Las pymes advierten del riesgo del aumento de costes en un sector sobreendeudado
Los concursos de acreedores de pequeñas y medianas empresas aumentaron un 23,6% en el último trimestre de 2022
En el último trimestre del año pasado, un 23,6% más de pequeñas y medianas empresas se declararon en concurso de acreedores. De los 753 concursos registrados entre septiembre y diciembre de 2021 se pasó a los 931 del mismo periodo en 2022. Desde la Confederación de pymes (Cepyme) apuntan que la moratoria concursal impidió que se produjera un aluvión de concursos durante...
En el último trimestre del año pasado, un 23,6% más de pequeñas y medianas empresas se declararon en concurso de acreedores. De los 753 concursos registrados entre septiembre y diciembre de 2021 se pasó a los 931 del mismo periodo en 2022. Desde la Confederación de pymes (Cepyme) apuntan que la moratoria concursal impidió que se produjera un aluvión de concursos durante la fase más agresiva de la pandemia, pero su duración “ha deparado también efectos contraproducentes, al agravar los problemas de morosidad de las empresas acreedoras”. Su presidente, Gerardo Cuerva, ha defendido este jueves en Madrid que, a pesar de que han “atravesado el desierto”, esta tendencia de concursos se mantendrá elevada.
Desde la patronal apuntan a los incrementos de costes y del endeudamiento y “sobreendeudamiento” de las pymes —en parte por los créditos ICO— para que se mantenga esa tendencia. “El escenario económico que se avecina lo sufrimos con un incremento de costes desmesurado”, ha defendido Cuerva en la jornada organizada por Cepyme sobre la nueva Ley concursal. Las ventas, sin embargo, no suben al mismo ritmo de la inflación. Según la Confederación, las ventas no han subido al ritmo de la inflación ―”esa madre del paro y ladrona del esfuerzo”, en palabras de su presidente―y, descontado su efecto, el aumento del 13% en la facturación se quedaría plano.
Coincidiendo con la jornada de Cepyme, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves las estadísticas de creación de empresas en enero, y la tendencia es doble: en comparación anual, se crearon más empresas, pero también se disolvieron más. Mientras que en el primer mes del año se generaron 9.472 sociedades mercantiles —un 15,6% más que en enero de 2022—, se disolvieron 3.931, un 5,8% más. De estas últimas, el 18,5% pertenece al comercio y el 15,5% a la construcción.
En el último año, los juzgados mercantiles españoles han vivido una avalancha de concursos de acreedores: en total, se presentaron en los órganos judiciales 27.632 concursos, la cifra más elevada desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzara a recopilar los datos en 2007. Si en el primer y en el segundo trimestre los procedimientos crecieron un 7,9% y un 15,6%, respectivamente, a partir de la segunda mitad del año se dispararon con un 76,2% de subida entre julio y septiembre y un 91,7% en el último trimestre.
Segunda oportunidad
En España, la declaración de concurso ha sido, tradicionalmente, una declaración de defunción de la empresa. Aunque el procedimiento tiene por objetivo último salvar la empresa mientras llega a un acuerdo con sus acreedores “el 99 y pico porciento de los concursos acababan en liquidación”, ha indicado el magistrado Andrés Sánchez durante su ponencia en la jornada. Antes, ha defendido el magistrado, “había un estigma en torno al concurso”. Para Cuerva, presidente de la patronal de pymes, “el sistema anterior era lento, caro y se alejaba de la filosofía de lo que esa herramienta debįa ser”.
La reforma de la Ley concursal llegó al Boletín Oficial del Estado en septiembre del año pasado, después que acabase la moratoria acordada en marzo de 2020 como consecuencia del estallido de la pandemia y que permitía a los empresarios no solicitar el concurso a pesar de estar en situación de insolvencia. La norma, que transpone una directiva europea, buscaba, entre otros, establecer medidas para detectar antes estas insolvencias, así como promover las reestructuraciones de las empresas para salvarlas. Además, se estableció la posibilidad de exonerar parte de su pasivo a deudores de buena fe, para darles “una segunda oportunidad”.
Una de las principales novedades de la ley es la introducción de los planes de reestructuración de la deuda, previos a la declaración de concurso. “La idea es evitar el concurso”, ha afirmado Jaime Fúster, Socio F&P Asesores, durante una de las charlas de la jornada, “y que si hay concurso estos vayan más rápido”. Este sistema, ha defendido, “puede salvar muchos concursos y puede salvar muchos puestos de trabajo”. “Si no se acude a los planes de reestructuración habrá muchos mas concursos y muchas más liquidaciones”, ha concluido.
Aunque aún está por ver cuáles serán los efectos reales de la nueva norma, pero por lo pronto los empresarios la acogen con esperanza. “Con las segundas oportunidades permiten sistemas económicos más fuertes más fiables y más resistentes a cualquier embiste”, ha defendido el presidente de Cepyme. La ley, aunque haya llegado tarde, es “una nueva oportunidad para el mundo empresarial español”, ha concluido el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas.
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