Bruselas congela la entrega a Italia de 19.000 millones de euros del plan de recuperación

La Comisión Europea ha parado el reloj. Bruselas y Roma se dan un mes más de plazo para analizar el siguiente pago que le corresponde recibir a Italia por el plan de recuperación, un total de 19.500 millones, correspondientes a su tercer pago, según ha anunciado el Gobierno italiano. El Ejecutivo de Giorgia Meloni solicitó el pago a finales de diciembre, y ya en la petición se reclamaba un mes adicional para el preceptivo examen de la Comisión. Esta sigue sin dar la luz verde final, así que ambas ...

La Comisión Europea ha parado el reloj. Bruselas y Roma se dan un mes más de plazo para analizar el siguiente pago que le corresponde recibir a Italia por el plan de recuperación, un total de 19.500 millones, correspondientes a su tercer pago, según ha anunciado el Gobierno italiano. El Ejecutivo de Giorgia Meloni solicitó el pago a finales de diciembre, y ya en la petición se reclamaba un mes adicional para el preceptivo examen de la Comisión. Esta sigue sin dar la luz verde final, así que ambas partes han extendido el plazo de análisis. Es el primer contratiempo reseñable con un país grande que aparece en el proyecto estrella de Bruselas esta legislatura, el Fondo de Recuperación.

Los problemas vienen por tres medidas del plan de recuperación que fueron aprobadas por el anterior Gobierno de Mario Draghi. “Están sujetas a una nueva evaluación”, dice el comunicado, mencionando en particular una reforma de las licencias comerciales para la gestión de los puertos del país. En los tres apartados que la Comisión plantea dudas, el Ejecutivo de Meloni mira hacia las anteriores administraciones. La culpa no es suya, vienen a decir. Y la afirmación, en parte, está avalada por el hecho de que el diseño de los proyectos y del proceso de cumplimiento del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, en sus siglas en italiano) corresponde exclusivamente a los ejecutivos que presidieron Italia tras la pandemia: Giuseppe Conte (2019-2021) y, luego, Mario Draghi (2021-2022).

Bruselas, por su parte, trata de dar normalidad a la situación. Al igual que Roma, apunta que “se ha acordado una extensión de 30 días” para acabar los trabajos por ambas partes y también “para asegurarse de que todas las pruebas aportadas por Italia puedan ser consideradas adecuadamente”, explican los portavoces de la Comisión. Añaden, además, que “este tipo de extensiones no son extrañas. Esto ha sucedido con otros Estados miembros”.

Con España, por ejemplo, hubo una prórroga de varios días por la vía de los hechos en el pago, que se prevé recibir esta semana. Madrid reclamó ya en la solicitud inicial del 12 de noviembre un mes adicional para el examen, algo contemplado por la norma. Pero ese plazo concluyó y todavía había ciertas discrepancias que se resolvieron en los días siguientes. La aprobación llegó finalmente el 17 de febrero. Y hace unas semanas, con Lituania, el Ejecutivo comunitario dio luz verde a parte del primer pago correspondiente al plan del país báltico. No recibió el visto bueno total porque en el examen se concluyó que dos de los 33 compromisos que debía cumplir Vilna no estaban listos. Según la metodología que la Comisión aprobó hace unas semanas, ahora se abre un plazo de dos meses antes de que subsane definitivamente el problema.

En el caso italiano, todavía no se ha llegado a ese punto. Lo que ha sucedido es que Roma asume que no cumple las exigencias de Bruselas en tres hitos y ambas partes han decidido parar el reloj durante un mes. Entre tanto, el tercer pago está congelado. Aunque el cumplimiento de los plazos, quizá en parte por esa responsabilidad compartida y también heredada, no está siendo un caballo de batalla político todavía, apuntan en Roma. Y el propio Gobierno italiano, en conversaciones reservadas, acepta que está teniendo dificultades en ejecutar de forma más rápida los compromisos adquiridos. En el seno del Ejecutivo de Meloni cunde cierta preocupación por la histórica falta de capacidad del país de poner en marcha la maquinaria de gasto.

En el Consejo de Ministros, de hecho, crecen las voces que opinan que no serán capaces de aprovechar todos los fondos destinados a Italia, el mayor beneficiario del plan comunitario, con más de 200.000 millones, entre capital a fondo perdido y créditos. El problema, creen, es el propio sistema italiano, que no es capaz de absorber un nivel de inversiones de este tipo. Algunos de ellos piensan que no podrán usarse más de la mitad del dinero reservado por Europa (unos 100.000 millones de euros).

Por este motivo, Italia es una de las voces más destacadas a la hora de reclamar que se amplíe el plazo para gastar el dinero del fondo de recuperación. En las negociaciones del Ejecutivo de Meloni con Bruselas para presentar la adenda al plan, Roma está tratando de introducir modificaciones sustanciales en el diseño, que heredó de los gobiernos anteriores. De hecho, quiere reprogramar inversiones previstas con recursos del fondo de recuperación para que se costeen con otros fondos comunitarios, como los de cohesión, y financiar otros gastos con el dinero previsto para salir de la crisis provocada por la pandemia.

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