De sultanes, petróleo, fondos oportunistas y un abogado español a la fuga: la increíble historia de un litigio arbitral multimillonario

¿Quién paga la fiesta? En la vida corriente se trata de una pregunta de lo más normal ante cualquier exceso. En el caso del arbitraje internacional más espectacular de las últimas décadas, es la clave que ayuda a entender un embrollo que daría para una novela de John Le Carré, y que implica a los herederos de un sultán desaparecido, un abogado español, el Estado de Malasia y...

¿Quién paga la fiesta? En la vida corriente se trata de una pregunta de lo más normal ante cualquier exceso. En el caso del arbitraje internacional más espectacular de las últimas décadas, es la clave que ayuda a entender un embrollo que daría para una novela de John Le Carré, y que implica a los herederos de un sultán desaparecido, un abogado español, el Estado de Malasia y un fondo multimillonario de inversión.

Ingredientes: primero, un oscuro acuerdo comercial, en 1878, entre el sultán del archipiélago de Joló, Mohamed Jamad al Alam, con dominios en varias islas de las actuales Filipinas y Malasia; el cónsul del Imperio Austrohúngaro en Hong Kong, el barón von Overbeck; y el financiero británico Alfred Dent. Los firmantes arrendaban, con derecho a la explotación de sus recursos, el Estado de Sabah, una enorme porción de territorio al norte de la descomunal isla de Borneo, propiedad del sultanato.

El contrato fue renovado en años posteriores por la Compañía Británica del Imperio de Borneo y más tarde por el propio Imperio Británico, que se fueron subrogando en sus condiciones.

Segundo, la independencia, en 1963, de Malasia reafirmó su voluntad de explotar los yacimientos de petróleo y gas de Sabah, que suponen una cuarta parte de los recursos energéticos del país. La zona, además, tiene una inmensa producción de aceite de palma. Aunque durante unas décadas el Gobierno de Kuala Lumpur siguió pagando una cantidad simbólica a los herederos del sultán —unos 1.200 dólares, o 1.100 euros—, dejó de hacerlo en 2013. Ese año, cazas de combate malasios bombardearon la región y tropas terrestres la recuperaron. Un grupo armado enviado desde Filipinas —con interés en la zona en disputa—, presuntamente seguidores del autoproclamado sultán Jamalul Kiram III, se había lanzado a la aventura. Resultaron masacrados. Hubo docenas de muertos.

Tercero, ocho presuntos herederos del sultán original decidieron demandar al Gobierno malasio por la vía del arbitraje internacional, al considerar que sus derechos derivaban de un acuerdo comercial. El pacto de 1878 establecía claramente que cualquier disputa futura entre las partes debía ser resuelta por el cónsul general de Gran Bretaña en Borneo. Ni esa figura existe en la actualidad, ni el Gobierno británico quiso atender las demandas de los herederos del sultán para que se implicara en el asunto. Basándose en unas capitulaciones de paz por las que el Reino de España adquirió en 1878 los dominios de Joló —aunque ocho años más tarde, por el Protocolo de Madrid, se cedió al Reino Unido el norte de Borneo—, los herederos realizaron la extraña pirueta de desembarcar en España su reclamación de arbitraje.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió nombrar como árbitro del caso al abogado Gonzalo Stampa, que desde hace 30 años está especializado en la mediación internacional. Su padre, el abogado y catedrático de Derecho Penal José María Stampa Braun, es parte fundamental de la historia judicial reciente de España. Defendió al director general de Seguridad, Julián Sancristóbal, por el secuestro de Segundo Marey, uno de los casos fundamentales de la guerra sucia contra el terrorismo; al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán; a Lola Flores o a Pedro Ruiz, acusados de delito fiscal; a Rafi Escobedo, por el crimen de los marqueses de Urquijo; o incluso al dictador chileno, Augusto Pinochet, frente a la instrucción del entonces juez Baltasar Garzón.

“No hay ningún vínculo del caso con España, como bien señaló el Ministerio Fiscal, que ya advirtió en su informe de que el hecho de que en una etapa histórica anterior ese territorio hubiera formado parte de la soberanía española no era base para considerar que los tribunales españoles resultaran actualmente competentes ni para resolver las discrepancias del acuerdo de 1878, ni tampoco para nombrar un árbitro”, señala a EL PAÍS Josep Gálvez, barrister (abogado) en Inglaterra y Gales y abogado especializado en litigios complejos y arbitrajes internacionales.

Y cuarto, el fondo británico de inversión en litigación Therium lleva invertidos más de 20 millones de euros en impulsar la causa de los herederos del sultán. “Invirtiendo en la Legalidad”, “Invirtiendo en el Estado de Derecho”, “Invirtiendo en el Acceso a la Justicia”. Con eslóganes tan rotundos y nobles se define el fondo en su página web. Un negocio en alza, que mueve ingentes cantidades de dinero en todo el mundo, y que básicamente consiste en poner el dinero necesario para impulsar un litigio a cambio de quedarse, en caso de éxito, con un porcentaje de las ganancias derivadas de la sentencia. El despacho británico que lleva la causa de los herederos del sultán acudió al fondo, al inicio del procedimiento, para asegurar la financiación necesaria.

Árbitro nómada

Gonzalo Stampa se declaró competente para entender del caso en un primer laudo provisional que fue ya contestado por el Gobierno de Malasia, que presentó incidente de nulidad. Alegaba indefensión al no haberse realizado formal y apropiadamente el emplazamiento. El mismo TSJM decidió el 29 de junio de 2021, en sentencia firme, anular el nombramiento de Stampa y admitir de ese modo el argumento de indefensión presentado por Kuala Lumpur. Todo lo actuado hasta entonces era nulo, y se ordenó en varias ocasiones a Stampa que pusiera fin al arbitraje.

El abogado hizo algo más que ignorar esas órdenes. A petición de los demandantes filipinos, cambió la sede del arbitraje de Madrid a París, después de obtener el exequatur (algo así como la homologación en una jurisdicción de las decisiones tomadas en otra). Desde la capital francesa emitió su laudo (decisión o sentencia) final, por el que concedía casi 14.000 millones de euros de compensación a los herederos del sultán. La mitad de la reclamación inicial, pero aun así una cifra desorbitante que llamó de inmediato la atención de la prensa internacional.

“Es cierto que en ocasiones el árbitro decide trasladar la sede del arbitraje. Pero se trata de circunstancias excepcionales donde la integridad física del árbitro o de las partes pueden estar amenazadas, como existen algunos precedentes en el arbitraje internacional. En el caso de los herederos de Joló contra Malasia es algo distinto”, señala Gálvez. “Sin duda, Stampa está actuando en su condición de árbitro, aunque sea colisionando dos jurisdicciones, la ordinaria y la arbitral. Una situación completamente insólita y contraria al mutuo respeto que debe regir su relación”, añade.

En la actualidad, el Tribunal de Apelación de París ha anulado el laudo arbitral de Stampa, y la justicia española ha abierto un proceso penal contra el abogado, acusado de desobediencia e intrusismo profesional. La pena, en caso de condena, podría suponer hasta cinco años de cárcel. El abogado, y un grupo de más de 60 compañeros de profesión que han escrito una carta abierta en su defensa, defiende su independencia y el principio de intervención judicial mínima en cualquier proceso de arbitraje, pero otros muchos expertos señalan que la decisión de declarar nulo de origen el proceso es algo mucho más grave que una mera interferencia. “Por motivos de secreto profesional”, el abogado ha declinado comentar el caso con EL PAÍS.

El Gobierno malasio, en una carta abierta dirigida recientemente al diario Expansión, afirmó: “En un movimiento que solo el Sr. Stampa puede explicar, decidió desobedecer las órdenes del mismo tribunal que inicialmente lo había designado, pero que posteriormente revocó su nombramiento. Es importante destacar que, para actuar como árbitro, el Sr. Stampa solicitó inicialmente 8 millones de dólares a los ciudadanos filipinos (la única parte que participó en el arbitraje) y finalmente acabó cobrando más de 2,5 millones de dólares del financiador que los respalda”.

El despacho jurídico internacional Uría & Menéndez se ha incorporado al equipo de consultores globales que asesora al Gobierno de Malasia.

La estrategia no se frena

En un proceso similar al que algunos fondos oportunistas están llevando a cabo contra España por el litigio de las primas a las energías renovables, Therium sigue poniendo dinero con la finalidad de recuperar su inversión y reclama la ejecución de un laudo arbitral cuya anulación aún estaría pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Casación de Francia, la más alta instancia judicial del país.

Mientras, el equipo jurídico de los demandantes ha logrado activar medidas cautelares de embargo de activos de la compañía petrolífera y gasística malasia Petronas tanto en Luxemburgo como en Holanda. Ya lo intentaron, sin éxito, en Francia.

¿Quién paga la fiesta? Hasta el último minuto, y ante la expectativa de hacerse con un suculento porcentaje de un litigio histórico, Therium ha llevado a cabo ya varias rondas de recaudación de inversores para seguir adelante en la batalla contra Malasia.

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