Impuesto bancario, pero ¿poquito?

Parece que algunos banqueros han tirado su dinero a la papelera. No confían en el costoso informe en contra del impuesto bancario redactado por el lobby de catedráticos de derecho financiero (todos ellos abogados en ejercicio), bajo la capucha del Instituto de Estudios Económicos de la patronal, que dirige el ex alto cargo del PP y actual señor Rothschild en España, Íñigo Fernández de Mesa. O sea, el ...

Parece que algunos banqueros han tirado su dinero a la papelera. No confían en el costoso informe en contra del impuesto bancario redactado por el lobby de catedráticos de derecho financiero (todos ellos abogados en ejercicio), bajo la capucha del Instituto de Estudios Económicos de la patronal, que dirige el ex alto cargo del PP y actual señor Rothschild en España, Íñigo Fernández de Mesa. O sea, el Estudio preliminar sobre la adecuación a la Constitución y al Derecho comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (IEE, septiembre de 2022) Sospechan que los tribunales no atenderán sus quejas por presunta inconstitucionalidad, doble imposición, y ¡falta de proporcionalidad! Les quedaría solo un buen disparo, la distorsión a la competencia (otras entidades financieras no pechan con esa carga), pero es subsanable, basta añadirlas a la lista, lo que además sería lógico.

Antes de la batalla jurídica ya han perdido la dialéctica y la de la reputación, al querer retener para sí todos los beneficios que les reportan los aumentos de los tipos de interés. No los aplican a aumentar su solvencia, o sea la ratio de capital de más calidad, en la que la banca española es colista de Europa (12,3% contra una media del 15%). No los dedican a remunerar a la clientela (le cobran un interés del 1,92% por las hipotecas; le abonan el 0,1% por los depósitos de hogares, datos de noviembre). Prefieren ampliar en un 73% su nómina de bancarios que cobran más de un millón de euros anuales (221 ejecutivos) e incurrir en un éxtasis de dividendos directos e indirectos.

También capota su argumentario técnico, según el cual se reduciría su solvencia y capacidad de préstamo, frente a criterios más independientes. “No creo que [el impuesto] tenga un impacto neto en la solvencia”, manifestó la semana pasada el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y ex alto cargo del Santander, José Manuel Campa. “Hay margen para asumir un impuesto puntual”, dada el alza de tipos, ha evaluado Michele Napolitano, factótum en España de la agencia de calificación Fitch. Aún más, esta carga y la eléctrica son para él “medidas positivas, no todos los países están financiando con nuevos ingresos el apoyo en esta crisis energética, pero España sí”, (Expansión, 27/12/22). Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insiste en que utilicen “el incremento de los beneficios que se están produciendo en el corto plazo para aumentar su capacidad de resistencia” (16/1/22).

Así que ahora, aconsejados por las grandes consultoras, más que en intentar tumbar el impuesto, se esforzarán en bracear para reducir su impacto. La nueva defensa es más sofisticada: grávense solo aquellos de nuestros negocios que crecerán por el alza de los tipos, como la banca de inversión, los seguros asociados y las comisiones no bancarias (Cinco Días, 24/1/22). Pero esta salida pragmática es letal para su batalla por la anulación del impuesto. Porque reconoce, sensu contrario, que hay motivo para el nuevo gravamen: al menos para el resto de operativas. A ver como conjuga ambas proposiciones auto-excluyentes el señorito local de la Rothschild.