La agonía del estatuto del becario, el primer acuerdo de sindicatos y Trabajo que se queda en el cajón

El Gobierno comunicó que había alcanzado un acuerdo con patronal y sindicatos para aprobar la reforma laboral el 23 de diciembre de 2021. El 28 de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros. El acuerdo para la última subida del salario mínimo, solo con los representantes de los trabajadores, ...

El Gobierno comunicó que había alcanzado un acuerdo con patronal y sindicatos para aprobar la reforma laboral el 23 de diciembre de 2021. El 28 de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros. El acuerdo para la última subida del salario mínimo, solo con los representantes de los trabajadores, se notificó el 31 de enero y se aprobó oficialmente el 14 de febrero, con una única reunión del gabinete de por medio. Y la reforma de las pensiones se presentó el 15 de marzo y recibió el refrendo el Consejo de Ministros un día después. El último gran hito del diálogo social, el estatuto del becario, fue presentado por el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT el jueves 15 de junio. Se han celebrado dos reuniones del Gobierno desde entonces y no se ha aprobado, ni hay previsión de momento. Con ningún otro acuerdo de sindicatos y Ejecutivo de esta legislatura se ha dado este bloqueo.

El mismo día de la presentación de la norma fuentes de Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos indicaron que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Casi dos semanas después, en el departamento de Nadia Calviño aseguran no tener nada que añadir respecto a lo que ya dijeron entonces. Sustentaban este rechazo, además, en la oposición frontal de los rectores universitarios. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, defiende el texto en conversación con EL PAÍS: “Creo que no se puede ocultar que en la parte mayoritaria del Gobierno hay reticencias a dar el ok definitivo. El texto recoge más de un año de trabajos conjuntos, en los que han participado el Ministerio de Universidades o el de Educación. Acusar a la mesa que ha trabajado esta norma de deficiencias técnicas no es justo ni respetuoso”.

Pérez Rey destaca que, por primera vez en la legislatura, un acuerdo del ministerio con los sindicatos no tiene traslación al Consejo de Ministros. “En la dinámica de trabajo del Gobierno, cuando se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos los términos se han aceptado en otras ocasiones. No debería haber un debate al respecto. No obstante, estamos dispuestos a seguir dialogando para conseguir que esta norma se incluya en los órganos colegiados previos a la entrada en el Consejo de Ministros”. Quedan tres reuniones ordinarias del gabinete antes de las elecciones generales.

El secretario de Juventud de CC OO, Adrià Junyent, considera un “despropósito” que el texto no se haya aprobado ya. “Sabíamos que no iba a ser automático, pero no nos constaba que fuera a ser tan difícil. Este gobierno le debe mucho a los sindicatos como para tratarlos así al final de la legislatura”, añade Junyent. “Es un incumplimiento del diálogo social bipartito. Cuando firmamos algo es con todo el Gobierno y si nos fallan lo hacen en conjunto”. En la misma línea, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, exige “el cumplimiento de los acuerdos alcanzados”. “Cuando negociamos tenemos que asumir que lo hacemos con un gobierno, no con una sola parte. No podemos estar pensando si es con la parte A con la B”, añade Luján.

Junyent cree que el factor clave que paraliza la norma es “el poder del lobby de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), con muchísimo poder en los partidos políticos”. “La presión que han ejercido los rectores es brutal. Creo que habría que pedirles que rindan cuentas, que expliquen por qué quieren seguir fomentando un modelo basado en la precariedad y en el fraude”, añade Junyent. Los dos cambios en el estatus de los becarios que más rechazo despiertan son la obligatoriedad de compensar los gastos de los estudiantes y la limitación de las extracurriculares a 480 horas, el modelo de prácticas que concentra la mayor parte del fraude. Luján cree que la pregunta sobre por qué no se ha aprobado la norma la debe contestar el Gobierno: “Nos gustaría tener una información oficial sobre por qué se está retrasando”.

Pérez Rey indica que los rectores “obviamente” tienen importancia como “elemento de presión” pero tienen que entender que “no podemos continuar con la precariedad en nuestra juventud”. Cree que la parte socialista del Ejecutivo debe decidir “si está o no con los miles de estudiantes en prácticas que sufren precariedad”. Con todo, el movimiento estudiantil apenas ha levantado la voz por el bloqueo de esta norma, lo que rebaja la presión contra la parte socialista del Gobierno. Por su parte, el Ministerio de Universidades indica que en esta norma la voz cantante la lleva Trabajo: “Es un asunto que hemos venido trabajando conjuntamente varios ministerios, pero el liderazgo lo tiene Trabajo”.

“Error muy grave”

El sindicalista de CC OO cree que la mejor prueba de la influencia de la Crue es que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el aplazamiento de la entrada en vigor de la cotización de los becarios. Estaba previsto que empezara el 1 de octubre, pero el Ministerio de Seguridad Social lo ha aplazado al 1 de enero de 2024 para dar “un mayor margen a los centros formativos”. Los rectores han agradecido el cambio en un comunicado. “Cuando los sindicatos aprobamos el texto del estatuto de octubre [de 2022] sin prácticas extracurriculares, el rechazo que luego se transmitía a los políticos no venía de CEOE, sino de los rectores, que habían presionado a PSOE, a PNV, a Bildu y a ERC para posicionarse en contra”, añade Junyent. “Cuando llegamos a acuerdos lo que esperamos es que sean útiles. Si no, nos supone mucha frustración”, finaliza Luján. Consultados por EL PAÍS, los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo expresaban dudas respecto al texto.

Este periódico se ha puesto en contacto con Crue para que responda a estas acusaciones, pero ha preferido no hacer una valoración al respecto. En un comunicado del 10 de junio los rectores catalogaban la norma acordada por Trabajo y sindicatos como “una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español”. “Crue se opone radicalmente al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Se trata de una previsión inédita en nuestro derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas”, añadían los rectores.

Los dos sindicalistas creen que la cercanía de las elecciones generales no ayuda y que cada día que pasa complica más el panorama. “Guardar esta norma en el cajón es un error muy grave”, continúa Junyent, “porque dejamos a mucha gente en una selva, lo que es ahora mismo el mercado de las prácticas. Conozco el caso de personas que les han dicho que les suspenden por ir al médico o por tener una mala relación personal con el jefe. Hay una total desprotección que esta norma empezaba a corregir. Que el Gobierno se piense si está para los estudiantes o para las élites educativas”. “Hablamos de una herramienta clave para acabar con la laboralidad encubierta. Estamos ante el riesgo de un abandono inexplicable de la población más joven y más vulnerable”, finaliza Luján.

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