El Gobierno estudia vetar la absorción de la matriz española por la filial neerlandesa de Ferrovial para frenar el traslado de la sede

El Gobierno quiere pasar de las palabras y las críticas a los hechos, y ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado para que estudien todas las fórmulas normativas a su alcance para impedir el traslado de la sede fiscal a Países Bajos que plantea Ferrovial. Una de las principales vías jurídicas que se barajan es vetar la absorción de la matriz española por la filial neerlandesa de Ferrovial necesaria ...

El Gobierno quiere pasar de las palabras y las críticas a los hechos, y ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado para que estudien todas las fórmulas normativas a su alcance para impedir el traslado de la sede fiscal a Países Bajos que plantea Ferrovial. Una de las principales vías jurídicas que se barajan es vetar la absorción de la matriz española por la filial neerlandesa de Ferrovial necesaria como paso previo al traslado de la sede, acogiéndose a la normativa antiopas extranjeras aprobada durante la pandemia, según ha podido saber EL PAÍS en fuentes conocedoras del tema.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio este fin de semana una pista sobre los planes del Ejecutivo al admitir que se estaba analizando si se puede actuar dentro del “marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos” establecido por la crisis de la pandemia del coronavirus. La ministra se refería a la normativa del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo antiopas, que el Gobierno aprobó a comienzos de la pandemia del coronavirus en 2020 para evitar que el desplome de la cotización de esas compañías fuera aprovechado por inversores extranjeros para tomar el control de las mismas a precio de saldo.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre la prórroga durante dos años más de esa normativa, hasta finales de 2024. Se trata de analizar si “se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario”, según explicó Ribera en una entrevista en Radio Galicia-Cadena SER.

En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, indicó el lunes que, basándose en los análisis técnicos y la información disponible hasta el momento había “serias dudas” sobre los argumentos que ha esgrimido públicamente Ferrovial para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos. Calviño reconoció, aunque de forma más ambigua que Ribera, que el Gobierno está estudiando en qué medida hay una diferencia en la normativa española con respecto a la de otros países europeos.

Y a continuación le lanzó un dardo dialéctico al presidente de la constructora, Rafael del Pino, poniendo en duda su justificación sobre que cotizar en Wall Street o una mejor valoración crediticia sean las verdaderas motivaciones de la fuga de España. “Se ha hablado de la ‘AAA’ de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando esa triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos”, precisó la vicepresidenta económica.

Un encaje normativo discutido

Con todo, la aplicación de la ley antiopas de la pandemia tiene un encaje discutido en el caso de Ferrovial porque está diseñada para impedir que un inversor extranjero pueda hacerse con más del 10% de una cotizada española, para lo que debe contar, previamente, con la autorización del Consejo de Ministros. Y Ferrovial es completamente española. Pero no está tan claro que lo sean sus filiales en el exterior.

Fuentes familiarizadas con el conflicto consultadas señalan que sería “perfectamente aplicable” este blindaje antiopas, puesto que en el proceso societario que debe seguir ahora Ferrovial para cambiar de sede, la sociedad radicada en Países Bajos, la filial neerlandesa (FISE) (“oficialmente extranjera”), debe absorber a la matriz española de la compañía para convertirse en cabecera del grupo. Y esa operación, aparentemente un mero trámite societario, puede interpretarse como una toma de control de una empresa española por una extranjera.

Ferrovial ya ha dado el primer paso de esa operación, que es la comunicación en el Registro Mercantil del proyecto de fusión. Posteriormente, convocará la junta general de accionistas, que debe celebrarse en un plazo máximo de 35 días desde su anuncio. El consejo de administración necesita el apoyo de más del 50% del capital para que la propuesta prospere en la asamblea, pero tanto la familia del Pino como los fondos internacionales, principales accionistas, están a favor, así que superará este trámite sin ningún percance.

El verdadero escollo estará en los accionistas minoritarios disconformes que pueden ejercer su derecho de separación. Si un inversor no quiere participar en el canje de sus acciones por las de la futura matriz neerlandesa, Ferrovial le comprará los títulos a 26 euros cada uno. La constructora ha condicionado su traslado de sede a no tener que indemnizar por más de 500 millones de euros a los titulares de acciones, lo que supone el 2,6% del capital. El ruido mediático en torno al traslado puede atemorizar a algunos accionistas para dar el sí, y paralizar la operación.

Escalada del conflicto político

La decisión de trasladar la sede de Ferrovial ha trascendido el ámbito financiero y se ha convertido en foco de la trifulca política. Desde la sección mayoritaria del PSOE del Ejecutivo se carga contra la empresa y su presidente, pero aún no se han anunciado medidas concretas y, advierten que, de adoptarse, será siempre desde el respeto al libre mercado. Calviño señalaba ayer sobre una posible represalia en la adjudicación de contratos públicos “que se tiene que aplicar la ley y la igualdad de trato y todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta a la contratación pública”.

Mucho más contundentes han sido los miembros del Gabinete procedentes de Unidas Podemos. Ese grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley para que empresas que deslocalicen su sede fiscal o social devuelvan las ayudas públicas recibidas. El efecto de la ley tendría efecto retroactivo, por lo que afectaría a Ferrovial si consuma su marcha antes de que se apruebe.

Así lo aseguró el lunes el portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández, quién garantizó que, en virtud de esa propuesta, si una empresa como Ferrovial “ha recibido subvenciones, tendría que devolver ese dinero” si traslada su sede en los 10 años siguientes a percibirlo.

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