El incremento del 61% en la siniestralidad en el campo en 2023 amenaza al seguro agrario
El sector cree que el aumento de las primas no es la solución y pide apoyo público
La siniestralidad en el sector agrario se elevará este año a pérdidas que suman 1.300 millones de euros, según los datos provisionales manejados por las entidades aseguradoras, lo que supone un incremento del 61% sobre los 806 millones del ejercicio anterior y una nueva cifra récord muy por encima de las registradas hace décadas con motivo de las sequías.
Esta situación supone un fuerte desequil...
La siniestralidad en el sector agrario se elevará este año a pérdidas que suman 1.300 millones de euros, según los datos provisionales manejados por las entidades aseguradoras, lo que supone un incremento del 61% sobre los 806 millones del ejercicio anterior y una nueva cifra récord muy por encima de las registradas hace décadas con motivo de las sequías.
Esta situación supone un fuerte desequilibrio frente a unas primas cobradas de 950 millones de euros, desajuste que se mantiene durante los últimos ejercicios y que ha supuesto acudir a los fondos del Consorcio de Compensación de Seguros con salidas de unos 1.000 millones de euros en la última década.
El seguro agrario, con unas 400.000 pólizas y un capital asegurado de más de 16.000 millones, se ha convertido hoy en uno de ejes y gran motivo de debate de la política agraria de cara al nuevo plan para 2024.
Desde las aseguradoras se recalca la realidad de un cambio climático que se refleja en la existencia de periodos más frecuentes de sequías, de fenómenos meteorológicos más violentos. En este escenario, plantean el aumento global de primas en una media difícil de cuantificar, que se podría situar en un 14% de forma global.
Los aumentos no serán homogéneos: podrían alcanzar un 25% en los cereales y llegar a superar el 100% en otras producciones, según los datos manejados por el sector. En esa estrategia, mantendrían las primas a los agricultores con baja siniestralidad y se recargarían fundamentalmente las de los agricultores que individualmente tengan una siniestralidad muy reiterada o para las zonas territorios donde haya una alta siniestralidad. A esas subidas diferenciadas de primas se sumaría el mantenimiento de la franquicia del 30% sobre los daños de un siniestro o la reducción en muchos casos de hasta un 50% del volumen de cosecha a asegurar frente a los datos de producción fijados en el pasado.
Desde el sector agrario, las organizaciones Asaja, Coag, Upa y las cooperativas agroalimentarias plantean la necesidad de una salida que mantenga al seguro como instrumento para garantizar rentas y no una herramienta a un coste elevado con menos coberturas que abocaría a una huida de los agricultores. El remedio que piden está en el dinero público, con más subvenciones a las primas y la universalización de las contrataciones en todos los cultivos para lograr una situación de equilibrio en los resultados.
Presupuesto menguante
El sector critica que ante el nuevo ejercicio, el presupuesto del Ministerio de Agricultura para estas partidas se quiere rebajar a 284 millones frente a los 317 millones dispuestos en un primer momento en 2022 (que luego se incrementaron en otros 100 millones para, entre otras cosas, paliar los efectos de la guerra de Ucrania).
Desde Coag, el responsable del sector, Pedro García, apuesta por la necesidad de llegar a un pacto de Estado que sume los esfuerzos de Agricultura y otros ministerios, como el de Economía o Transición Ecológica para tratar de salvar el seguro agrario desde posiciones “de equilibrio y de responsabilidad”. La organización reclama más fondos públicos para lograr una contratación económicamente viable y atractiva; un fondo para cubrir las indemnizaciones extraordinarias fuera del seguro habitual y otro fondo extraordinario creado por España y la UE para responder a los riesgos del cambio climático y sus efectos sobre la soberanía alimentaria.
UPA avanza en la misma dirección y plantea la necesidad de abordar los nuevos riesgos del cambio climático incluyendo cultivos que no tienen cobertura, una mayor universalización del seguro y la necesidad de que los agricultores adapten igualmente sus prácticas de laboreo o elecciones de cultivos a nuevos mapas de riesgos en cada territorio. Por ejemplo, renunciando a plantar variedades sensibles a heladas donde hiela más frecuentemente.
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