Yolanda Díaz acuerda con los agentes sociales poner en marcha la reforma de los riesgos laborales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sellado un acuerdo junto con la patronal y los sindicatos para establecer la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. En la firma del documento, que ha tenido lugar este jueves en el Ministerio de Trabajo, han participado los representantes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con los directivos de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme). La intervención ha concluido con la convocatoria, por parte de Díaz, de una mesa de diálogo para actualizar la normativa sobre de salud y ...

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sellado un acuerdo junto con la patronal y los sindicatos para establecer la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. En la firma del documento, que ha tenido lugar este jueves en el Ministerio de Trabajo, han participado los representantes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con los directivos de las patronales, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme). La intervención ha concluido con la convocatoria, por parte de Díaz, de una mesa de diálogo para actualizar la normativa sobre de salud y riesgos laborales. La ministra ha recogido el guante lanzado por Pepe Álvarez, que en su intervención insistía en “la necesidad de convocar una mesa cuanto antes para revisar la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data del 1995″.

El evento es la primera intervención pública conjunta de los agentes sociales tras las discrepancias que suscitó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), una negociación en la que la patronal no participó. En la comparecencia de este jueves el tono ha sido muy distinto y todas las partes han incidido en la necesidad de dialogo social. En este sentido, Unai Sordo ha afirmado en declaraciones posteriores que los desencuentros con la patronal fueron “muy claros y muy nítidos”, pero ha matizado que “es bueno recuperar espacios de diálogo”. Al mismo tiempo, ha emplazado a la organización empresarial a promover una actualización de los convenios colectivos que permitan a los trabajadores mantener su poder adquisitivo.

Se trata de la primera vez que Garamendi firma un acuerdo con el Gobierno y sindicatos tras conocerse las irregularidades de su sueldo como presidente de la CEOE. El presidente de la patronal ha estado cobrando como autónomo durante su primer mandato al frente de la organización empresarial y este año, tras recibir un informe que le aconsejaba asimilarse al régimen general de la Seguridad Social con un contrato de trabajo como alto ejecutivo, ha regularizado su situación laboral pasando a cobrar 380.000 euros anuales. Garamendi llevaba más de un año sin avalar ninguna propuesta del Gobierno. Rechazó respaldar las dos últimas subidas del SMI. Tampoco ha aceptado negociar un acuerdo salarial para repartir los costes de la crisis de precios. Las diferencias entre los empresarios y el Ejecutivo se agudizó a finales del año pasado cuando los empresarios publicaron un comunicado en el que calificaron como “traición” a la reforma laboral pactada un año antes. El motivo fue la aprobación en el Congreso de una enmienda para que la Inspección de Trabajo vuelva a ganar peso y pueda pronunciarse sobre la concurrencia de las causas aducidas por una empresa que quiera acogerse a un ERE. Las tensiones de Garamendi con el Gobierno se acentuaron meses antes tras el relevo de Pablo Casado como líder del PP. Además, el pasado otoño, el ejecutivo vasco se enfrentó a un proceso electoral para renovar su mandato al frente de la CEOE, lo que le llevó a endurecer su posición frente al Ejecutivo ante las presiones de varios sectores en el seno de la patronal.

Por eso la fotografía de Antonio Garamendi firmando un nuevo acuerdo, aunque sea una mera declaración de intenciones, tiene más valor político que práctico. El jefe de la patronal española se ha referido a la firma como “un acto coral de todas las entidades” y ha pedido seguir trabajado para reducir la siniestralidad. Desde Cepyme, Gerardo Cuerva, también ha elogiado el acuerdo, pero ha pedido a Díaz “respeto y consideración para las empresas españolas”, en relación a las críticas que algunos miembros del Ejecutivo han lanzado sobre los beneficios de las compañías.

La negociación entre las partes, que se ha prolongado año y medio, ha concluido con un acuerdo sobre la necesidad de actualizar los protocolos sobre riesgos laborales y adaptarlos a los problemas que se derivan de las nuevas formas de trabajo. Salud mental, perspectiva de género, seguridad vial, cáncer laboral y enfermedades con periodos largos de latencia, son algunas de las materias que se incluyen en esta nueva hoja de ruta. Los datos provisionales publicados por el Ministerio de Trabajo señalan que en 2022 se registraron un total de 1.196.425 accidentes de trabajo, de los cuáles 826 fueron mortales. Desde Comisiones Obreras, Sordo ha destacado que las cifras son “dramáticas”, pero que el acuerdo dará frutos “a largo plazo” porque aún no se han pactado medidas “que vayan a dar resultado pasado mañana”.

Finalmente, tanto Unai Sordo (CC OO) como Pepe Álvarez (UGT) se han referido a las circunstancias de los despidos en España y han abogado por una regulación más estricta. Álvarez ha pedido “que no solo se valore la antigüedad de los trabajadores sino las consecuencias individuales sobre el trabajador”. Sordo, por su parte, ha pedido establecer compensaciones mínimas para proteger a las personas que llevan poco tiempo en su puesto de trabajo “ya que las indemnizaciones por tiempo trabajado no disuaden de despedir”, ha apuntado. También ha pedido “taponar la vía del despido” para priorizar otros sistemas como los ERTES.

La ministra ha cerrado el acto incidiendo, de nuevo, en la importancia del diálogo: “Tenemos que anticiparnos a riesgos nuevos y emergentes que se relacionan con el desarrollo tecnológico, con la calidad del tiempo o con el derecho a la desconexión”, ha afirmado.

Siniestralidad laboral

En 2015 se produjeron 3.300 accidentes por cada 100.000 habitantes. En 2019 la cifra ascendió hasta situarse en los 3.400 y, tras el paréntesis de la pandemia, los datos de 2021 dejan un dato de 2.810 accidentes. Este 2022 se han producido 1.196.425 accidentes laborales, de los cuáles 826 fueron mortales, lo que supone, según CC OO, un aumento del 17,2% en la siniestralidad con respecto al año pasado. Según recoge el documento publicado por el Ministerio de Trabajo, el sobreesfuerzo físico es la principal causa de los accidentes de trabajo, representando el 31% de los mismos.

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