UGT manifiesta “muchísima decepción” con el Gobierno por su oposición a subir las indemnizaciones por despido improcedente

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, han desvelado este viernes las alegaciones que el Gobierno y la patronal han interpuesto a su demanda ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) para endurecer las condiciones del despido en España. Según los representantes sindicales, el Ejecutivo argumenta que la protección de los trabajadores está garantizada y qu...

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, han desvelado este viernes las alegaciones que el Gobierno y la patronal han interpuesto a su demanda ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) para endurecer las condiciones del despido en España. Según los representantes sindicales, el Ejecutivo argumenta que la protección de los trabajadores está garantizada y que este tema ya había quedado zanjado en la reforma laboral del 2021, algo que según Álvarez “es directamente mentira”.

“Sobre las alegaciones del Gobierno, reconocemos que nos han causado muchísima decepción”, ha afirmado Luján durante la comparecencia. Actualmente el coste del despido improcedente —aquel que se produce sin una causa válida que justifique la decisión— es de 33 días por año trabajado. Algo que los sindicatos califican como “barato” y “poco disuasorio” para las empresas. Sobre el escrito de alegación del Gobierno, Luján ha asegurado que “viene a señalar que en España sí hay una respuesta adecuada ante despidos improcedentes”. Según detalló, la respuesta del Ejecutivo recogería la posibilidad de aumentar los supuestos sometidos a nulidad, pero no contempla más modificaciones.

En la última reforma laboral, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021, no se modificaron los días a abonar por año trabajado en caso de despido. Por lo que sigue vigente la rebaja desde los 45 a los 33 días que se puso en marcha en 2012 tras la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. Según los representantes sindicales, el tema del despido habría quedado excluido de la negociación de la última reforma: “El Gobierno situó un marco que dejaba fuera algunas cuestiones, como el despido”, ha puntualizado Álvarez.

Entre las razones por las que UGT presentó la demanda en marzo del año pasado, está el hecho de que, según el sindicato, la actual regulación española contraviene el artículo 24 de la Carta Social Europea —que recoge que todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido— y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dónde se establecen algunas condiciones generales bajo las cuales puede producirse el cese de un contrato. Para Pepe Álvarez, además de elevar el número de días trabajados, se deben considerar las circunstancias de cada persona al ser despedida. Sobre este punto, el secretario general ha afirmado que el Gobierno considera “mejor” no establecer estas protecciones particulares.

Segunda fase de la reforma laboral

La modificación de las condiciones de los despidos improcedentes tendría que establecerse en España si el tribunal europeo falla a favor de la reclamación de UGT. Sin embargo, Pepe Álvarez ha puntualizado que “la mejor forma de hacerlo sería a través del diálogo social”, entendiendo este trámite como un “primer escalón” para iniciar una ronda de diálogo en la que abordar la segunda parte de la reforma laboral.

En esta segunda fase, Álvarez ha detallado que se tratarían otros temas como las causas de los despidos, la recuperación de los salarios de tramitación mientras se resuelve un proceso judicial por despido y la reforma de los despidos colectivos. Pero ha concluido que “la demanda y la negociación de la segunda reforma laboral son dos temas distintos”.

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