Alemania fijará límites al precio de la energía para rebajar la factura de hogares y empresas
El Gobierno subvencionará la electricidad y el gas a partir de febrero y financiará “de urgencia” el recibo completo de diciembre a todos los usuarios
Alemania tira de chequera para aliviar la carga de los elevados costes de la energía este invierno tanto para los hogares como para las empresas, pero tratando a la vez de reducir el consumo todo lo posible. El Gobierno ha decidido intervenir los precios mediante rebajas que financiará con nueva deuda dentro del paquete de 200.000 millones de euros anunciado hace un mes. El tope del precio del gas es la principal medida del pa...
Alemania tira de chequera para aliviar la carga de los elevados costes de la energía este invierno tanto para los hogares como para las empresas, pero tratando a la vez de reducir el consumo todo lo posible. El Gobierno ha decidido intervenir los precios mediante rebajas que financiará con nueva deuda dentro del paquete de 200.000 millones de euros anunciado hace un mes. El tope del precio del gas es la principal medida del paquete que este miércoles ha acordado el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales. Hogares y pymes pagarán 12 céntimos por kilovatio/hora por el 80% del consumo anual previsto. En el caso de la calefacción urbana, el tope se fija en 9,5 céntimos. La medida entrará en vigor en febrero, un mes antes de lo que se había previsto inicialmente, y se prolongará hasta abril de 2024. El coste para las arcas públicas de asumir el importe por encima de ese tope se calcula en 33.000 millones de euros, según el documento final de 13 páginas salido del Consejo de Ministros.
El Gobierno es consciente de que antes de febrero las facturas de gas y calefacción urbana ya habrán hecho mella en los presupuestos familiares, por lo que ha dispuesto además una “ayuda inmediata de emergencia” que consiste en pagar el 100% del recibo del próximo mes de diciembre a todos los consumidores. Solo esta medida, restringida a un mes, supone el desembolso de 9.000 millones de euros. La ayuda no discrimina por renta ni por nivel de consumo, por lo que beneficia por igual a todo el mundo. El Gobierno argumenta que una aplicación más específica retrasaría su puesta en marcha por la cantidad de burocracia que requeriría.
También para las facturas de electricidad se impone un tope de 40 céntimos por kilovatio/hora a partir de enero para una cuota básica del 80% de la previsión de consumo anual tanto para hogares como para pequeñas y medianas empresas. En este caso, el coste asciende a entre 23.000 y 33.000 millones, según los cálculos del Gobierno, una horquilla muy amplia por la volatilidad del mercado eléctrico. El también llamado freno al precio de la electricidad se mantendrá en principio hasta abril de 2024, siguiendo los consejos de una comisión creada ad hoc para asesorar al Gobierno en la mejor manera de luchar contra la crisis energética. Los expertos presentaron sus conclusiones el martes y este miércoles el canciller, Olaf Scholz, se reúne con los líderes de los 16 Estados federados para comunicarles su decisión y debatir con ellos el plan y otras medidas adicionales.
Apoyo a la industria
El apoyo a la industria que tanto preocupa en el resto de la Unión Europea se materializa con un tope al gas que se aplicará al 70% de su volumen de consumo. Las grandes compañías pagarán siete céntimos por kilovatio/hora. El objetivo, señala el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, es “reducir sustancialmente sus costes energéticos con el fin de amortiguar los riesgos para el crecimiento y el empleo durante la crisis”. A Alemania le preocupa que los elevados costes energéticos perjudiquen las cadenas de valor y que importantes industrias básicas se vean obligadas a producir en el extranjero. Al introducir el límite al 70% del consumo habitual se consigue un incentivo para el ahorro, destaca el documento. Esta rebaja entra en vigor el 1 de enero y afecta a grandes consumidores, los que superan 1,5 gigavatios/hora al año.
La ayuda a los grandes clientes industriales supondrá unos 21.000 millones de euros, que saldrán, como el resto de las cantidades, del gran paquete de 200.000 millones de euros que anunció el Gobierno hace unas semanas y que ahora se está concretando. El plan, bautizado como “paraguas de protección”, ha despertado recelos en Bruselas y en el resto de los socios europeos por su posible incidencia en el mercado único. Algunos líderes, como el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, han acusado directamente a la “rica y poderosa” Alemania de usar la crisis “para ganar ventaja competitiva de sus empresas en el mercado único”. En la UE, Alemania rechaza poner un tope al precio del gas, aunque internamente lo vaya a subsidiar.
Hospitales, instituciones públicas del sector de la educación, la ciencia o la investigación, y organizaciones sin ánimo de lucro se beneficiarán asimismo de la subvención, independientemente de la cantidad de gas que consuman. Las centrales eléctricas están excluidas explícitamente en el reglamento para evitar subvencionar la generación de energía con gas.
Antes del anuncio del macrofondo de 200.000 millones, Berlín ya había comprometido casi 100.000 millones en ayudas directas y cantidades para rescatar a empresas energéticas en apuros. La financiación se hará a través del Fondo Económico y de Estabilización que ya existe desde la pandemia. En total, el Gobierno alemán va a destinar más del 7% de su PIB para hacer frente a la crisis energética. El ahorro es clave en los planes del Gobierno. El presidente del regulador de la red gasística, Klaus Müller, ha calculado que este invierno será necesario ahorrar el 20% del consumo para evitar cortes de suministro.
La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado de forma velada las medidas anunciadas por el Ejecutivo alemán: “Siempre es preferible que todos apliquemos las mismas reglas”, ha afirmado en el Congreso de los Diputados, informa Ignacio Fariza. Como en otras ocasiones, este miércoles Ribera ha llamado a la aplicación de “respuestas conjuntas” a escala comunitaria para evitar diferencias en función de la “capacidad fiscal y presupuestaria” de cada país. De seguir por esta línea, ha abundado, el riesgo es que se pongan “en riesgo décadas de construcción del mercado interior”.