Cabify reclamará una indemnización millonaria al Estado si no prorroga sus licencias

Cabify reclamará indemnizaciones millonarias al Estado si el Ministerio de Transportes no concede una ampliación de sus licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC) el plazo para que las comunidades autónomas regulen si estos vehículos tiene autorización para los trayectos urbanos.

La empresa, propietaria de miles de licencias de VTC y de la plataforma que permite el uso de la app del mismo nombre, se apoya para...

Cabify reclamará indemnizaciones millonarias al Estado si el Ministerio de Transportes no concede una ampliación de sus licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC) el plazo para que las comunidades autónomas regulen si estos vehículos tiene autorización para los trayectos urbanos.

La empresa, propietaria de miles de licencias de VTC y de la plataforma que permite el uso de la app del mismo nombre, se apoya para esta reclamación en un informe elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Barcelona que concluye que “la excepcionalidad de las medidas adoptadas por el primer estado de alarma en marzo de 2020 justifica la ampliación excepcional del período de habilitación temporal”.

El estudio señala que la inacción del Ministerio de Transportes conllevaría “la causación de un daño antijurídico, individualizado y susceptible de valoración económica, concurriendo una relación directa entre el no reconocimiento de la indemnización complementaria y la consiguiente imposibilidad de recuperar la inversión en las licencias de VTC”, lo que muy probablemente derivará en reclamaciones patrimoniales y las consiguientes indemnizaciones con cargo a las arcas públicas.

Sin embargo, ni el informe ni los responsables de Cabify han concretado el importe al que ascenderían estas reclamaciones, debido a la casuística distinta de cada licencia, y la ciudad donde opere el VTC. Cuando se aprobó en 2018 el decreto en el que se otorgaba una prórroga de cuatro años a las VTC para seguir circulando en los entornos urbanos, asociaciones del sector apuntaron a unas indemnizaciones de entre 2.000 y 3.000 millones de euros en el caso en el que las comunidades autónomas decidieran suspender esta actividad. No obstante, esa evaluación no se refería expresamente a la pandemia, que se produjo a posteriori.

Responsabilidad patrimonial del Estado

El estudio de los profesores de la Universidad de Barcelona se limitan a apuntar que el “más que seguro escenario de reclamaciones patrimoniales supondrían un monto considerable”, si bien se explica que puede evitarse si el Gobierno concediese “una ampliación prudente de la habilitación temporal” que cuantifican en un mínimo de dos años. El llamado decreto Ábalos deja claro que, aunque el Gobierno cede la responsabilidad normativa a las CC AA, las indemnizaciones en caso de que ganen los pleitos elos dueños de las licencias corresponde al Estado central, según los autores.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró este lunes que el Gobierno no iba a extender ese plazo de cuatro años, al considerar que las comunidades autónomas ya han tenido tiempo de legislar en esos cuatro años.

Los autores del informe explican en su análisis que “la pandemia causada por el coronavirus generó una situación de emergencia excepcional de salud pública mundial que ha afectado la recuperación de las inversiones de las autorizaciones VTC dado el impacto negativo en los flujos operativos de dicha actividad”, y cuantifica que la extensión del periodo del régimen transitorio por efecto de la pandemia en dos años.

En este sentido, los investigadores consideran que incluso sin pandemia, el periodo inicial de cuatro años estimado por el Ministerio de Transportes hubiera resultado insuficiente, ya que estiman que la completa recuperación de las inversiones en licencias de VTC que debía permitir el periodo transitorio hubiera requerido 16 años, que la pandemia habría ampliado hasta los 18 años.

“En el contexto de inseguridad jurídica actual, no se dan las condiciones para desarrollar un marco normativo en cada comunidad autónoma, con el consecuente perjuicio que esto provoca. Este periodo transitorio del Gobierno también permitiría que las propias regiones que conforman el país puedan trabajar con mayor certidumbre y garantías. Si no toman esta decisión por el bien general, al menos, que el Ministerio que dirige Raquel Sánchez asuma su responsabilidad con el periodo indemnizatorio que la covid ha impedido”, ha explicado Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify.

Uber

Por otra parte, Uber ha anunciado la integración del transporte público madrileño en su aplicación, permitiendo a los usuarios consultar la mejor ruta para llegar a su destino. Así, Uber da un paso más hacia su objetivo de convertirse en una app multimodal, ofreciendo a los ciudadanos madrileños alternativas que van desde la VTC y el taxi, pasando por opciones de micromovilidad, como bicicletas eléctricas y patinetes y, ahora también, servicios de transporte público como metro, autobús y tren de cercanías, según ha explicado la firma.