consejo de Ministros el pasado martes de la autorización para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica ha conmocionado al sector empresarial y saltado a la arena política. Frente a las críticas por el intervencionismo en el sector privado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la operación por el carácter estratégico de la operadora y se...

La aprobación por el Consejo de Ministros el pasado martes de la autorización para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo industrial del Estado, adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica ha conmocionado al sector empresarial y saltado a la arena política. Frente a las críticas por el intervencionismo en el sector privado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la operación por el carácter estratégico de la operadora y señalaba que el movimiento “tiene que ver con la transformación digital y con que las telecomunicaciones están ahora íntimamente conectadas con la seguridad, la defensa, la ciberseguridad y el desarrollo de toda la economía digital”, según señaló este jueves a RAC1.

La irrupción por sorpresa del operador público saudí STC en el accionariado de Telefónica el pasado mes de septiembre hacía sonar todas las alarmas. Y es que Telefónica es uno de los principales contratistas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y de otros organismos que velan por la seguridad del Estado. No en vano, el permiso para que STC haga efectiva la compra del 9,9% de Telefónica (ahora solo posee en cartera el 4,9%) depende del departamento que dirige Margarita Robles precisamente por la importancia que tiene la operadora en la seguridad nacional.

Las cifras de contratación dejan clara esa relación “estratégica” de la multinacional española con la seguridad nacional: solo en la última década, acumula contratos con el área de Defensa en torno a los 500 millones de euros, de los que 200 millones los ha conseguido en 2023. Pero más allá de la cuantía económica, se trata de contratos en materias críticas como las comunicaciones por las nuevas redes privadas de 5G o satelitales, la ciberseguridad y la formación del personal militar y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La compañía que preside José María Álvarez-Pallete es la principal responsable de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, conocida como I3D, una red de telecomunicaciones exclusiva que posibilita la conexión al sistema de comunicaciones del Ministerio, de manera segura y desde cualquier lugar de todos los buques, aeronaves, vehículos, unidades e instalaciones. También conecta la Península con las islas Baleares y Canarias, y con Ceuta y Melilla.

Dentro de este programa, puesto en marcha en 2022, Telefónica firmó en septiembre pasado, poco después del desembarco de STC, un acuerdo marco valorado en 32 millones de euros para proveer al Gobierno de los equipos de comunicación satelital. Previamente, en junio, Telefónica se adjudicó la puesta en servicio de una red de telecomunicaciones vía satélite gestionada por el Ministerio de Defensa por 38,7 millones de euros. Y el pasado 28 de noviembre se hacía con el contrato para la compra de equipos por 3,2 millones de euros, material para acceso al Medio SCPC, de interconexión militar de puntos geográficos por satélite.

Tecnología móvil 5G

En materia de 5G, Telefónica y Airbus firmaron en mayo pasado un acuerdo marco para integrar soluciones de esta tecnología móvil en las plataformas aeroespaciales en el sector de Defensa y Seguridad para los próximos cinco años. Se trata de proveer de instrucciones encriptadas a los cazas, drones, buques y vehículos para las llamadas “nubes tácticas”, la nueva forma de ataque y defensa basada en manejar y transmitir la información en tiempo real.

Dentro de la misma área, la Armada adjudicó a la operadora en agosto el contrato para dotarse de una infraestructura 5G privada para comunicaciones de buques entre sí y con tierra, por 5,2 millones de euros. Y en ese mismo mes, Telefónica, junto a otras empresas recibía el encargo de crear el Centro de Desarrollo, Adiestramiento y Pruebas para Operaciones Militares en Ciberdefensa con tecnología 5G, por 28 millones de euros. En enero, Telefónica y Alpha Unmanned Systems (AUS), fabricante madrileño de helicópteros no tripulados (UAV), anunciaban la firma de un acuerdo para dotar a los aparatos de servicios de comunicación 5G. Con Navantia ha firmado un acuerdo de colaboración para sistemas de comunicación seguros de sus fragatas y submarinos.

Telefónica también aspira a participar en programas críticos como el sistema comunicaciones y de gestión y envío de información clasificada de Defensa conocido como SC2N, que presta sus servicios tanto en bases militares o plataformas móviles terrestres en territorio nacional como en contingentes desplegados en operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero. El Ministerio de Defensa licitó en noviembre por 74 millones la renovación tecnológica de la infraestructura de telecomunicaciones de los sistemas dedicados a la conducción de operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión del Ministerio de Defensa (DISEVAR). La presentación de ofertas finaliza en enero.

En materia de formación, Telefónica se adjudicó en marzo uno de los contratos que contribuyen a la transformación digital del sistema de enseñanza del Ministerio de Defensa. La solución dará acceso a más de 500 cursos relacionados con áreas como la enseñanza militar, los idiomas, las competencias digitales y sanitarias y la Formación Profesional, entre otras. Se trata del proyecto DigComp360 de transformación digital del sistema de enseñanza militar.

Además de Defensa, la operadora mantiene contratos en materia de ciberseguridad con otros organismos públicos. Así, opera junto a Indra el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Administración General del Estado, que da cobertura a más de 77.000 puestos de la Administración y evitó cerca de 2.000 ciberincidentes en la primera mitad de 2023. También colabora con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). En noviembre pasado, se adjudicó por 9,1 millones de euros el contrato público financiado con fondos europeos para el suministro de equipamiento destinado al lanzamiento, despliegue y operación del Laboratorio Nacional de Ciberseguridad 5G y Nuevas Tecnologías (Incibe-Lab). También ha sellado contratos este año con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para sus infraestructuras de telecomunicaciones.

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