Las industrias receptoras de ayudas tendrán que mantener su actividad un mínimo de tres años
El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Industria que busca proteger el empleo del sector
Las empresas manufactureras o los grandes proyectos industriales de interés general que reciban ayudas públicas estarán obligadas a mantener su actividad durante tres años, en el caso de pymes, o cinco si se trata de grandes empresas. Es uno de los puntos que el Gobierno ha introducido en el anteproyecto de la Ley de Industria, aprobada en primera vuelta este lunes. La norma era una asignatura pendiente desde hace tres décadas y uno de los ...
Las empresas manufactureras o los grandes proyectos industriales de interés general que reciban ayudas públicas estarán obligadas a mantener su actividad durante tres años, en el caso de pymes, o cinco si se trata de grandes empresas. Es uno de los puntos que el Gobierno ha introducido en el anteproyecto de la Ley de Industria, aprobada en primera vuelta este lunes. La norma era una asignatura pendiente desde hace tres décadas y uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea, que pasa por tenerla aprobada en Las Cortes antes de finalizar 2023.
Si bien una de las medidas es la de blindaje ante la concesión de ayudas públicas, el Ministerio de Industria también quiere forzar a las empresas con intenciones de cerrar su negocio de avisar a la Administración con antelación, de forma que se puedan evitar crisis como las de Alcoa y Nissan y encauzar posibles reindustrializaciones con mayor tiempo. “Hasta ahora nos enterábamos por los anuncios a los trabajadores, queremos que las administraciones puedan saberlo con tres meses de antelación”, explica el secretario de Industria, Raúl Blanco. Esa condición acabará sujeta a la dimensión de la plantilla afectada.
Para solventar las grandes crisis se generalizará el uso de las mesas de reindustrialización como la utilizada en el caso del cierre de Nissan en Barcelona, de forma que los diferentes actores implicados puedan consensuar una solución de la mano del Gobierno. La ley también regulará por primera vez los proyectos industriales de interés general, como aquellos que cumplan al menos dos de las tres siguientes condiciones: un significativo volumen de inversión y creación de empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales o sectores considerados estratégicos o alineados con los objetivos industriales de la Unión Europea.
Entre los otros hitos que Blanco considera que se ganarán con la nueva ley es la posibilidad de que el ministerio titular del área industrial pueda tener mayor margen de maniobra, por ejemplo, en el reparto de subvenciones, y realizar políticas industriales que tengan en cuenta no solo empresas, sino por ecosistemas industriales. Ese es el objetivo que se ha tenido en cuenta a la hora de asignar ayudas a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). Se considera que de ese modo es más fácil detectar cuellos de botella y fallos de eficiencia
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha presentado hoy la ley como un necesario impulso de “una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular” y que “potencia la autonomía industrial” de España. Lo cierto, sin embargo, es que de momento solo se trata de un primer paso. La norma tendrá que pasar de nuevo por el Gobierno tras abrir un periodo de exposición pública y de negociación con los actores implicados -los grandes sectores de la industria han hecho llegar sus peticiones pero aún no han tenido retorno de sus propuestas-, tras lo cual se tendrán que acelerar los plazos parlamentarios si se quiere tener aprobada antes de las próximas elecciones generales, que podrían postergarse hasta enero de 2024.
Además, la normativa busca favorecer la atracción de inversiones en sectores estratégicos y en sectores afectados por el reto demográfico a través de la promoción de un entorno favorable e impulsando proyectos tractores y de interés general. Igualmente, incorpora medidas para la protección e impulso de la competitividad industrial y reconoce, por primera vez, la especial protección a la industria electrointensiva en energía e incorpora medidas de acompañamiento para favorecer su descarbonización.
La ley actualiza el régimen de sanciones e infracciones, que oscila entre los 60.000 euros de las leves y los 100 millones de euros de las muy graves.
La política industria ha protagoniza un renacido interés de las administraciones europeas, sobre todo después de la dependencia sufrida durante la pandemia del coronavirus de terceros países. Actualmente, la industria representa un 15,3% del producto interior bruto y que genera el 10,9% del empleo.