Bruselas propone un tope al gas casi inaplicable: supera los precios de lo peor de la crisis

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta de tope de emergencia del gas de 275 euros MWh, un nivel tan elevado y que además contiene tantos condicionantes, que convierte a esta especie de freno de emergencia esbozado en casi inaplicable. Y amenaza con dejar descontentos a los países que llevan meses reclamando una manera de frenar los precios disparados y distorsionados, frente a otros que, com...

La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta de tope de emergencia del gas de 275 euros MWh, un nivel tan elevado y que además contiene tantos condicionantes, que convierte a esta especie de freno de emergencia esbozado en casi inaplicable. Y amenaza con dejar descontentos a los países que llevan meses reclamando una manera de frenar los precios disparados y distorsionados, frente a otros que, como Alemania, recelan de cualquier medida de freno que pueda provocar una escasez de suministro.

La solución presentada por Bruselas deberá servir de base de negociación en la reunión extraordinaria de ministros del jueves, a la que seguirá una última cita en diciembre. Consiste en que el denominado mecanismo de corrección del mercado se active de forma automática cuando el precio del mercado holandés de referencia TTF para los contratos de futuros para entrega en el mes siguiente supere los 275 euros MWh. Pero, y se trata de un gran pero, este freno de mano solo se activará si ese precio se mantiene durante dos semanas y, además, el incremento muestra una divergencia de más de 58 euros respecto al precio de referencia del gas natural licuado (GNL) durante 10 días seguidos.

“No se trata de fijar un precio de mercado artificialmente bajo, sino de un mecanismo de urgencia para prevenir episodios de precios excesivos”, ha señalado la comisaria de Energía, Kadri Simson, en rueda de prensa desde Estrasburgo.

La referencia utilizada para proponer este tope que, según fuentes europeas, ha generado divergencias en el seno mismo de la Comisión por lo conservador que es, ha sido el pico de precios sufrido a mediados de agosto, cuando el TTF llegó a superar en algún día los 300 euros MWh. Simson, no obstante, ha evitado responder a la pregunta de si este mecanismo ahora sugerido, con tantas condiciones, se habría podido activar en la crisis de agosto, el peor episodio sostenido hasta la fecha en la ya casi constante crisis de precios de gas.

“No”, responde, por el contrario, y sin dudar, el eurodiputado Nicolás González Casares, quien se declara “decepcionado” por un tope que considera “muy elevado”. Para el socialista, miembro de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo, Bruselas ha hecho un ejercicio de gatopardismo puro al proponer un cambio para que, en el fondo, no cambie nada realmente, tal como buscan países como Alemania o Países Bajos, muy opuestos a un tope del gas desde el principio. “Llevamos meses discutiendo y ahora la solución es proponer algo que no hubiera solucionado nada de lo que ya pasó y de lo que puede pasar. De alguna manera, la Comisión acepta que pone este cap o tope por si los precios aún escalaran mucho más de lo que ya han escalado, pero desde luego no para solucionar problemas como los que vivimos”, lamenta el eurodiputado en conversación telefónica.

La Comisión Europea, no obstante, defiende este marco. “Ha sido cuidadosamente calibrado sobre la base de los precios del TTF observados en 2022″, señala al respecto el Ejecutivo europeo, para el que “el nivel propuesto minimizará los potenciales riesgos a la estabilidad financiera de la UE, además de prevenir una disrupción de las entregas que podrían poner en peligro la seguridad de aprovisionamiento” de los Veintisiete. El tope ha sido también elegido “cuidadosamente” para “no poner en riesgo nuestra capacidad de atraer el GNL del mercado global a Europa”, agrega. Pese a no responder a lo que pedían hasta una quincena de países, entre ellos España, el hecho mero de presentar una propuesta podría tener, no obstante, un “efecto ibuprofeno” para bajar la tensión de la cita del jueves, señalan fuentes diplomáticas, según las cuales, pese a ello, se prevén aún negociaciones muy duras para intentar bajar el precio fijado.

Más allá del alto tope, el Ejecutivo europeo añade toda una batería de salvaguardias que responden a las “muchas preguntas” que siguen teniendo Berlín y La Haya ante un tipo de mecanismo de este tipo, según fuentes comunitarias. Así, asegura la Comisión, el mecanismo corrector “está designado de tal manera que garantice el funcionamiento continuado de los mercados de energía y financieros en la UE”, además de contener salvaguardias para “evitar riesgos a la seguridad del aprovisionamiento de gas y a la estabilidad financiera”, mantras repetidos por los opuestos a un tope de precios.

En este sentido, además de tener que superarse el precio de 275 euros MWh durante dos semanas y con una divergencia de 58 euros respecto del precio de referencia del GNL, varios organismos deben estar de acuerdo en que se dan las condiciones para activar el mecanismo. Así, antes de que se tome la decisión, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER) deberá informar a la Comisión, a la Autoridad Europea de los Mercados Financieros (ESMA) y al Banco Central Europeo (BCE).

Además, en otro intento de garantizar que no aumenta la demanda de gas —otra de las obsesiones de Bruselas y de los países recelosos—, los Estados miembros deberán notificar, “en las dos semanas desde la activación del mecanismo”, qué medidas han adoptado para “reducir el consumo de gas y de electricidad”. En julio, la UE ya acordó un ahorro de consumo de gas voluntario de 15% como primera medida para combatir la subida de precios. Alemania querría ahora —y así lo debería proponer este jueves en la cita de Bruselas— que ese tope se eleve hasta el 25% de ahorro.

La idea es que la propuesta de este martes, que todavía puede cambiar en las negociaciones de las próximas semanas y que deberá ser adoptada por mayoría cualificada —el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población total de la UE, es decir, al menos 15 países— se active a partir del 1 de enero y, en principio, por un año.