El sector del reparto a domicilio duplica su contratación laboral un año después de la ‘ley rider’

Desde la entrada en vigor de la ley rider, en septiembre de 2021, se ha duplicado el número de trabajadores con contrato laboral del sector de reparto a domicilio a través de plataformas digitales. Según los datos de un informe elaborado por el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, en agosto de este año ya había 10.980 contratados, el 97,78% de ellos indefinidos. El año pasado eran 5.464. A pesar del avance, grandes plataformas como Glovo —la principal empresa del sector y a la que el informe señala directamente— y Uber Eats ...

Desde la entrada en vigor de la ley rider, en septiembre de 2021, se ha duplicado el número de trabajadores con contrato laboral del sector de reparto a domicilio a través de plataformas digitales. Según los datos de un informe elaborado por el Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en colaboración con Just Eat, en agosto de este año ya había 10.980 contratados, el 97,78% de ellos indefinidos. El año pasado eran 5.464. A pesar del avance, grandes plataformas como Glovo —la principal empresa del sector y a la que el informe señala directamente— y Uber Eats continúan recurriendo a la contratación de autónomos para realizar sus repartos. El informe no analiza cuántos riders tienen contrato laboral respecto al total, una cifra desconocida.

Después de haber declarado falso autónomo a un repartidor de Glovo en septiembre de 2020, el Tribunal Supremo zanjó el debate en mayo de 2021: la relación del repartidor con la plataforma digital es laboral. Entonces se inició el diálogo social que acabó en la aprobación de la ley rider, que recogió el testigo del Tribunal Supremo. Grandes del sector, como Glovo, Uber Eats y Deliveroo, se posicionaron en contra del texto. Esta última abandonó España en noviembre de 2021, después de haber acumulado unas pérdidas de 100 millones en seis años.

“Hace un año estábamos sumergidos en un enorme debate”, ha señalado José María Lassalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en la presentación del informe en Madrid. “Eran muchas las criticas que incidían en la idea de que el sector colapsaría. Ninguno de estos temores se ha cumplido”. Lassalle, autor del informe, ha resaltado que la creación “de un marco de seguridad jurídica” refuerza las capacidades de crecimiento de un sector.

De acuerdo con los datos recogidos en el documento —que, ha insistido el director del Foro de Humanismo Tecnológico, aún son provisionales— la aprobación de la ley no ha supuesto una reducción de la facturación. Según la empresa estadounidense de investigación de mercado NPD Group, el sector del reparto a domicilio ingresó en 2021 2.600 millones de euros, un 80% más que en 2019. Just Eat, por su parte, calcula que el sector ingresó unos 1.079 millones en 2021, lo que supondría un aumento del 15,9% respecto del año precedente, marcado por la pandemia de covid-19.

Por otro lado, el incremento del número de trabajadores ha venido de la mano, según el informe, de un incremento cualitativo: la mayoría de los nuevos trabajadores son de carácter indefinido. Han aumentado más de un 167% en el período de tiempo de referencia —de mayo de 2021 a agosto de 2022—, pasando de representar un 73,42% sobre el total de trabajadores con contrato laboral del sector al 97,78%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los trabajadores temporales, sin embargo, se desploman: han caído más del 80%. Esade calcula que, con una base de cotización de 1.000 euros, la Seguridad Social ha obtenido unos ingresos adicionales de 4,7 millones de euros desde la aprobación de la ley.

Interrogantes

Con todo, las cifras del informe dejan ciertos interrogantes. Los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y por la Seguridad Social, de los que se hace el informe, son desagregados, y no permiten saber qué porcentaje de los repartidores trabaja directamente para las plataformas o está subcontratado. Aunque la contratación ha mejorado —Just Eat ya tiene unos 2.000 en plantilla—, buena parte de la flota de las empresas que se han ajustado a la regulación trabaja para empresas de logística subcontratadas. Patrik Bergareche, director general de Just Eat España, ha defendido en la rueda de prensa que se trata de una buena opción en zonas con menos densidad poblacional, y que no puede especificar qué porcentaje de sus repartidores trabaja en este régimen. En junio, la Generalitat sancionó a la plataforma por cesión ilegal de trabajadores.

Bergareche ha calificado de “pionera” a la ley rider y ha apuntado que será un modelo a seguir para la regulación en los países del entorno. El director de Just Eat España ha aprovechado para hacer un llamamiento a las empresas del sector para que respeten la norma: “Existe por lo menos un operador, posiblemente dos, [Glovo y Uber Eats] que tienen un tamaño importante pero que siguen usando un modelo de autónomos”. “No seré yo quien determine si esto es legal o ilegal, pero esta claro que esta situación genera unas desventajas competitivas muy considerables. Un modelo de empleados implica una serie de beneficios para los trabajadores que cuestan dinero”, ha concluido.

En septiembre de este año, la Inspección de Trabajo impuso a Glovo una multa de 78,9 millones de euros por mantener falsos autónomos en Barcelona y Valencia. La empresa, que ha recurrido la sanción, defendió que que se trata de un expediente anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa y que, ahora, “opera con un modelo diferente que cumple la ley”. Preguntado por la ausencia de expedientes sancionadores por actuaciones posteriores a la aprobación de la ley, Bergareche ha subrayado que el procedimiento sancionador toma su tiempo, pero que hay “numerosas denuncias planteadas”.