Los transportistas piden a Adif que compense pérdidas por retrasos debidos al estado de las vías

Más de 60.000 viajeros de alta velocidad se han visto afectados por las incidencias causadas por las precipitaciones debido a la dana que azotó el domingo y el lunes pasado la zona central de la Península. ...

Más de 60.000 viajeros de alta velocidad se han visto afectados por las incidencias causadas por las precipitaciones debido a la dana que azotó el domingo y el lunes pasado la zona central de la Península. Un incendio ocurrido el pasado 23 de julio en el túnel de San Isidro, en la entrada a Valencia de la línea de alta velocidad, paralizó durante todo el día la circulación de los trenes entre la capital levantina y Madrid, viéndose afectados casi 14.000 viajeros.

No se trata de incidentes aislados por fallos en las infraestructuras ferroviarias de las líneas de alta velocidad (LAV), las únicas en donde hay competencia en España. Solo en lo que va de año, se han producido más de una decena de contingentes graves por cortes en la vía, fallos de suministro eléctrico y la catenaria, o problemas en las estaciones (ver lista adjunta). En todas ellas, el último responsable es Adif, el organismo que cobra a las compañías ferroviarias un canon por el uso de esas infraestructuras, como Aena factura a las aerolíneas por el uso de los aeropuertos y el control del tráfico aéreo. Y hay dos preguntas que flotan en el ambiente: ¿cómo unas líneas de ferrocarril relativamente nuevas y avanzadas pueden verse afectadas con tanta facilidad?; ¿quién debe hacerse cargo de las consecuencias?

Por el momento, son las compañías transportistas -Renfe, Iryo o Ouigo- las que asumen las compensaciones a los viajeros, que les causan millones de pérdidas al año, sin que el Adif se haga cargo de ningún gasto, más allá de la reparación de las vías. Y es que existe un vacío legal en esta materia tanto en la legislación nacional como comunitaria. Ambas reconocen una serie de derechos de los viajeros frente a las compañías transportistas, pero no regulan la relación entre estas últimas y el encargado de gestionar las infraestructuras ferroviarias, Adif en el caso de España. Una ambigüedad que contrasta con las normas claras y duras que se les aplican a las empresas ferroviarias cuando son ellas las responsables del retraso o de la anulación del viaje por la rotura de un tren o un fallo en la programación.

El problema es que a medida que las compañías amplíen sus frecuencias y sus rutas en las líneas de alta velocidad, —un segmento del tráfico ferroviario liberalizado desde finales de 2020 que operan Renfe, Ouigo e Iryo—, este tipo de sucesos tenderán a crecer proporcionalmente al aumento del tráfico ferroviario. Por el momento, la única vía de defensa de las empresas de viajeros es acudir a los tribunales ordinarios y pleitear contra Adif o el Ministerio de Transportes. Un método poco eficiente dada la lentitud de los juzgados en dictar sentencias. Por eso, entre las compañías empieza a calar la idea de que se precisa un árbitro, una autoridad independiente que dirima este tipo de conflictos, según fuentes del sector.

“Hasta ahora no se precisaba de esta figura porque el transporte de viajeros por ferrocarril era un monopolio de Renfe, una sociedad pública 100% que tiene el mismo dueño que Adif (el Estado) y depende además del mismo ministerio [Transportes], por lo que no tenía mucho sentido ponerse a buscar responsables. Pero con la liberalización todo ha cambiado. Las empresas deben responder ante sus accionistas y no pueden asumir costes que no les corresponden. Incluso Renfe debe rendir cuentas porque la alta velocidad es un servicio comercial que opera a través de una sociedad que funciona como cualquier otra empresa privada, sin subvenciones públicas, y con su cuenta de resultados propia”, señala un alto ejecutivo de una de las compañías transportistas.

Indemnizaciones a los viajeros

El principal documento legal que rige el transporte por ferrocarril es el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril de abril de 2021, aunque en España entró en vigor el pasado 7 de junio. En el mismo, solo se regulan las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones a las que están obligadas las compañías transportistas con una serie de excepciones. Entre ellas, se señala que no debe obligarse a las empresas ferroviarias a pagar indemnizaciones si pueden demostrar que el retraso se debe a circunstancias extraordinarias como “fenómenos meteorológicos extremos o catástrofes naturales graves”, “una crisis grave de salud pública como una pandemia” o “cuando los retrasos sean causados por el viajero o por determinados actos de terceros”. El reglamento europeo obliga a las empresas ferroviarias a justificar objetivamente que ellas no son las causantes del retraso, y a trasladar a los viajeros la “comunicación o un documento del administrador de infraestructuras ferroviarias, de una autoridad pública o de otro organismo independiente de dichas empresas en el que se indiquen las circunstancias en las que la empresa alega que está exenta de la obligación de pagar una indemnización”.

Ouigo, Iryo y Avlo (el servicio low cost de Renfe) tienen políticas de compensaciones a los viajeros muy similares en caso de retraso: devolución del 50% del billete si la demora en la llegada a destino es igual o superior a 60 minutos; y del 100% si el excede de los 90 minutos. En el caso del AVE de Renfe, el compromiso de puntualidad es superior: 50% por retraso superior a 15 minutos: y 100% para más de media hora. En caso de cancelación, dependiendo del tiempo de aviso, las compañías indemnizan con la totalidad del billete o el doble del precio, aunque siempre dan como prioridad la entrega de vales para compra de billetes en lugar de efectivo.

Por el contrario, Adif prácticamente no se hace responsable de las indemnizaciones a los viajeros, aunque el incidente sea imputable directamente a un fallo en la infraestructura que gestiona. De hecho, en su Declaración de Red, un documento que publica anualmente la sociedad para dar cuenta del estado de las vías en todo el país se exime a sí misma de casi todas las circunstancias que puedan ocurrir.

“El Adif no será responsable frente a las empresas ferroviarias de los daños y perjuicios que se produjeran en la prestación de los servicios cuando estos sean consecuencia de situaciones de fuerza mayor, actos vandálicos o de terceros ajenos a Adif”, dice el gestor que, sin embargo, aplica el baremo contrario a sus clientes: “Las empresas ferroviarias o terceros serán responsables frente a Adif de los daños y perjuicios que causen a éste tanto en personas como en cosas así como en sus instalaciones, maquinaria e infraestructura ferroviaria, etcétera”.

Adif ha declinado hacer ningún comentario sobre este asunto, pero ha recordado que aplica un sistema de incentivos, que afecta tanto a los operadores como a los propios administradores, para reducir al mínimo las alteraciones sobre la programación prevista en la circulación ferroviaria, conforme a lo estipulado en la Ley del Sector Ferroviario.El sistema establece penalizaciones (malus) por acciones que perturban el funcionamiento de la red, la concesión de compensaciones (bonus) a quienes las sufran y la concesión de primas a las que obtengan resultados mejores de lo previsto.

Los parámetros que se aplican fueron acordados por Adif y las empresas ferroviarias (existe una comisión de seguimiento del sistema, integrado por los administradores, las empresas y la CNMC), estableciéndose unos umbrales de puntualidad para determinar las sanciones: en los trenes de alta velocidad, esos umbrales se sitúan en 15 minutos. A partir de esos 15 minutos, se contabilizan los minutos de retraso acumulados atribuibles a cada operador, así como los que son atribuibles a los administradores. De ese modo, al final de cada año se obtienen los minutos de retraso acumulados por cada uno de los actores del sistema, asignándose un valor económico a esos minutos en forma de penalizaciones para los causantes y de compensaciones para los afectados.

La organización de consumidores Facua considera que los pasajeros que sufran daños y perjuicios por el retraso de su transporte en tren como, por ejemplo, pérdidas de enlaces con otros medios de transporte, pérdida de hotel, vacaciones y otras, podrían exigir a Adif como responsable de la avería que ocasionó el retraso y cancelación de los desplazamientos previstos, su resarcimiento, salvo que Adif pudiera acreditar que lo acontecido se debió a un supuesto de fuerza mayor.

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